La controversia política sobre el origen de los recursos para financiar un plan de erradicación de los asentamientos irregulares, que impulsa el gobierno de Luis Lacalle Pou, dejó al descubierto la falta de información de calidad en torno al Instituto Nacional de Colonización (INC) y, más en general, el inexistente debate sobre cuáles deberían ser las políticas públicas más adecuadas para la vida en el campo en este siglo XXI.
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