En la noche del 5 de julio de 1992, los dirigentes sindicales de Antel, el resto de los gremios y la dirigencia del Frente Amplio sufrían un golpe duro cuando se abrían las urnas y se contaban las papeletas de adhesión a dos recursos de referéndum contra la Ley de Empresas Públicas, que había sido promulgada el 1º de octubre de 1991 con el nº 16.211.
Los impulsores del referéndum habían seguido el mecanismo de “facilitación” que era juntar menor cantidad de firmas que el 25%, para ir a una jornada especial de expresión de adhesión con voto secreto. O sea, en lugar de juntar una por una las firmas necesarias, se activaba un mecanismo diferente: juntar en un mismo día todas las adhesiones, no como firma sino en papeletas en sobre cerrado y en una urna.
Aquel 5 de julio había mucha expectativa, porque la izquierda confiaba en que al menos 25% de los habilitados para votar, fueran a hacerlo. La campaña era “contra las privatizaciones”, con la generación de alarma por la posible llegada de inversores extranjeros, a los que se representaba como piratas despiadados, que se quedarían con Antel, con Pluna, con todas las empresas estatales. Fue conocida como “ley de Empresas Públicas”.
Para impugnar los artículos 1º, 2º, 3º, 10º y 32º de la ley, concurrieron 439.619 ciudadanos que pusieron la “papeleta blanca” de ese recurso.
Por la impugnación total, propuesta por el sindicato de funcionarios de Pluna y otros gremios, lo hicieron 21.035 (papeleta rosada).
Además, hubo 1.884 votos en blanco y 1.078 votos anulados. La papeleta blanca obtuvo 18,9% y la rosada 0,9%. Esa noche, el gobierno de Luis Alberto Lacalle celebró el resultado, y el entonces director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Carlos Cat, hizo declaraciones en la transmisión de los canales de TV que cubrían la jornada en vivo, en las que transmitió que el Poder Ejecutivo sentía que había un respaldo a la reforma. Se sintió como que el gobierno tomaba la derrota de la oposición, para mostrarlo como un respaldo explícito a su gestión, más que a una ley puntual, o a los artículos de la ley recurrida.
Esa oficina, la OPP, había sido encargada del cronograma de parciales privatizaciones y avanzaba en los llamados a interesados para socios de Antel, de Pluna y para la reprivatización de la compañía del gas.
De acuerdo a aquel régimen de “facilitación de referéndum”, los contrarios a la ley tenían una revancha, otra instancia prevista para cuando se cumpliera el año de vigencia de la norma (porque la Constitución establece que hay un año para impugnar una ley mediante ese mecanismo de voto popular).
La segunda jornada de adhesión fue el 1º de octubre de 1992 y ahí sí la papeleta blanca llegó al mínimo requerido y lo superó: los 693.688 fueron 30,5% de los habilitados y entonces se convocó referéndum para el 13 de diciembre de ese año, que terminó con 66% de votos por Sí a la derogación y 25% por mantener la ley en su totalidad.
Esa mayoría tan amplia se dio porque no solo la izquierda voto por Sí, ya que otros sectores blancos y batllistas, que en el Parlamento habían votado la ley en general, pero en contra de esos artículos, también respaldaron la papeleta derogatoria.
Pasaron 29 años y aquella lección quedó escrita: había sido un error cantar victoria por anticipado y, sobre todo, transformar un referéndum sobre cinco artículos de una ley, en un plebiscito sobre el gobierno.
El caso actual, contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC nº 19.889), tiene significado especial: la expectativa sobre cuántas firmas obtendrían los impulsores se traslada al chequeo que realice la Corte Electoral para verificar las papeletas presentadas.
La campaña fue en la mitad del plazo establecido, porque hay un año para hacerlo, pero como la mayoría del Frente y la mayoría del PIT-CNT no querían entrar en esa movida, la decisión y el lanzamiento de junta de firmas se demoró y dejó solamente seis meses para hacer el trabajo.
A eso se agrega que fue en tiempos de inédita pandemia, con restricciones a la concentración de gente, sin espectáculos públicos que permiten acercarse a una gran cantidad de personas en un mismo lugar, y sin la posibilidad de realizar actos masivos, encuentros barriales, entre otras movidas.
Y hay otro punto fundamental: nunca se había encarado un referéndum o un plebiscito así, contra un gobierno con alta popularidad, con una aprobación de gestión que da mayoría absoluta.
Solo un puñado de militantes empecinados en ir contra la LUC por esta vía creía que fuera posible reunir adhesiones como para provocar una votación.
Ahora comienza un plazo de revisación de papeletas que se puede extender hasta el 7 de febrero y que será con estricto control y probablemente con presiones sobre la Corte Electoral.
La oposición, el eje Frente Amplio - PIT-CNT (que se expresa como “el bloque político-social de los cambios”), encuentra un rol de jugador activo, sobre una campaña anticipada de eventual votación.
Al inicio estaba dividida en cuanto a usar o no el mecanismo, pero ahora se une con el entusiasmo de la caravana del jueves, y porque tiene un objetivo común: derogar la ley madre de la coalición multicolor.
También esto permite unir a la alianza del oficialismo, que venía con algunos roces sobre temas que no hacen a la esencia del gobierno, pero que ahora tendrá una misión fundamental para poner el gobierno a salvo, y para seguir con chance política.
Si están las firmas, el resultado del referéndum no es igual para cada bloque.
Si el Frente pierde, dependerá de los porcentajes de una y otra papeleta, pero el camino sigue.
Si el oficialismo perdiera, caería una parte importante de sus planes políticos y sería un golpe demasiado duro para una coalición que precisa tiempo para asentarse.
La izquierda logra unirse, pero, a diferencia de otras jugadas políticas que han hecho para dividir a los multicolores, ahora los obliga a unirse, a soldarse en una fuerza potente y coordinada.
Aquella noche de julio de 1992 dejó lecciones políticas que son para todos; hay que ser prudente en política, y pensar mucho lo que se dice y hace.
