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Una relatora especial de la ONU exige el levantamiento de las sanciones contra Siria

Luego de una visita de diez días a ese país, la relatora Alena Dohuan comprobó el efecto catastrófico de las sanciones sobre la economía, la alimentación y la salud de la población

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16 de noviembre de 2022 a las 08:03

La académica bielorrusa Alena Douhan, relatora especial de las Naciones Unidas (ONU), afirmó que las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos y sus aliados han obstaculizado la recuperación económica de Siria y continúan violando los derechos humanos de millones de sirios.

Douhan exigió el levantamiento de todas las sanciones unilaterales impuestas al país, devastado por la guerra y expresó que “estoy impresionado por la omnipresencia del impacto humanitario y sobre los derechos humanos de las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Siria y el aislamiento económico y financiero total de un país cuyo pueblo está luchando por reconstruir una vida con dignidad, luego de una guerra de una década”.

La relatora especial visitó Siria entre el 30 de octubre y el 10 de noviembre, donde se reunió con funcionarios estatales como paso previo a la preparación del informe que presentará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2023.

En una declaración emitida después de su visita, Douhan narró los efectos catastróficos de las sanciones unilaterales en todos los ámbitos de la vida en Siria, afirmando que los está “asfixiando”. Según su declaración, el 90% de los habitantes se ven obligados a vivir por debajo del umbral de la pobreza y alrededor de 12 millones se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria.

Más de la mitad de la infraestructura vital del país está completamente destruida debido a la guerra que comenzó en 2011, cuando una gran cantidad de actores regionales y globales, incluido Estados Unidos, comenzaron a apoyar con armas y asesoramiento a los movimientos enfrentados con el gobierno de Bashar al-Assad.

Estados Unidos ha impuesto una serie de sanciones unilaterales contra el gobierno sirio desde el comienzo de la guerra acusando al gobierno de Assad de violar los derechos humanos.

También aprobó la llamada Ley César (Caesar Syria protection Act) en 2019, imponiendo sanciones secundarias a todos los ciudadanos no estadounidenses que traten de cualquier forma con el gobierno sirio  y le brinden asistencia financiera, técnica, apoyo o bienes materiales.

Los aliados cercanos de Estados Unidos, la Unión Europea (UE), el Reino Unido, Canadá y Australia también han impuesto sanciones similares que prohíben los intercambios de la mayoría de los bienes y servicios con Siria.

Douhan señaló que el mantenimiento de sanciones unilaterales en medio de las condiciones catastróficas en Siria puede ser “equivalente a crímenes de lesa humanidad” ya afirmó también que “hablar de buena voluntad e intenciones de las medidas coercitivas unilaterales no justifica la violación de los derechos humanos básicos y la comunidad internacional tiene la obligación de solidaridad y asistencia al pueblo sirio”.

La economía siria se ha contraído en más del 90% debido a la guerra y las sanciones en los últimos 12 años. Las sanciones obstaculizaron severamente la capacidad del estado para hacer esfuerzos para reactivar la economía, particularmente en medio de la falta de recursos económicos debido principalmente a activos extranjeros congelados de instituciones financieras sirias y otras entidades.

Para la relatora especial, la imposición de sanciones unilaterales a sectores económicos clave, incluidos el petróleo, el gas, la electricidad, el comercio, la construcción y la ingeniería, ha anulado los ingresos nacionales y socavado los esfuerzos del estado para la recuperación económica y la reconstrucción del país.

Con respecto al sistema de salud, Douhan señala que “debido al bloqueo de pagos y la negativa de entregas por parte de productores y bancos extranjeros, se ha producido una grave escasez de medicamentos y equipos médicos especializados, en particular para enfermedades crónicas y raras”.

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