En marzo de 1990, un nuevo inquilino en el Edificio Libertad, Luis Alberto Lacalle Herrera, se preguntaba: “¿Dónde están los botones que hay que apretar para que todo funcione, para que las cosas se hagan?”. Los blancos no gobernaban desde 1967 y debían reconocer el espinel y aprender a manejarlo.
Algo por el estilo se debe estar preguntando ahora, treinta años más tarde, su hijo, Luis Lacalle Pou. ¿Dónde están los comandos que hacen que el paquidermo se mueva, y que las reformas prosperen? Su coalición es muy dispar y la orquesta recién busca el tono.
En este nuevo gobierno, como antes en otros, parece haber cierta extraña obsesión por los relojes y los días. Es cierto que se pretende ser particularmente fértil en los inicios, antes del inevitable desgaste que sufren las coaliciones, y la necesidad de los sectores de marcar perfil un par de años antes de las elecciones. De hecho, esa limitación también afectó a los gobiernos del Frente Amplio, en los que ciertas reformas liberalizadoras simplemente se olvidaron por falta de acuerdos intestinos.
¿Por qué se habla de 100 días? Coincide más o menos con los plazos que tienen las leyes de urgente consideración, según manda el artículo 168 de la Constitución. Pero es solo una cifra redonda y sonora, una cábala y un lugar común.
El cliché de los 100 días nació con la primera presidencia de Franklin Delano Roosevelt, en 1933, cuando Estados Unidos estaba hundido en la Gran Depresión. Él, un oligarca adinerado de la costa este, combinó una doctrina intervencionista (keynesiana, se diría luego, o cierta forma de capitalismo de Estado) con una personalidad encantadora. En sus primeros 100 días tomó una larguísima serie de medidas de todo tipo, la gran mayoría efectistas, desde la finalización de la “ley seca” hasta la construcción de grandes obras públicas.
En realidad, detrás el “New Deal” había poca doctrina coherente y mucha cosa inútil, confusa o contradictoria. Fue la segunda guerra mundial, iniciada en 1939, la que realmente sacó a Estados Unidos de la depresión. Pero Roosevelt (junto a su arrolladora esposa) dio a la gente la idea de que al fin había alguien en la Casa Blanca que hacía cosas por su pueblo. Ganó cuatro elecciones al hilo y gobernó 12 años, hasta su muerte. Los estadounidenses aprobaron luego una enmienda constitucional para prohibir más de una reelección.
El apuro de Lacalle Pou chocó de inmediato con la resistencia del Frente Amplio, ahora refugiado en el Parlamento y en la Intendencia de Montevideo, después de uno de esos mágicos vuelcos que da la historia.
La izquierda parece haber resuelto una firme oposición, desde el primer día, aferrándose a cada metro del terreno que abandona tras la derrota del año pasado. Algunos lo hacen con hidalguía y convicción; mientras otros, claramente visibles en las redes sociales, aún mascan rencor y están aprendiendo a perder, después de haber ganado durante mucho tiempo. La calidad de las personas se ve más en la derrota que en el triunfo.
Parece que será un recambio cortésmente rotundo, como los jinetes desfilando por avenida del Libertador, entre dos bloques políticos claramente enfrentados. Y será bueno si no pasa de eso. La radicalización tiene efectos impredecibles, muchas veces contrarios a los intereses de sus fogoneros, de izquierda y derecha.
La pequeña escaramuza en torno a las tarifas públicas es un símbolo y un anticipo de una estrategia y un estilo para los próximos años.
Lacalle Pou prometió en campaña electoral que las tarifas públicas bajarían en términos reales, particularmente el gasoil y la electricidad. Entonces en enero el gobierno en retirada no aumentó los precios de los servicios principales —electricidad, teléfonos, internet, agua—, como es usual, aunque sí se reajustaron patentes de rodado, contribución inmobiliaria, el precio del boleto de transporte y otras tasas.
Entre enero de 2019 y los primeros días de marzo de 2020 la inflación superó el 11%, los salarios públicos, el 17% y el dólar (moneda en la que se compra la mayoría de los insumos) trepó 28%.
El rezago en los ajustes está afectando a las empresas y a las cuentas del Estado en general, ya bastante maltrechas.
Es harto dudoso que la pequeña ofensiva del Frente Amplio a partir de las tarifas tenga algún rédito político, salvo para la tribuna adicta, máxime después que Marta Jara, titular de Ancap, rompiera el frente común.
Las inminentes batallas en torno a la ley de urgente consideración, con el trasfondo de las elecciones municipales, serán mucho más significativas, aunque se supone que rápidamente el oficialismo hará pesar su mayoría.
Las elecciones municipales de mayo, mientras tanto, confirmarán si el crédito público del Frente Amplio ha menguado, o si mantiene su nivel en los mayores centros urbanos del país. De hecho, en el mundo abundan las muestras de convivencias forzadas, a nivel municipal y nacional, de partidos rivales. El fiel de la balanza será el resultado en los departamentos del litoral del río Uruguay (y si blancos, colorados, cabildantes e independientes logran superar el techo del 40% en Montevideo).
Una cuestión aun más decisiva es la marcha de la economía. Argentina vegeta sin remedio, en vísperas de crisis aun mayores, y la recuperación de Brasil es muy frágil. El panorama internacional es desolador debido al coronavirus. Las exportaciones uruguayas cayeron un drástico 29% en febrero, debido a la desaparición de China como cliente. La trepada del dólar, que sigue a la devaluación del real brasileño, es una consecuencia de ello (y de los deseos del nuevo gobierno, que así baja costos internos). Está por verse si es solo circunstancial, o si es el inicio de una recesión mundial.