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Universidades privadas acusan al Frente Amplio de "discriminación"

Bancada oficialista las excluye de un régimen que brindaba fondos por US$ 1,4 millones destinados a becas e investigación
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31 de julio de 2016 a las 05:00
De prosperar la nueva redacción de la Rendición de Cuentas acordada por la bancada frenteamplista, que excluye a las universidades privadas del régimen de donaciones especiales con exoneraciones fiscales, estas instituciones perderán acceso a US$ 1,4 millones anuales, que hoy se destinan a fondos de becas y proyectos de investigación.

La propuesta de la diputada Macarena Gelman de la agrupación IR incluida en el nuevo acuerdo de Rendición de Cuentas del Frente Amplio, fue recibida con "sorpresa" por los responsables de las universidades privadas. Según dijo a El Observador el secretario pro témpore del Consejo de Rectores de las Universidades Privadas de Uruguay, Juan Manuel Gutiérrez –rector de la Universidad de Montevideo–, el proyecto "no tiene razón de ser".

"Constituye una clara discriminación contra las universidades privadas porque son las únicas instituciones excluidas de este régimen. Todas las instituciones públicas o afines permanecen, así como una variedad de otras instituciones privadas educativas o de otro tipo", dijo el secretario.
Las instituciones que quedarían por fuera del régimen son la Universidad ORT, la Universidad de la Empresa, la Universidad Católica, la Universidad de Montevideo y el Instituto Claeh, informó ayer el diario El País.

A través del régimen de donaciones especiales con exoneraciones fiscales, las empresas pueden aportar fondos a proyectos específicos realizados por instituciones de enseñanza, salud y apoyo a la niñez. De ese aporte, el Estado contribuye con 83% del monto y la empresa con el 17% restante.

Según datos de la Unidad de Análisis Económico de El Observador a partir de información del Ministerio de Economía, en el promedio de 2011 a 2015, el total de las universidades privadas recibieron US$ 1,4 millones anuales a través de este régimen en un total de US$ 8,8 millones anuales que aportaron las empresas y el Estado al total de instituciones. Los aportes a universidades privadas significaron para el Estado una renuncia fiscal de US$ 1,2 millones anuales, 16% de lo que implicó el total del régimen.

La Universidad Católica recibió en promedio durante los últimos cinco años US$ 481 mil anuales, la Universidad de Montevideo US$ 426 mil y la Universidad ORT, US$ 406 mil. Muy por debajo, la Universidad de la Empresa tuvo una contribución de US$ 69 mil anuales y el Claeh, US$ 40 mil.

De aprobarse la Rendición de Cuentas, no necesariamente estos fondos irán a manos del Estado, puesto que los empresarios podrán donarlos a cualquiera de las instituciones que permanecen en el régimen. Entre ellas, se encuentra la Universidad de la República, que junto con las distintas facultades y fundaciones que pertenecen a esa casa de estudios, recibe por año US$ 1,6 millones –más que el resto de las universidades en conjunto–. Se trata de la segunda institución más beneficiada por este régimen, luego de la fundación Impulso (US$ 1,7 millones anuales).

Las instituciones que quieren recibir donaciones deben presentar proyectos ante el Ministerio de Economía y Finanzas, estableciendo el destino de los fondos y el plazo estimado de ejecución. En el caso de las universidades privadas, la mayoría de los recursos se destinan para el pago de becas estudiantiles y en un porcentaje menor, para la ejecución de proyectos de investigación y compra de equipos de laboratorio, entre otros fines.

De aprobarse la ley de Rendición de Cuentas con esta propuesta, la cantidad de alumnos becados que asisten a las universidades privadas disminuiría considerablemente. "Quienes propusieron esta eliminación van a perjudicar directamente a los estudiantes que pueden estudiar gracias a las becas que otorgan las universidades. Muchos vienen a estudiar desde el interior y ahora se verá reducida la cantidad de estudiantes beneficiarios de las becas", puntualizó.

El Consejo de Rectores se reunirá este lunes para evaluar las consecuencias de este proyecto y de prosperar la Rendición de Cuentas con la actual redacción, solicitarán al gobierno la apertura del diálogo en busca de "una explicación".

Por su parte, la diputada Gelman reconoció a El Observador que "no es un tema que sea un monto significativo" lo que se recaude con esta medida, sino que el objetivo es "programático". Sostuvo que hoy "hay una renuncia fiscal por parte del Estado" en favor de instituciones privadas en desmedro de la educación pública.


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