Vinos envenenados: defensa de Zabala quiere volver a citar a Lacalle Herrera pero jueza entiende que es "revictimizarlo"

La defensa de Zabala pretende que Lacalle Herrera explique algunas declaraciones públicas que ha hecho sobre el caso. En 1978, en plena dictadura, tres botellas de vino fueron dejadas en su casa con sendas tarjetas que indicaban que una era para él y las otras para otros dos importantes dirigentes del Partido Nacional: Mario Heber y Carlos Julio Pereyra. La esposa de Heber, Cecilia Fontana, bebió de una de ellas y murió debido al veneno letal que contenía.

Luego se comprobó que todas las botellas tenían un poderoso tóxico llamado Fosdrín.

En una entrevista con el semanario Crónicas en 2001, Lacalle Herrera manifestó que los autores del atentado solo tenían una vinculación lateral con el régimen de la época y dio a entender que conocía a los culpables. En otras declaraciones hechas al periodista Álvaro Alfonso, autor del libro El vino de la muerte, Lacalle dijo: “Mario Heber - que en paz descanse - y yo, tenemos una interpretación. Pero esa interpretación no involucra a militares de ninguna especie. Solo a civiles”.

Según la defensa de Zabala, esas apreciaciones no coinciden con la hipótesis del caso que plantea el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe. Según su pedido de procesamiento, el triple atentado fue realizado por un “grupo de conjurados”, altos mandos militares y de la Policía, que buscó eliminar a “tres reconocidos opositores al régimen dictatorial”, con el objetivo de frustrar contactos políticos tendientes a buscar una salida a la dictadura.

La jueza del caso, Silvia Urioste, ha descartado en primera instancia volver a citar a Lacalle Herrera, quien ya declaró varias veces en la causa. Volver a hacerlo “implica su revictimización, máxime teniendo en cuenta que no se aclaran los motivos por los cuales se requiere su presencia”, señaló la magistrada.

El abogado Carlos Bustamante, defensor de Zabala, discrepa con ese criterio: “Los hechos ocurrieron hace 45 años y el doctor Lacalle fue citado recientemente a declarar por lo que no se advierte cómo una nueva citación para que amplíe sus declaraciones puede considerarse una revictimización cuando lo solicita la defensa y no lo fue cuando la dispuso el tribunal”.

Durante la dictadura, la investigación policial pretendió involucrar a las víctimas en la trama del asesinato.

Huellas en una botella

Analizando declaraciones, documentos desclasificados por Estados Unidos y trabajos periodísticos de Alfonso y Roger Rodríguez, entre otros, Perciballe concluyó que existió un complot para descabezar a la cúpula opositora del Partido Nacional y que éste fue dirigido por los responsables del entonces temido Servicio de Inteligencia de Defensa (SID).

“No cabe lugar a dudas de que quienes estuvieron detrás de los hechos fueron el general Amauri Prantl (ex director del SID) y José Gavazzo (ex jefe del Departamento III del SID y adjunto a la dirección), así como el director de la DNII Víctor Castiglioni y sus hombres de confianza, el comisario Hugo Campos Hermida y subcomisario Juan Ricardo Zabala Quinteros”.

Zabala prestó servicios en el SID, bajo órdenes de Gavazzo. Prantl, Gavazzo, Campos Hermida y Castiglioni ya fallecieron.

Campos Hermida fue quien llevó adelante la investigación policial al momento del atentado, a pesar de que era jefe de Narcóticos y no de Homicidios.

Perciballe pidió el procesamiento de Zabala como “responsable en calidad de coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado por la reiteración y especialmente agravado por la premeditación y la utilización de veneno”.

Sin embargo, el fiscal no descarta la intervención de civiles en el atentado, fundamentalmente quienes se encontraban vinculados a la publicación Azul y Blanco. Dicha revista nucleaba a su alrededor a un núcleo nacionalista ultraderechista filo nazi. Poco antes del atentado, el sobrino de uno de sus integrantes de nombre Celio Riet, compró grandes cantidades de Fosdrín.

Riet, ya fallecido, nunca fue llamado a declarar.

La prueba decisiva de Perciballe para pedir el procesamiento de Zabala es que tres huellas dactilares suyas fueron halladas ya en 1978 en una de las botellas, justamente la que mató a Fontana.

El hallazgo fue hecho por la Policía Técnica, pero no se incorporó al expediente judicial. Por el contrario, se ocultó ese dato central. Esos folios con el relevamiento de huellas hecho por la Policía Técnica recién fueron hallados en 1988, cuando el caso fue reabierto por un nuevo juez, ya recuperada la democracia.

Dice el dictamen de Perciballe sobre Zabala: “Sus huellas dactilares constan en la botella de la que a la postre bebiera la Sra. María Cecilia Fontana. Y la existencia de éstas no responden a un error en la manipulación de las botellas, por cuanto, en la que se encontraron sus rastros nunca pasó por la Dirección de Narcóticos donde él cumplía funciones. Ergo, debió manipularla antes del atentado”.

De acuerdo con la apelación y la respuesta a la requisitoria fiscal, el abogado Bustamante, en cambio, entiende que la huella de Zabala fue hecha en el momento de la investigación en la botella destinada a Pereyra, que sí pasó por Narcóticos.

Sin embargo, según la investigación policial en la que se basa la fiscalía, esa botella nunca fue periciada en busca de huellas dactilares.

Bustamante, además, interpuso un reclamo de inconstitucionalidad que obliga a una pausa en las actuaciones hasta tanto sea analizado por la Suprema Corte de Justicia.

Zabala ya estuvo preso por otro caso emblemático de la dictadura. En 2012 fue procesado por el asesinato y desaparición forzada del maestro Julio Castro en 1977. El agente admitió haber apresado a Castro cuando prestaba funciones en el SID. Su procesamiento, sin embargo, fue revocado por un Tribunal de Apelaciones en 2014 que entendió que no existían pruebas que lo vincularan con la posterior ejecución del maestro.