La ministra Irene Moreira ultima los detalles junto con el subsecretario Tabaré Hackenbruch para elevar antes de marzo una propuesta a Torre Ejecutiva de declaración de emergencia habitacional, que implica obras de infraestructura, mejoras edilicias, regularización de la titularidad de la tierra y acciones de integración de familias en asentamientos, según confirmó El Observador. Las intervenciones se concentrarán en los puntos con mayor cantidad de asentamientos, por lo que harán foco en Montevideo, Canelones, Maldonado y Salto.
El instrumento fue introducido en la ley del Presupuesto para el quinquenio remitida por el Poder Ejecutivo en agosto del año pasado. Tal declaración requerirá de una comunicación a la Asamblea General y al gobierno departamental correspondiente, cuyas intendencias deberán dar la autorización. La acción del gobierno no podrá extenderse más de dos años, aunque podrá ser prorrogada una única vez por otros doce meses.
La ley estipula que una vez declarada la emergencia habitacional, cada intervención va a contar con los beneficios tributarios previstos en la ley de Vivienda Promovida. En los proyectos a realizarse no van a regir normas de ordenamiento territorial para el cambio de categoría de suelo, como tampoco otras normativas legales sobre fraccionamientos, cesiones y edificaciones. Las fuentes indicaron que la cantidad de barrios a intervenir va a depender de los recursos que se obtenga con el fideicomiso previsto por el gobierno con la enajenación de propiedades del Estado declaradas prescindibles.
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) contempla la emergencia habitacional como una acción enfocada a los grupos socioeconómicos más vulnerables, sobre los que actuarán el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), el Plan Juntos y el Plan Nacional de Relocalizaciones. Para las clases media bajas apuestan por el fideicomiso para fomentar la inversión privada en la construcción de viviendas, con la mira puesta en jubilados y pensionistas, jóvenes y personas sin capacidad de ahorro.
De ello está a cargo el director de Secretaría de la cartera, Gabriel Albornoz, quien ya tiene pronta su reglamentación, según dijo el propio jerarca a El Observador. El coronel retirado expuso que lo presentará a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para evaluar si es necesario un decreto para implementarlo. Albornoz estimó que una vez aprobado —sea con decreto del Poder Ejecutivo o no—, su conformación llevará dos o tres meses. El fideicomiso contará con $ 6.600 millones (más de U$S 155 millones al valor actual), para el que el jerarca espera que lleguen las inversiones privadas.
El asesor contable de la cartera, Jorge Ceretta, aseguró este lunes en conferencia de prensa, que será una "herramienta más" para los emprendedores. Los sistema alternativos "van a ser muy importantes para lograr los costos que el fideicomiso va a exigir para la aprobación de proyectos", sostuvo. La ministra Moreira lo consideró "otro bebé del ministerio".
Inicio de sesión
¿Todavía no tenés cuenta? Registrate ahora.
Para continuar con tu compra,
es necesario loguearse.
o iniciá sesión con tu cuenta de:
Disfrutá El Observador. Accedé a noticias desde cualquier dispositivo y recibí titulares por e-mail según los intereses que elijas.
Crear Cuenta
¿Ya tenés una cuenta? Iniciá sesión.
Gracias por registrarte.
Nombre
Contenido exclusivo de
Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.
Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá