Resolver el grave problema de abastecimiento de agua potable y reestructurar el sistema de transporte en la región metropolitana de nuestro país son dos grandes reformas que tienen en común el hecho de que su impacto tendrá efectos y consecuencias por décadas en la vida cotidiana de la población de esas zonas.
Por eso no errar en las decisiones adquiere una particular relevancia, porque lo que resuelva este gobierno proyectará sus resultados y comprometerá la calidad de vida de la gente por mucho tiempo.
Es por eso que estamos muy preocupados por ambos temas. En uno parece predominar el capricho con una decisión que tendría graves consecuencias además de no resolver el problema, y en el otro observamos un alto grado de improvisación que puede salirnos muy caro.
Con respecto al tema del abastecimiento de agua potable no entendemos el empecinamiento del gobierno en avanzar con la construcción de una represa en el Arroyo Casupá. Existen argumentos contundentes que demuestran que esa opción tendrá impactos sociales, productivos y ambientales de magnitud.
Esa opción implica la afectación de alrededor de tres mil hectáreas de tierra productiva en la que hoy trabajan productores de manera intensa y con resultados positivos lo que representa un daño productivo indudable puesto que esa tierra quedaría sumergida con la construcción de la represa. Pero, además, implica la eliminación de 450 hectáreas de monte nativo lo que representa una afectación ambiental sobre la que, hasta el momento, el propio Ministerio de Ambiente, cuyo titular es el principal impulsor de este disparate, no se ha pronunciado ni cumplido con emitir el correspondiente informe ambiental. Pero, además, afectará la vida social de los pobladores de la zona en la medida que tendrán en la caminería, accesos y situación de sus respectivas viviendas.
Como si todo esto fuera poco, la construcción de la represa de Casupá no resolverá el problema de abastecimiento de agua puesto que el Arroyo Casupá es afluente del Río Santa Lucía por lo que se mantendrá la grave afectación de depender de una única fuente de abastecimiento, que es la cuenca del Río Santa Lucía, cuenca que además está cada vez más afectada en cuanto al impacto de las sucesivas sequías y en la calidad del agua.
Se sigue ignorando la alternativa obvia que resolvería el problema definitivamente que es la construcción de una toma de agua del Río de la Plata, fuente de agua inagotable que garantiza el abastecimiento de manera definitiva.
Simplemente un capricho del actual gobierno que, de no revertir la decisión, pagaremos muy caro todos los uruguayos
Y con respecto a las propuestas de reestructura del sistema de transporte de la zona metropolitana, se observa un grado de improvisación que da miedo. No sólo porque el propio Gobierno no se pone de acuerdo, sino porque el procedimiento elegido para avanzar en este tema ha sido caótico.
Se han manejado diferentes propuestas presentadas por diversas empresas con soluciones también muy distintas en concepción, costo, prioridades señaladas y modelos de movilidad, sin que haya habido un llamado a licitación, sin que el gobierno haya definido previamente un Plan Director, en definitiva, sin que el Estado marcara previamente ciertos criterios o reglas de juego.
Lo que está ocurriendo es realmente improvisado y no existe un sistema de toma de decisiones ordenado ni que dé las necesarias garantías a la ciudadanía.
Nos parece bueno que se haya descartado el túnel en la avenida18 de Julio, pero la alternativa que se está manejando se parece mucho a la solución adoptada en el famoso caso del “corredor Garzón”, de muy triste memoria.
Pero el problema no es la discusión pieza por pieza de una reestructura del transporte, el problema es la falta de criterios generales que sirvan de parámetros para evaluar y seleccionar las propuestas. Frente a esta situación corremos el riesgo de que las decisiones que se tomen terminen siendo erróneas y comprometan de manera definitiva la viabilidad de la movilidad de los uruguayos de la zona metropolitana.
Muchas veces parece que no hay conciencia de la importancia de estas decisiones y que, al final, se opta por avanzar sin tomar en cuenta lo que está en juego en los próximos años.
Las empresas tienen todo el derecho de formular sus diferentes ideas y presentarlas al gobierno, pero el gobierno tiene la obligación de generar previamente a la toma de decisiones, un marco objetivo, técnico y amplio sobre los requisitos básicos que deben cumplir las diferentes propuestas y luego hacer un llamado público para que estas se presenten y poder seleccionar con garantías para todos.
No es lo que está pasando. En síntesis, es mucho lo que se juega nuestro país en estas dos decisiones. Sin embargo, en la primera predomina el capricho y en la otra la improvisación. Como dice el dicho irónico “¿Qué podría salir mal???”. Cruzamos los dedos de que haya capacidad de reflexión y de revisión de lo actuado hasta ahora.
