Lo ocurrido en Las Piedras nos enfrenta una vez más ante una situación grave y dolorosa que exige respuestas claras y prudencia. Hay una investigación judicial en curso que debe respetarse. Una persona lamentablemente fallecida en el accidente y tres adolescentes cuya identidad, intimidad y derechos deben ser especialmente protegidos. Pero protegerlas también supone hacernos preguntas incómodas.
Desde INAU hemos informado que se activó el protocolo correspondiente y que la denuncia policial fue inmediata debido al riesgo previamente identificado respecto de una de las adolescentes. Eso debe reconocerse.
Sin embargo, aplicar un protocolo no es necesariamente lo mismo que conseguir proteger a nuestras adolescentes.
Un procedimiento puede funcionar formalmente: se constata una salida, se realiza una denuncia, se inicia una búsqueda y finalmente la adolescente regresa al sistema. Pero si durante esas horas queda nuevamente expuesta a adultos, drogas, violencia, explotación o mecanismos de captación, debemos preguntarnos si estamos alcanzando el objetivo sustantivo de la política de protección.
Y esta preocupación no nace, lamentablemente, después del episodio de Las Piedras. Nos exige advertir que la sospecha sobre lo que está sucediendo con los/las adolescentes bajo amparo de INAU no son acciones aisladas.
El 15 de julio de este año, casi un mes y medio antes de estos hechos, presentamos formalmente ante el Directorio de INAU un planteamiento originado en una recorrida por un centro residencial femenino. Por razones evidentes no corresponde identificar públicamente los dispositivos ni a las adolescentes involucradas.
En aquel documento dejamos constancia de que lo relatado por los propios equipos no parecía responder a episodios aislados. Al contrario: comenzaba a dibujarse un patrón. En distintos centros se repetían historias de adolescentes contactadas por personas ajenas al sistema, en situaciones que podían ser compatibles con dinámicas de captación y explotación. Y varios de esos relatos parecían compartir un mismo punto de origen: el centro que es puerta de entrada femenina. Allí se iniciaban determinados vínculos que, según lo informado, no se interrumpían con la derivación de las adolescentes, sino que las acompañaban hacia otros centros. Fue esa reiteración, esa continuidad y esa aparente lógica común la que nos llevó a describir formalmente la situación como un “mecanismo sostenido de captación con fines de explotación sexual” sobre adolescentes atendidas por el sistema.
No afirmamos entonces que exista una determinada red criminal sin que eso sea establecido por las investigaciones competentes. Lo que dijimos fue que había información suficientemente seria para que el Estado tuviera la obligación de investigar, coordinar y actuar.
Por tal motivo, solicitamos formalmente al Directorio que el asunto fuera tratado con carácter urgente y reservado, que se adoptaran medidas de protección, que interviniera la asesoría jurídica institucional y que se gestionara una reunión urgente con el Ministro del Interior. Desde entonces hemos esperado por esa entrevista, que en virtud de distintas prioridades se ha ido posponiendo.
No obstante, si bien nos enteramos por la prensa, celebramos la noticia de la Operación Tríada, por la cual, en una investigación conjunta entre Ministerio del Interior, Fiscalía e Interpol de determinó la formalización de cuatro personas en el marco de tres investigaciones por explotación sexual.
Pero otros antecedentes reforzaban nuestra preocupación. En Rivera, una adolescente que se encontraba en salida no acordada fue localizada este año en una vivienda utilizada como boca de drogas, junto a adultos. La Institución Nacional de Derechos Humanos también ha advertido sobre salidas reiteradas, exposición a explotación sexual, consumo y dificultades de coordinación entre organismos.
Por eso el caso de Las Piedras no debería centrarse en determinar si el protocolo se activó. Debemos superar el análisis de situaciones puntuales, de actuar de forma reactiva sobre hechos que cuestionan el funcionamiento de la protección que brindamos desde INAU. Necesitamos saber qué ocurre antes, durante y después de esas salidas no acordadas. También debemos preguntarnos qué sucede cuando la adolescente regresa. Reintegrarla físicamente al centro no puede significar simplemente volver al punto de partida.
El episodio de Las Piedras debería conducir a una revisión seria de las salidas no acordadas de mayor riesgo: sistemas de alerta ante reiteraciones, análisis conjunto de información, búsqueda activa, investigación de los adultos involucrados y coordinación inmediata entre INAU, Ministerio del Interior y Fiscalía.
Precisamente ahí está la discusión que queremos plantear. Hay un Manual de Procedimiento que tenemos que aplicar y hay un Protocolo para salidas no acordadas que está en revisión en este preciso momento. Que el protocolo se aplique es indispensable, pero protegerlas es algo que no se puede sostener sin una evaluación profunda.
Desde nuestra representación en INAU, como señalaba, asumimos la responsabilidad de una oposición activa que controla, que recorremos los centros, escuchamos a sus trabajadores, llevamos formalmente los problemas al Directorio, solicitamos información y promovemos coordinaciones con otros organismos.
Pero también nuestros centros deben ser proactivos en brindar un proyecto a los jóvenes, porque estamos hablando de adolescentes que se encuentran bajo protección del Estado. Y frente a ellas nuestra obligación va más allá de llenar un formulario, realizar una denuncia o activar correctamente un protocolo. La obligación se cumple cuando somos capaces de proteger.
