De Cardama a la Jutep: el doble juego entre oficialismo y oposición

Más allá de que las interpelaciones sirven de muy poco porque no suelen ser reveladoras ni tener consecuencias, en los casos de Cardama y la Jutep se da el caso curioso de que la oposición busca cuestionar lo hecho en esta gestión pero indefectiblemente se terminará hablando de lo que se hizo mal en el período pasado.

En el caso de Cardama, la interpelación del miércoles giró entre el “plan deliberado” y “maquiavélico” del gobierno frenteamplista de hacer caer el acuerdo por la construcción de las patrulleras oceánicas, según lo planteó el senador interpelante Javier García, y las responsabilidades del gobierno anterior en lo que derivó en “una estafa monumental” por la garantía, señaladas por la ministra de Defensa, Sandra Lazo.

García por ser el ministro que firmó el contrato con Cardama en 2024 y coincidentemente encabezar el sector de la oposición más confrontativo con el gobierno, jugó fuerte marcando aspectos dudosos de los pasos dados por el Ejecutivo y apretó a la ministra para que dijera si se va a rescindir o no el acuerdo, como anunció el propio presidente de la República en la conferencia de prensa del 22 de octubre. Lazo finalmente le respondió que “al día de hoy no está decidido”.

Mientras omitió hablar de los aspectos dudosos del proceso de selección de Cardama, García apuntó a que la ministra designó un equipo asesor de la Armada seis días antes de la interpelación para que le dieran información técnica y que la investigación administrativa realizada por Servicio Civil “se amañó políticamente” para que saliera ese día en la prensa pese a no estar terminada, dijo citando a Lazo.

Esa mañana La Diaria informó que la investigación concluyó que se otorgaron prórrogas a Cardama “sin sustento jurídico claro”, que el proceso de garantía "se centralizó a nivel político y directivo del Ministerio de Defensa, particularmente en el ministro (Castaigndebat en ese entonces) y el director general de Recursos Financieros (Damián Galó)” y se eligió a un proveedor con “riesgo financiero alto y baja capacidad técnica comprobada”, lo que vulneró el “deber de diligencia” y puede configurar una “negligencia administrativa”.

Lo cierto es que la ministra hizo hincapié en que el “avance del proyecto está plagado de irregularidades técnicas muy serias”. Como había informado Ramiro Pisabarro en esta nota, señaló que hay "alertas" por la estabilidad y calidad del buque. Y sumó, lo que se conoció esta semana, de que la garantía de Eurocommerce que buscó renovar Cardama también era falsa.

Reveló que el 18 de noviembre Cardama les informó –aunque sin adjuntar documentación– que se había rescindido el contrato con Caterpillar, la empresa que estaba construyendo los motores, los cuales que debían estar prontos en enero y que ahora tardarán doce meses más.

Todos esos aspectos derivan del contrato firmado por García. Sin embargo, la denuncia penal presentada por el gobierno en fiscalía de Delitos Económicos no menciona responsabilidades concretas ni señala la actuación de ningún jerarca. Según me comentaron tampoco queda claro si se señalan responsabilidades de Cardama o del gobierno anterior. Para tener más claro el panorama es que esta semana se envió un correo electrónico a Presidencia pidiendo más información.

García intentó un contraataque judicial al pedir que la versión taquigráfica de la sesión fuera a Fiscalía para que se evalúen las denuncias que lanzó sobre las “pesquisas secretas, interrogatorios, investigaciones y careos, y si las mismas configuran ilegalidades, desvíos de poder”.

En el plano político el hecho de que haya sido en el Senado, elección hecha para que el interpelante fuera García y pudiera hacer una enérgica defensa de su gestión y del gobierno de Lacalle Pou, ocasionó que la ministra se fuera con una moción mayoritaria de apoyo de su partido, ya que en esa cámara el FA es mayoría.

También cabe preguntarse cuánto de todo lo que se dijo en una sesión de 11 horas puede repercutir en la opinión pública y seguramente sea muy poco. Lo más factible es que los más partidizados se queden con lo que les sirve para reafirmar quién tiene razón en esta disputa, mientras el resto de los mortales mire de reojo a los protagonistas del duelo dialéctico sin poder calibrar quién tiene la razón.

La ética, otro motivo de cruces

El mismo escenario de fuerte enfrentamiento y fuego cruzado se dará en la interpelación al ministro de Educación José Carlos Mahía sobre el reciente pronunciamiento de la Jutep sobre el caso Danza del 6 de noviembre.

20250325 José Carlos Mahía. Consejo de Ministros.

El diputado nacionalista Pablo Abdala, quien será el interpelante, dijo que “la mayoría del directorio de la Jutep le ha hecho un daño institucional al país”, porque los dos directores oficialistas, Ana María Ferraris y Alfredo Asti afirmaron que no había incompatibilidad entre el cargo de Danza en ASSE y los varios cargos enla actividad pública y privada que tenía (luego del fallo de la Jutep dejó los cargos privados), pese a que un informe de la Jurídica del organismo había dicho que sí lo había. El director opositor Luis Calabria votó en contra de la mayoría.

Para Abdala cometieron “un verdadero despojo, se extralimitaron, abusaron de sus atribuciones en el ejercicio de la función, le dieron un verdadero zarpazo a la institucionalidad”.

El problema que tienen esos juicios tan severos es que durante la pasada administración la Jutep también se dejó guiar por criterios políticos por encima de los criterios técnicos y eso le generó cuestionamientos varios. Ya te mencioné tres casos en esta columna.

En la anterior gestión la Jutep no se pronunció sobre ninguno de los presuntos señalamientos de corrupción de jerarcas del gobierno de Lacalle Pou. Y justamente, fue en esa administración en que se asoció la designación de los directores de la junta a la cuota política que este gobierno volvió a aplicar.

Lo ocurrido con Danza en la Jutep generó todo tipo de reacciones y planteos. El senador colorado Pedro Bordaberry propuso cambios a la ley orgánica de la Jutep, para que los miembros sean designados con una mayoría especial del Senado, a propuesta del Poder Ejecutivo y que tengan “una trayectoria jurídica o académica que garantice idoneidad e independencia”. Además propuso que ocupen cargos por seis años (actualmente son cinco años).

Ya existe un proyecto con modificaciones a la ley orgánica de la Jutep presentado en la anterior legislatura, que fue desarchivado en la Comisión de Constitución del Senado, que propone, que los directores sean “elegidos por dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General” y no sólo por el Senado y que cuenten “con experiencia y notoria versación en materia de ética pública, derecho público y procesos de transparencia”, así como que no hayan “desempeñado cargos públicos electivos o de particular confianza política durante los cinco años anteriores a su designación”.

Seguramente se hablará de esas propuestas y de otras pero lo que es seguro es que se tratará de una interpelación tan tediosa, como suelen serlo todas.

Aunque esta vez se realizará en Diputados, donde el FA no cuenta con mayoría, nada hace pensar que vaya a haber consecuencias por lo que no cabe esperar sorpresas, ni que se salga del clásico tiroteo entre bandos, olvidando que el foco es preservar a los organismos de contralor de la influencia de la política partidaria para que cumplan sus cometidos.