La semana pasada fue hecho público el primer boletín estadístico de la repartición del MI denominada AECA, una estructura de alto nivel gerencial configurada sin llamados a concurso para la provisión de sus cargos de conducción (como parecería de rigor en cualquier proceso administrativo racional, particularmente uno destinado a crear una unidad de asesoramiento al más alto nivel en un tema que, además, constituye una preocupación central de los uruguayos). Al parecer, dicha estructura está llamada a desempeñar la función del ONVC, cuyas autoridades sí habían sido designadas mediante un proceso de competencia público (es decir, según principios elementales de legalidad administrativa).
La publicación estuvo precedida de estridentes anuncios acerca de que la referida unidad administrativa está llamada a constituir “un centro de excelencia estadística a nivel regional” y otras declaraciones de intenciones similarmente ambiciosas, que no condicen del todo con la ausencia total, entre su personal, de funcionarios formados al más alto nivel posible dentro de la especialidad correspondiente (es decir, con título de PhD en Criminología). Para sorpresa general, sin embargo, la información contenida en el referido boletín presenta un carácter notoriamente esquemático, muy alejado no ya de cualquier noción de “excelencia” sino, lo que es más preocupante, de criterios elementales de transparencia. Aunque no es posible, en una columna como esta, explayarse sobre aspectos técnicos, las omisiones de información que presenta el boletín de marras son tan grandes que resulta inevitable referirse brevemente a algunas de ellas.
Así, el nivel de esclarecimiento de los homicidios (un indicador clave para evaluar, entre otras dimensiones críticas de la política pública en materia de seguridad, la eficacia con que operan la Policía y las restantes agencias que forman el Sistema Penal), no aparece por ningún lado, en abierto contraste con las prácticas de las publicaciones estadísticas tradicionales del MI. En forma similar, el boletín de AECA no sólo no presenta la (elemental) desagregación por sexos de las víctimas de homicidio, sino que mucho menos reporta el tipo de vínculo existente entre las víctimas mujeres y sus agresores (por ejemplo, si eran parejas o ex parejas de éstos). Innecesario es decir que la omisión de este indicador (fácilmente construible) en nada contribuye a un monitoreo eficaz de asuntos centrales de política pública (que preocupan, además, a vastos sectores de la sociedad), como la violencia de género.
No menos sorprendente resultan la total falta de información sobre la proporción de homicidios derivados de Rapiñas (cuyas víctimas, junto con las mujeres y niños que sufren violencia doméstica, son, por excelencia, las que no contribuyen en modo alguno a la violencia que sufren, es decir, las que son completamente inocentes). Tampoco hay en el boletín de AECA ninguna cuantificación de los homicidios que ocurren en espacios públicos versus espacios privados, una distinción absolutamente vital para evaluar la factibilidad y posibles efectos de alternativas obvias de política pública como incrementar el tamaño de la fuerza policial. Una política de expansión del número de efectivos policiales tiene sentido, por ejemplo, si los homicidios acontecen mayoritariamente en espacios públicos (que es dónde la policía típicamente despliega su acción), y tendría efectos mucho más limitados si la violencia acontece en ámbitos privados a los que la Policía no tiene acceso en las circunstancias más habituales y normales. Resulta inexplicable, asimismo, la omisión del indicador, también tradicional en publicaciones del MI, que da cuenta de la participación de adolescentes en calidad de autores entre los homicidios, una pieza de información de obvia importancia para sopesar con evidencia el recurrente debate público sobre la amplitud y alcance de la violencia juvenil. Debate que, como es sabido, ha motivado consecuencias prácticas mayores en la forma de varias iniciativas de reforma constitucional, y bien podría volver a motivarlas en el futuro (se piense lo que se piense sobre la conveniencia y oportunidad de estas). También en este caso, pues, el tan mentado slogan de “política pública basada en evidencia” que se ha invocado como justificación de la creación de AECA, revela no ser más que eso: una consigna publicitaria hueca.
Pero lo que tal vez despierta mayores suspicacias entre las notorias ausencias de información de este boletín, es la falta de cualquier referencia a la tan pregonada nueva tipología de homicidios propuesta por el Dr. Rojido como alternativa a la tradicionalmente usada por el ONVC, argumentando que los homicidios con trasfondo de enfrentamientos por narcotráfico al menudeo serían la ínfima proporción del 2% del total. En efecto, dicha forma de clasificar los homicidios, ampliamente celebrada por el ex ministro Martinelli y el actual Director de AECA (entonces asesor principal del primero) como una alternativa preferible al criterio del ONVC (que supuestamente creaba la impresión de un fenómeno de violencia asociada al narcotráfico dónde no lo había), no aparece ahora por ningún lado.
Cabe preguntarse, pues, por qué esta tan celebrada tipología, cuyo uso hubiera implicado reportar alguna información sobre las circunstancias detrás de distintas clases de homicidios, no aparece en ninguna parte en el boletín de AECA. ¿Será acaso que reportar alguna información sobre las causas de los homicidios pone en evidencia que el narcotráfico es, después de todo, una fuerza mayor detrás de la violencia presente en la sociedad uruguaya? ¿Será, en consecuencia, que reportar este tipo de información desmiente lo sostenido por el ex ministro Martinelli (y avalado por el actual Director de AECA sobre la base de un estudio elaborado por el Dr. Rojido), en pleno año electoral y con el fin de minimizar las terribles consecuencias sociales de este fenómeno? En vista del tendal de homicidios ocurridos durante el primer semestre del año a todas luces asociados con los enfrentamientos de bandas, resulta tan incomprensible como inadmisible que un boletín estadístico oficial del MI omita cualquier referencia al asunto.
El problema del narcotráfico, en efecto, “rompe los ojos”. Así lo demuestran las omnipresentes referencias al mismo tanto en las representaciones de la población acerca de las causas de la violencia como en los contenidos de los medios de comunicación (baste, al respecto, con considerar la incautación, días atrás, de 2 toneladas de cocaína en Punta Espinillo), Es inevitable en este sentido, dudar del carácter casual de la omisión y preguntarse legítimamente si no se está en presencia de un manejo selectivo de la información que se brinda a la opinión pública por parte de AECA (es decir, de un serio problema de transparencia).
En suma, la generalidad de los datos contenidos en este primer informe de AECA a propósito del delito más grave del Código Penal (y de otros menos serios), hacen del mismo un insumo de limitada utilidad para la toma de decisiones, y revelan una escasa comprensión de la conexión entre datos y política pública (consecuencia seguramente de que el informe no está sustentado en un enfoque teórico amplio y bien definido acerca de las causas y condiciones del fenómeno criminal). Veamos un ejemplo básico: no es lo mismo un homicidio por conflicto barrial, que un femicidio íntimo, que una ejecución por encargo. Las motivaciones, los perfiles de víctimas y victimarios, los escenarios, e incluso las políticas necesarias para prevenirlos son radicalmente distintas. Sin embargo, el boletín estadístico los mete a todos en la misma bolsa (la cifra global de 179 muertos en el semestre), como si se tratara de rubros contables en lugar de vidas humanas truncadas por causas diversas. Lo que no se nombra no se piensa, y lo que no se desagrega no se puede diseñar.
La pregunta final no es “¿cuántos homicidios hubo?”, sino “¿quiénes están muriendo, por qué, y a manos de quién?”, todas interrogantes que requieren una aproximación tan seria como minuciosa.
