El gobierno que encabeza Yamandú Orsi llegó al poder sostenido en una promesa que excedía los programas y las consignas electorales. No era una promesa accesoria. Era el núcleo de su legitimidad política: “que gobierne la honestidad”. Sobre esa supuesta superioridad moral se edificó un relato que aspiraba a algo más que una alternancia. Aspiraba, incluso, a una reparación ética.
Ese relato, sin embargo, comenzó a mostrar fisuras que ya no pueden atribuirse a la herencia recibida ni a contingencias de coyuntura. El propio presidente fue terminante durante la campaña prometiendo que no habría aumento de impuestos. No hubo matices ni condicionales. Hoy, esa afirmación parece haber quedado atrapada en una realidad fiscal que el gobierno evita describir con precisión. La presión tributaria aumentó, se crearon nuevas figuras impositivas y se redefinieron otras bajo formulaciones técnicas que buscan amortiguar su impacto político. Pero el resultado es ineludible. El Estado recauda más. Y cuando eso ocurre en contradicción con una promesa central, la discusión deja de ser técnica para convertirse en un problema de credibilidad.
No se trata de un hecho aislado. La educación, presentada como prioridad absoluta y como eje de igualdad, quedó lejos del anunciado 6% del PBI. No hubo el “shock” prometido, no hubo cumplimiento. Algo similar ocurrió con la seguridad. El compromiso de incorporar 2.000 nuevos efectivos policiales se fue diluyendo entre explicaciones presupuestarias, plazos móviles y reinterpretaciones administrativas. Mientras tanto, la inseguridad siguió avanzando sin esperar definiciones.
La discusión sobre el Fonasa ofrece, además, una pista incómoda sobre el método. El ministro de Economía reconoció que durante la campaña “no tenía ni idea” de la necesidad de ajustar el sistema y agregó que el tema “no hubiera tenido mucho sex appeal”. Más allá del tono, la frase deja una conclusión inquietante. Si un asunto que afecta ingresos y prestaciones no se debatió porque no resultaba atractivo desde el punto de vista electoral, entonces el problema ya no es solo la medida adoptada, sino la degradación de la deliberación pública. En ese esquema, la política no administra prioridades. Administra silencios.
El ajuste, además, avanzó por carriles menos visibles pero igualmente eficaces. Las tarifas de los servicios públicos crecieron por encima de la inflación. El sistema de salud fue modificado de tal modo que muchos trabajadores aportan más para recibir menos. En el caso de los combustibles, el Gobierno optó por ignorar los informes técnicos de los organismos reguladores y retener excedentes que, según esos mismos informes, deberían haberse trasladado a los precios. Son decisiones que no siempre se presentan como aumentos, pero que impactan de manera directa en el ingreso disponible de la sociedad.
Lo que se erosiona en este proceso no es solo una ecuación fiscal ni una lista de promesas incumplidas. Se deteriora algo más sensible: la confianza. La democracia no se agota en el acto electoral. Se sostiene en la previsibilidad, en el respeto por la palabra empeñada y en la coherencia entre lo que se anuncia y lo que finalmente se hace. Cuando esa coherencia se quiebra, la política comienza a perder autoridad moral antes incluso de perder respaldo social.
Muchos uruguayos confiaron en la palabra de Orsi y, por eso, lo votaron. Hoy, esa confianza parece desplazarse hacia una zona de incertidumbre. Si quienes hicieron de la honestidad su principal capital político se permiten redefinir sus compromisos sin asumir el costo de explicarlos con franqueza, el daño trasciende a una administración puntual.
No se trata de una discusión ideológica ni de un debate programático. Es una cuestión de calidad institucional. Cuando la palabra se devalúa y la verdad se adapta a las necesidades del poder, lo que entra en riesgo no es solo un gobierno. Es el delicado equilibrio republicano sobre el que se apoya la democracia.
