Ya te he hablado otras veces del rol del fiscal de Corte y de cómo se mezcla la política partidaria a la hora de negociar cargos de ese tenor. Eso es, de hecho, lo que ha mantenido trancadas las negociaciones para designar a distintas personas en ese y otros organismos de contralor, cuyas venias parlamentarias requieren mayorías especiales.
Es lo que hace también que, por no poder llegar a acuerdo político para designar un nombre desde al menos 15 años, en la Suprema Corte y en el TCA ingresen los jueces con más antigüedad en el cargo, tengan o no credenciales extraordinarias para representar a todo el Poder Judicial.
El escenario de la falta de acuerdo sobre el fiscal de Corte tampoco es nuevo. La misma situación se viene arrastrando desde el gobierno de Luis Lacalle Pou, cuando el Frente Amplio decidió bloquear la designación de un nuevo fiscal de Corte y rechazó algunos nombres que se llegaron a proponer, como el del fiscal de Lavado Enrique Rodríguez. El mismo que ahora desde el oficialismo se encargaron expresamente de mencionar, no se sabe si para "quemarlo" o porque realmente era una propuesta.
Además, la gestión de Díaz al frente de la Fiscalía demostró que el cargo concentra mucho poder, puesto que de una sola persona depende la política de la persecución criminal del país. De ahí surgen las propuestas de convertir el cargo en un triunvirato, una idea que, hasta ahora, no ha logrado convencer.
No olvidemos que, si bien toda acción que lleva adelante un fiscal tiene el contralor de un juez (integrante de otro poder del Estado como es la Justicia), los jueces llevan adelante un rol meramente homologador en la primera etapa del proceso y recién juzgan en el juicio. Pero en los casi diez años de CPP ha habido poquísimos juicios, mientras que la gran mayoría de los procesos se cierran por juicio abreviado, tras un acuerdo de la fiscalía con la defensa.
En el caso de Ferrero, que asumió en el cargo en diciembre de 2024 al retirarse Juan Gómez por temas de salud, desde que llegó el gobierno de Yamandú Orsi con Jorge Díaz como prosecretario de la Presidencia ha existido una permanente tensión.
Eso se nota en las declaraciones de los jerarcas del gobierno que tienen distinto tono.
Mientras que esta semana fue la segunda vez que Orsi elogió a Ferrero (lo había hecho en entrevista con Búsqueda donde dijo que tenía su "total y absoluto apoyo"); el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez dijo a Búsqueda el 5 de marzo que él no tiene “una visión negativa del trabajo de la fiscal Ferrero” y el ministro José Carlos Mahia -superior jerárquico de la Fiscalía- dijo que es “muy trabajadora” y tiene “muy buen vínculo con ella”; Díaz no la menciona ni emite opinión sobre la fiscal. Cuando le preguntaron en La Diaria, el 11 de marzo, sobre el planteo de la oposición de mantener a Ferrero dijo que eso es “imposición” e insistió en que se deben buscar nombres de consenso.
Asimismo, fuentes de Torre Ejecutiva han informado varias veces en este primer año de gobierno que no están conformes con el trabajo de la fiscal y quieren designar a alguien con apoyo del Ejecutivo.
Ferrero y Díaz trabajaron juntos desde que se crearon los juzgados de Crimen Organizado en 2009 y, si bien nunca fueron amigos, siempre tuvieron un buen trato laboral. Juntos desbarataron varias bandas y acusaron a la exjueza Anabella Damasco por delitos de corrupción.
Al llegar a la fiscalía de Corte, Díaz mantuvo un trato cordial con Ferrero. En determinado momento, sin embargo, la llamó para decirle que era hora de sacarla de Crimen Organizado porque los fiscales no podían eternizarse en los cargos.
Pero tiempo después, al aprobarse el nuevo proceso, no dudó en ponerla al frente de la principal fiscalía de estupefacientes. La elección se basó en que era la fiscal de mayor experiencia en el tema y de las más trabajadoras, además con un excelente vínculo con la policía.
De hecho en esos años al frente de los casos más grandes de drogas terminó de consolidar su carrera. Y hechos que ahora el gobierno destaca –como la detención de Luis Fernández Albin– son fruto del trabajo de Ferrero y del relacionamiento que logró con colegas de Argentina. No en vano sufrió el atentado con granada en su casa en setiembre pasado.
Sin embargo, cuando Díaz asumió la defensa estratégica de Orsi en la denuncia falsa que la militante Romina Celeste Pappaso inventó junto a Paula Díaz se dieron una serie de hechos que motivaron su molestia con Ferrero. En particular la designación de Sandra Fleitas al frente del caso y la negativa de Ferrero de trasladarlo a otro colega, como pretendía Díaz.
La molestia luego escaló a todo el Frente Amplio cuando Ferrero designó a Fleitas en la fiscalía de Delitos Económicos, pretendiendo imprimir agilidad a una oficina que mantenía estancados sin resolución numerosos asuntos, entre ellos la denuncia del Ministerio del Interior a Charles Carrera, luego imputado por Fleitas en un caso que el exsenador ha señalado como politizado.
Todo ese episodio generó una movida que derivó en un intento de convocar a Ferrero al Parlamento en forma urgente. Pero ella se negó a asistir y afirmó que no era "común" que un fiscal de Corte fuera "intimado a responder cuestionarios o interpelaciones en forma presencial, urgente y sin presencia del órgano tutelante”, que es el MEC.
Justamente, durante la gestión de Díaz uno de sus grandes logros, en 2015, fue transformar la fiscalía en un servicio autónomo que dejó de depender del Ministerio de Educación, aunque la secretaría de Estado sigue funcionando de nexo con el poder político y es quien revisa sus actos administrativos. Esa ley también dispuso que el cargo de fiscal de Corte, que dura 10 años, se renueve distanciado de los cambios de gobierno, justamente con el fin de despartidizar ese nombramiento, por lo que el sucesor de Díaz debía designarse en 2022, al cumplirse los diez años.
Además, para designar a un nuevo fiscal de Corte, el gobierno debe contar con la venia de tres quintos de los componentes del Senado, una mayoría especial de 18 sobre 30.
Quien ejerce el cargo del fiscal de Corte no debe estar al servicio del poder político de turno o de la oposición, sino que debe ser un profesional del derecho, celoso por cumplir con las normas, comprometido con el deber de impartir Justicia y con garantizar el respeto por los derechos humanos y las garantías constitucionales.
En un país altamente politizado, no es sano que quienes ostentan estos cargos sean continuamente encorsetados entre izquierda o derecha ni que la gestión de la fiscal se mida en esos términos.
Los gobernantes no deberían intentar mover los hilos del poder para colocar en ese puesto a un fiscal afín a sus intereses, o para sacarlo cuando no les cae en gracia. Tampoco los de la oposición deberían "ponerse el balde" y bloquear negociaciones, ni buscar arrimarse a Ferrero para sacar rédito político.
Ferrero, que ha demostrado actuar con probidad en la función pública a la que ha dedicado su vida, no debería ser un trofeo de guerra en esta batalla que libran oficialistas y opositores. Y que cada vez escala un nivel más.
