Los desafíos que enfrenta el Sistema de Protección Especial de 24 horas del INAU no son nuevos ni exclusivos de esta administración.
Por Dr. Guillermo Fossati (Presidente del INAU)
Revisar los registros de años anteriores evidencia que las dificultades actuales tienen raíces históricas y estructurales. Sin embargo, en lugar de buscar soluciones integrales, persiste una lógica oportunista que adjudica responsabilidades según el lugar que se ocupa. Resolver esta crisis requiere abandonar las miradas cortoplacistas y encarar las causas profundas.
Hoy, los centros del INAU enfrentan una mayor demanda de protección para adolescentes, impulsada por varios factores: mejor calidad en los registros, mayor tendencia a denunciar y cambios en cómo se abordan problemas como la violencia doméstica, las adicciones y la salud mental. Pero una parte esencial de esta crisis proviene de fallas previas en brindar apoyo adecuado a las familias de estos jóvenes cuando más lo necesitaban.
Estos adolescentes fueron los niños de ayer, y muchos vivieron experiencias de abuso y abandono sin recibir la ayuda adecuada. Lo que no se hizo bien y a tiempo, hoy se traduce en una mayor presión sobre el sistema.
La pandemia de COVID-19 amplió desigualdades sociales de manera significativa, generando un aumento en la violencia intrafamiliar, el maltrato y los trastornos de salud mental entre niños, niñas y adolescentes. Sus efectos, que trascienden las fronteras nacionales, no se limitaron a una crisis de salud pública, sino que evidenciaron una interacción compleja entre salud, economía y sociedad.
Esta situación dejó al descubierto las debilidades de los sistemas de protección social y obligó a los países a confrontar su capacidad para proteger a los más vulnerables. Negar esta realidad sería irresponsable. Por el contrario, debemos actuar con urgencia para reforzar y adaptar estos sistemas a las nuevas realidades que afectan los derechos de la infancia y la adolescencia.
Separar a un niño de su familia debe ser una medida extrema y solo cuando no existan alternativas. Sin embargo, el sistema aún depende en exceso del acogimiento residencial, lo que expone a los niños a entornos que, en muchos casos, perpetúan su vulnerabilidad.
El acogimiento residencial debería limitarse estrictamente a casos en los que sea necesario proporcionar cuidado temporal, especializado y en pequeños grupos, por el periodo más breve posible. Actualmente, el INAU tiene tiempos muy prolongados de permanencia en centros de acogida, lo que constituye una significativa debilidad del sistema.
Desde 2020, el INAU está trabajando en la reconversión de centros residenciales hacia modelos familiares y comunitarios, duplicando el número de familias de acogida de 861 familias a cargo de 1.926 niños, niñas y adolescentes en 2019, se pasó a 1.616 familias a cargo de 3.035 niños, niñas y adolescentes en 2023. Este año, 2024, se puso foco especial en primera infancia y en el sistema de atención y protección de 24 horas. Con el objetivo de repensar determinadas prácticas y lograr cambios necesarios, se presentaron propuestas concretas al Directorio del INAU que fueron aprobadas por mayoría.
Fortalecer a las familias es el camino más seguro para garantizar los derechos de los niños y adolescentes, incluyendo el derecho a una vida familiar. La protección social es un factor fundamental para reducir la separación innecesaria de los niños y adolescentes de sus familias en crisis.
El foco no debe ser eliminar los servicios de protección, sino poner énfasis en las causas profundas del contacto con el sistema, desarrollando una serie continua de servicios de atención que respondan a las necesidades y circunstancias de los niños y sus familias. Esto incluye fortalecer mecanismos de prevención y acceso a servicios terapéuticos relacionados con las adicciones, la violencia doméstica y la salud mental.
Abordar los desafíos del sistema de protección infantil requiere una colaboración efectiva y constante entre organismos de los sectores de bienestar social, educación, salud, seguridad y justicia. Es crucial desarrollar acuerdos formales que permitan pasar de enfoques reactivos y fragmentados a un continuo completo de ayudas y servicios. Solo con una cooperación intersectorial sólida se puede garantizar una atención integral y coordinada para la infancia y la adolescencia.
Es esencial implementar evaluaciones de riesgos en los adolescentes al ingresar a los centros. Estas evaluaciones deben ser continuas y revisadas ante cambios en los factores de riesgo. Identificar perfiles específicos permite desarrollar estrategias de intervención adaptadas a las necesidades de cada nivel de riesgo, favoreciendo respuestas más precisas y efectivas para su bienestar.
El acceso a servicios de salud mental sigue siendo una de las mayores carencias del sistema. Las dificultades para realizar derivaciones oportunas y la falta de recursos especializados afectan el bienestar de los menores. Este año, se presentó al Directorio del INAU un convenio con ASSE para la creación de entornos residenciales terapéuticos. La propuesta fue aprobada por mayoría, sin el voto de la oposición, y ya fue remitida a ASSE, donde se encuentra en proceso de recorrido para su firma. Es imprescindible garantizar evaluaciones iniciales de salud mental, monitoreo continuo y seguimiento al egreso de los centros, así como mejorar la atención en situaciones de consumo problemático de drogas y episodios agudos en salud mental.
Los funcionarios son clave para la adaptación de los niños y adolescentes en los centros residenciales. Sin embargo, es necesario revisar criterios de contratación, fortalecer la formación y garantizar una dotación adecuada de personal capacitado. Además, los menores acogidos a menudo enfrentan estigmas sociales que afectan su identidad, sus relaciones interpersonales y su autosuficiencia. Combatir este estigma debe ser parte de la estrategia para su integración plena en la sociedad.
Un sistema efectivo necesita indicadores que evalúen resultados e impacto de las políticas implementadas. Algunos de los más relevantes incluyen: El tiempo promedio de permanencia en centros residenciales.
La recurrencia de denuncias de maltrato durante o después del acogimiento. La proporción de niños que pasan a entornos menos restrictivos o logran reunificación familiar.
Niveles de inasistencia a los centros educativos, trayectorias educativas y niveles de desempeño (aprendizajes) de los niños y adolescentes.
Número y porcentaje de reingreso tras la reunificación.
Número y porcentaje de niños y adolescentes con indicación médica (autorización) para recibir medicación (psicofármacos).
El desafío del sistema de protección infantil es enorme, pero no imposible. Uruguay debe apostar por un modelo que priorice el fortalecimiento de las familias y reduzca la institucionalización. Con medidas efectivas y sostenidas en el tiempo, podemos garantizar un futuro más seguro y pleno para nuestros niños y adolescentes