El diputado nacionalista Rodrigo Goñi manifestó su firme rechazo al proyecto de “divorcio exprés” incluido en el artículo 60 de la ley de Presupuesto que actualmente se encuentra a estudio en Diputados. La propuesta, enviada por el gobierno, modifica el régimen de “divorcio por la sola voluntad de la mujer”, eliminando el requisito previo de dos años de matrimonio y reduciendo el número de audiencias de tres a una.
Goñi señaló que, en primer lugar, es improcedente incluir una propuesta de divorcio exprés en la instancia presupuestaria, ya que se trata de una materia importante del Derecho de Familia que requiere una discusión específica y debe ser abordada en una ley específica con la profundidad que el tema merece. En este sentido, consideró que debe contar con la participación de especialistas, judiciales y académicos, y un plazo mayor al abreviado que rige en el Presupuesto.
El legislador nacionalista también advirtió que la eliminación del requisito mínimo de dos años de matrimonio para acceder al divorcio por sola voluntad y la reducción de tres audiencias a una sola, sin conciliación previa, transforma el divorcio en un mero trámite administrativo. “Esto envía un mensaje cultural y normativo de que el matrimonio es algo trivial, efímero y descartable”, expresó Goñi.
Además, Goñi agregó que con el divorcio exprés se eliminan audiencias judiciales que, lejos de entorpecer el proceso, constituyen espacios de contención y mediación. Estos espacios ofrecen oportunidades de conciliación que muchas veces evitan conflictos innecesarios y rupturas no deseadas. “Suprimir estos pasos es quitar oportunidades de diálogo, acuerdos voluntarios y prevención de litigios posteriores, con el riesgo de agravar las consecuencias emocionales y patrimoniales de las rupturas”, explicó.
El diputado también advirtió que un proceso tan sumario podría dejar en situación de vulnerabilidad a los cónyuges con menor poder económico o informativo y a los hijos, al acelerar decisiones sin la debida evaluación de sus consecuencias sobre alimentos, tenencia, visitas o bienes comunes. “La celeridad no puede lograrse a costa de garantías, equidad y protección de los más débiles, especialmente en asuntos de tanta trascendencia personal y social”, afirmó.
Finalmente, Goñi concluyó que el Parlamento debe preservar el valor institucional del matrimonio y no aprobar el divorcio exprés, ya que, a su juicio, desnaturaliza el carácter de compromiso con vocación de estabilidad y debilita la base jurídica y social de la familia, un núcleo fundamental de la sociedad reconocido por el artículo 40 de la Constitución de la República.
