La fiscal de Delitos Sexuales de 5° Turno, Verónica Bujarín, confirmó a El Observador que hasta el momento se identificaron entre seis y ocho víctimas, aunque advirtió que la cifra no es definitiva. "Teníamos un número y van aumentando", señaló, antes de explicar que "mientras se amplía la investigación van surgiendo nuevas víctimas".
La investigación, denominada operación Tridente, permitió reconstruir distintas etapas de funcionamiento de la presunta organización. Según Bujarín, "acá se dan todas las etapas de lo que es el delito de trata de persona", desde la captación y la organización hasta la explotación de las adolescentes.
En un comunicado difundido este viernes, la Fiscalía General de la Nación señaló que la operación permitió desarticular una red de explotación sexual de adolescentes que se encontraban institucionalizadas en hogares del Estado. El organismo destacó que la investigación dejó al descubierto cómo la combinación de violencia, manipulación, adicciones y tecnología puede utilizarse para dañar a personas especialmente vulnerables.
Sin embargo, Bujarín evitó profundizar en el funcionamiento específico de la organización porque las actuaciones continúan en plena etapa investigativa y las cuatro formalizaciones concretadas este viernes representan apenas una primera etapa del caso. De hecho, confirmó que "han surgido nombres e investigaciones paralelas, pero relacionadas", aunque todavía no hay resultados concluyentes sobre esas nuevas líneas.
Las denuncias que permitieron reconstruir la red de explotación sexual
Una de las particularidades de la investigación es que no surgió de un único episodio, sino del cruce de denuncias que se habían presentado en distintos momentos, algunas incluso años atrás. Bujarín explicó que el trabajo coordinado de tres unidades policiales permitió vincular denuncias por fugas de adolescentes con situaciones de explotación y otros hechos que hasta entonces se investigaban por separado.
"Hay denuncias de años anteriores que se fueron entrelazando y dieron lugar ahora a esta investigación", afirmó la fiscal, quien destacó la coordinación entre los investigadores de cada dependencia para identificar a las personas que finalmente fueron formalizadas.
El punto de partida fueron las denuncias presentadas por el INAU sobre "salidas no autorizadas" de adolescentes que se encontraban bajo su amparo. A partir de esos episodios, los investigadores comenzaron a reunir información, realizar tareas de vigilancia y establecer posibles conexiones entre las adolescentes y personas que podrían estar involucradas en su explotación.
El trabajo estuvo a cargo de los departamentos de Investigación de Delitos Especiales (DIDE) y de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, junto con la Dirección de Investigación de Delitos Sexuales (DIDES) de la Jefatura de Policía de Montevideo.
La investigación derivó en allanamientos en los barrios Belvedere y Maracaná, en Montevideo, y en San Gregorio de Polanco, en Tacuarembó, donde fueron detenidas las cuatro personas que posteriormente comparecieron ante la Justicia.
Durante los procedimientos, los investigadores incautaron teléfonos celulares, computadoras, una balanza de precisión, una munición calibre 9 milímetros y una cuadernola con anotaciones, entre otros objetos.
Las nuevas víctimas y la posible conexión con otros casos
La aparición de nuevas víctimas y nombres abrió otras líneas de investigación que la Fiscalía todavía intenta esclarecer. Bujarín reconoció que existen actuaciones paralelas relacionadas con el caso, aunque por ahora no puede determinar cuántas personas más podrían estar involucradas.
La fiscal explicó que, por norma general, las adolescentes alojadas en estos espacios atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad y pasan por distintos hogares, mientras que las denuncias relacionadas con ellas pueden quedar distribuidas entre diferentes fiscalías. Esa circunstancia obliga a cruzar información para establecer si determinados episodios forman parte de una misma trama o corresponden a investigaciones independientes.
Para la fiscal, más allá de qué sede tenga a su cargo cada expediente, el objetivo central debe ser la protección de las adolescentes. "Acá lo importante es priorizar la protección integral de las víctimas", sostuvo.
En esa línea, la Fiscalía General de la Nación destacó la participación de su Unidad de Víctimas, que intervino para coordinar con el INAU y otros organismos del Estado medidas destinadas a resguardar la integridad de las adolescentes afectadas.
Un policía y otras tres personas formalizadas: los delitos que investiga Fiscalía
La Justicia formalizó este viernes a tres hombres y una mujer, a quienes impuso 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.
Entre los formalizados se encuentra un funcionario policial de 40 años, al que se le atribuyeron delitos de retribución o promesa de retribución a una persona menor de edad por la ejecución de actos sexuales, uso de tecnologías para contactar a menores con fines sexuales y revelación de secretos.
También fueron formalizados una mujer de 19 años y un hombre de 20, investigados por trata de personas, asociación para delinquir, divulgación de imágenes o grabaciones de contenido íntimo, difusión de material pornográfico de adolescentes y uso de tecnologías para contactar a menores con fines sexuales.
En el caso del hombre de 20 años, la Fiscalía también atribuyó el delito de asociación para delinquir agravado, según detalló en su comunicado.
El cuarto formalizado es un hombre de 31 años, poseedor de antecedentes penales, al que se le atribuyeron delitos de trata de personas y asociación para delinquir.
Además, otro hombre se presentó voluntariamente ante la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol y quedó emplazado sin fecha por disposición de Fiscalía.
La protección de las adolescentes, en el centro de la investigación
La Fiscalía General de la Nación recordó que la trata de personas constituye una violación de los derechos humanos y un delito de criminalidad organizada, cuya investigación y persecución forma parte de los cometidos de las Fiscalías de Delitos Sexuales.
En el caso de la operación Tridente, el organismo destacó que la coordinación entre las unidades policiales y el equipo fiscal permitió avanzar sobre una organización que explotaba a adolescentes institucionalizadas, al tiempo que se dispusieron mecanismos de protección para las víctimas.
Bujarín insistió en que, más allá de las formalizaciones y de las nuevas líneas de investigación, el foco debe permanecer en las adolescentes afectadas. "Acá realmente lo importante y lo prioritario son las adolescentes", expresó, y recordó que se trata de "chicas que están siendo explotadas" y que ya atravesaban situaciones de vulnerabilidad.
