El gimnasio del club Cordón se vistió de rojo el viernes durante el XIX Congreso del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca). Ese sector de actividad deberá negociar próximamente la renovación de su convenio colectivo, que vence el 31 de marzo próximo.
Durante el informe de apertura el tema no pasó desapercibido. El secretario general del sindicato, Javier Díaz, criticó primero los lineamientos dados por el gobierno de la coalición en las tres rondas anteriores de negociación, que definió como de “rebaja pura y dura”. En esa línea expuso que, si algunos sindicatos pudieron “desbordarlos” para mantener el poder de compra, tener crecimiento real o alcanzar nuevos beneficios, “fue gracias a la lucha de los trabajadores”.
Y luego adelantó la postura del sindicato con respecto a las pautas dadas por el gobierno actual para la 11° ronda. Díaz dijo que son “distintas” porque se prioriza a los salarios más sumergidos y se atiende una reivindicación del PIT-CNT. Pero aclaró que son “insuficientes” para las aspiraciones del Sunca.
“Sobre esta base que se plantean los lineamientos no es posible un acuerdo colectivo en la industria de la construcción. (…) Que el gobierno y los empresarios sepan, vamos a discutir y resolver, como en el período anterior, organizando la lucha necesaria para que, en la próxima ronda del Consejo de Salarios, donde el propio gobierno prevé un crecimiento de algo más de cuatro por ciento para los próximos dos años, los trabajadores de la construcción seamos parte de ese crecimiento de la economía”.
Y añadió: “Para que se abra la negociación en la industria de la construcción se tienen que generar lineamientos distintos a los que se presentaron, porque para esta industria claramente no tienen nada que ver”.
A mediados del año pasado, el Poder Ejecutivo presentó como pauta una propuesta de ajustes nominales por franja de ingresos, con un crecimiento real estimado de 4,2% para la primera (hasta $ 38.950 nominales) y de 2% para la segunda (hasta $ 165.228 nominales) al cabo de los dos años. Esto, sujeto al cumplimiento de la meta oficial de inflación. Además, se incluyeron correctivos anuales por inflación, con excepción de una tercera franja de ingresos por encima de las mencionadas que no tiene corrección.
Sobre esas bases cerraron acuerdos unas 154 mesas que abarcan unos 584.000 trabajadores de la actividad privada, con 60% de acuerdos tripartitos, y también casos en los que se resolvió por votación. En algunos de estos hubo acuerdos entre empresarios y trabajadores que el gobierno no acompañó y en los que se abstuvo, por entender que incluían elementos que se apartaban de la pauta y que no podía convalidar.
En esos casos, las fórmulas incluyeron cláusulas gatillo y salvaguardas, así como mecanismos que garantizan puntos de crecimiento real al final de los plazos si la inflación supera los ajustes. También se incorporaron correctivos para todas las franjas, esquemas que distinguen entre el ajuste nominal y el crecimiento real del salario, e incluso correctivos semestrales, entre otros instrumentos.
En el caso del Sunca , en 2023 logró un acuerdo por encima de la pauta del Poder Ejecutivo, con una fórmula que incluyó ajustes anuales compuestos por inflación proyectada, correctivos con la misma periodicidad a modo de blindaje y un componente de aumento real repartido durante todo el convenio sujeto a la evolución de los cotizantes y el PIB.
En rondas anteriores de negociación durante la administración del Frente Amplio, también tuvo crecimiento real tras desafiar las pautas en varias oportunidades.
Y durante la pandemia fue una de las pocas actividades del sector privado que aseguró el mantenimiento del poder de compra de sus trabajadores.
Los lineamientos que da el gobierno son la base para la negociación, y empleadores y trabajadores tienen libertad para acordar en los términos que consideren convenientes. Cuando se acuerdan aumentos superiores a los propuestos en las pautas, el Poder Ejecutivo deja constancia de que no se pueden trasladar esos costos a los contratos con el Estado.
