Luego de más de un año de discusión legislativa, tras la falta de acuerdo entre algunos actores del sector y con el temor por parte de las cámaras empresariales de que la iniciativa quedara empantanada, ahora el Parlamento se encamina a aprobar el proyecto de ley de operador inmobiliario que busca regular el ejercicio legal de esta actividad en Uruguay.
El proyecto había sido aprobado por la Cámara de Diputados pero su discusión se estancó luego en el Senado, donde se preveía que fuera modificado dado que tal y como estaba redactado, provocaba diferencias a la interna del sector.
En concreto, la propuesta normativa era respaldada e impulsada por la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), la Cámara Inmobiliaria Punta del Este-Maldonado, la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay y el Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal.
Pero era rechazada por la Cámara Uruguaya de Marcas y Empresas Inmobiliarias (Cumei) porque, entre otras cosas, afirmaban que no se reconocía la figura del operador inmobiliario que trabaja de forma independiente, es decir por fuera de una relación de dependencia.
Si en la discusión parlamentaria el proyecto era modificado, los plazos para su aprobación serían más extensos, por lo que desde la CIU temían que no alcanzara el tiempo para continuar con los procedimientos legislativos y que finalmente no se aprobara durante este gobierno.
Para evitarlo, los legisladores manifestaron que podían acelerar la aprobación del proyecto si todos los actores del sector se ponían de acuerdo con el texto normativo.
Finalmente, tras una serie de reuniones, todas las cámaras se reunieron y redactaron un proyecto que reunió el consenso de todos. Según informó en el Parlamento la presidenta de la CIU, Beatriz Carámbula, se analizaron las posturas de cada colectivo, se llegó a un equilibrio y se elaboró un documento definitivo.
“Siempre hubo buena disposición de ambas partes y somos conscientes de la necesidad de tener un marco regulatorio en el sector. Nos encontramos satisfechos por el trabajo que logramos y somos conscientes de que estamos con muy poco tiempo para que se vote en ambas cámaras”, indicó Carámbula.
Los principales cambios en el proyecto de ley de operador inmobiliario
En términos generales, la iniciativa pretende regular el ejercicio legal de la actividad profesional inmobiliaria en Uruguay, desarrollada por agentes, corredores, brokers, franquicias inmobiliarias, operadores, prestadores de servicios inmobiliarios y empresas prestadoras de servicios inmobiliarios turísticos.
El proyecto propone que todos esos actores estén agrupados en un registro de operadores inmobiliarios, establece los requisitos para ejercer, así como sus derechos y obligaciones.
Desde la CIU, el vicepresidente Matías Medina explicó a El Observador que el principal cambio que tuvo el texto normativo fue en lo concerniente al objeto de la ley. En ese sentido, en el primer artículo se incluyó a las franquicias inmobiliarias, con lo que se hizo lugar al reclamo de la Cumei cuya principal demanda era que expresamente se estableciera su modelo de negocios.
"Las franquicias inmobiliarias siempre estuvieron incluidas en el proyecto original pero ellos querían (en alusión a la Cumei) una serie de modificaciones al texto original, querían estar contemplados de otra forma y querían que la redacción lo dijera a texto expreso. Eso había llevado a muchos meses de debate, nosotros entendíamos que ya estaban contemplados y ellos tenían el anhelo de estar contemplados de otra forma. Cuando vimos que los senadores nos dijeron que el proyecto salía más rápido si se lograba un acuerdo entre todos, nos reunimos y finalmente llegamos a un consenso", detalló Medina.
Tras el acuerdo entre todos los actores del sector el texto final del proyecto de ley establece que todos los operadores inmobiliarios deberán estar inscriptos en un registro ante el Ministerio de Educación y Cultura (previamente se preveía que fuera ante el Ministerio de Economía y Finanzas).
Esto contempla a todos los operadores, mientras que aquellas empresas, inmobiliarias o franquicias que desarrollen la actividad a través de profesionales con empresas unipersonales, podrán compartir su matrícula de operador para que estos puedan trabajar, pero obligatoriamente deberán inscribirlos como asociados.
"La idea es profesionalizar al sector entonces el registro tiene que plantear a todos los actores. Quien le preste la matrícula a otra persona que desarrolle la actividad, deberá inscribirlo como asociado y será solidariamente responsable por él", explicó Medina quien remarcó la importancia de ese cambio, dado que "antes se pedía matrícula por cada persona, por cada agente y por cada operador".
Desde la Comisión de Constitución y Legislación del Senado celebraron el nuevo texto normativo, así como el consenso en el sector y se comprometieron a tratar el proyecto este martes. Si la comisión lo aprueba, ingresará al Senado y posteriormente volverá a la Cámara de Diputados para su aprobación final.
