El diputado del Partido Nacional, Federico Casaretto, cuestionó que la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg aún no haya presentado el informe de la jurídica de la cartera en que se basó para la reducir la pena de la anestesista Inés Miralles de cinco a tres años, por el caso de mala praxis en el que murió la pediatra Soledad Barrera.
"Nos dijo que era un trámite administrativo que era totalmente accesible. Sin embargo, pasó más de un mes y seguimos con el ocultamiento de esta noticia", dijo el diputado en rueda de prensa este jueves, tras sesión la Comisión de Salud Pública integrada con Hacienda a la que asistió la ministra Lustemberg.
"Por más que hoy vino a una sesión para tratar el tema Casmu, aprovechamos a preguntarle cuándo iba a mandar la información y por qué no la había mandado", agregó Casaretto. Según el opositor, "en tres oportunidades" se lo preguntaron y "la ministra ni hizo cuestión de este tema, no trató el tema, no dio respuesta".
"Le sigue faltando el respeto al Parlamento. Nosotros necesitamos saber, y ahora vamos a ir por la vía del pedido de (acceso a) la información pública", agregó.
"¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es amistad con algún profesional? ¿Es corporativismo médico? ¿Es un tema gremial? ¿Es un tema político? Hay una vida humana acá (...) Se le reduce de cinco a tres años a una médica que es condenada por la Justicia por homicidio culposo", sentenció el nacionalista.
Por otra parte, los padres de la pediatra de 41 años fallecida por un caso de mala praxis en una operación de vesícula, volvieron a presentar una denuncia ante el Colegio Médico contra la anestesista Inés Miralles y la ministra de Salud Pública.
Padres de pediatra fallecida en caso de mala praxis volvieron a presentar denuncias ante el Colegio Médico contra Lustemberg y Miralles
Foto: Claudia Salina / FocoUy
La familia de la pediatra ya había intentado que el Tribunal de Ética del Colegio Médico analizara el caso y las responsabilidades que pudieran caber sobre estas dos personas, pero los escritos habían sido rechazados por no narrar con la precisión suficiente los hechos denunciados, informó El País semanas atrás.
Ahora, representados por un nuevo abogado —en este caso Pablo Schiavi—, volvieron a presentar ambas denuncias, según los escritos a los que accedió El Observador.
Sobre Lustemberg, alegan que puede ser juzgada por el Tribunal de Ética del Colegio Médico por su condición de pediatra, pese a que actuó como ministra.
Argumentan, además, que rebajó la sanción de Miralles sin tener una "motivación mínima necesaria" y sin comentar el caso con los integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública que habían definido la inhabilitación inicial por cinco años. Esta decisión motivó la renuncia de varios de los integrantes de dicha comisión.
Esto también fue algo apuntado por la familia de Barrera en la denuncia presentada, ya que alegaron a la "fractura institucional" que supuso la decisión.
Para el caso de Lustemberg señalan que pudo haber violado dos artículos del Código de Ética: el que garantiza el "deber de cuidar la salud de las personas y de la comunidad, y de procurar siempre el más alto nivel de excelencia de conducta profesional", y el que establece la "responsabilidad del médico en la calidad de la asistencia, tanto a nivel personal como en promoverla a nivel institucional".
