Los padres de Soledad Barrera, la pediatra de 41 años fallecida por un caso de mala praxis en una operación de vesícula, volvieron a presentar una denuncia ante el Colegio Médico contra la anestesista Inés Miralles y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.
La familia de la pediatra ya había intentado que el Tribunal de Ética del Colegio Médico analizara el caso y las responsabilidades que pudieran caber sobre estas dos personas, pero los escritos habían sido rechazados por no narrar con la precisión suficiente los hechos denunciados, informó El País semanas atrás.
Ahora, representados por un nuevo abogado —en este caso Pablo Schiavi—, volvieron a presentar ambas denuncias, según los escritos a los que accedió El Observador.
En el caso de la anestesista apuntan a la responsabilidad que tuvo en la operación que se realizó en el SMI a fines de octubre de 2023. La pediatra sufrió un paro cardíaco mientras era operada. No tenía complicaciones previas y luego del paro sufrió un agravio encefálico que la dejó en estado casi vegetativo por diez meses hasta que falleció.
Por este caso Miralles fue condenada en diciembre de 2025 por homicidio culpable a 24 meses de libertad a prueba y fue inhabilitada a ejercer cargos médicos por ese mismo lapso.
En diciembre de 2024 —en paralelo a la vía judicial— la Comisión Honoraria de Salud Pública inhabilitó a Miralles por cinco años.
Pero la ministra Lustemberg resolvió en octubre de 2025 reducirle la sanción de cinco a tres años. Y es por esta decisión que la familia decidió denunciarla también ante el Colegio Médico.
En la denuncia contra Miralles, la familia de Barrera apunta a varios antecedentes de la anestesista: su participación en la operación de vesícula y los "apartamientos" que tuvo en la intervención, la condena por homicidio culpable, el despido del SMI y la baja decretada por el Ministerio de Defensa al cargo que tenía en la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas.
También incluyeron entre los antecedentes a las "alertas institucionales" que habían existido sobre Miralles en la Sociedad Médica Universal, donde la anestesista había sido cuestionado su desempeño, en particular por su "manejo con el fentanilo" y por dejar pacientes sin atención en la sala de operaciones.
Por todo lo anterior, la familia de la pediatra fallecida considera que Miralles pudo haber violado más de diez artículos del Código de Ética Médica. Algunos incluyen el "deber de cuidar la salud" y "procurar el más alto nivel de excelencia profesional", "respetar la vida y la dignidad humana", "atender en condiciones físicas y psíquicas adecuadas" y tener un "buen relacionamiento" con los colegas, otros profesionales de la salud y las instituciones.
Sobre Lustemberg, en tanto, alegan primero que nada que puede ser juzgada por el Tribunal de Ética del Colegio Médico por su condición de pediatra, pese a que actuó como ministra.
Argumentan, además, que rebajó la sanción de Miralles sin tener una "motivación mínima necesaria" y sin comentar el caso con los integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública que habían definido la inhabilitación inicial por cinco años.
Cabe recordar que la decisión de Lustemberg de rebajar la sanción motivó la renuncia de varios de los integrantes de dicha comisión.
Esto también fue algo apuntado por la familia de Barrera en la denuncia presentada, ya que alegaron a la "fractura institucional" que supuso la decisión.
Para el caso de Lustemberg señalan que pudo haber violado dos artículos del Código de Ética: el que garantiza el "deber de cuidar la salud de las personas y de la comunidad, y de procurar siempre el más alto nivel de excelencia de conducta profesional", y el que establece la "responsabilidad del médico en la calidad de la asistencia, tanto a nivel personal como en promoverla a nivel institucional".
Lustemberg ya fue consultada en el Parlamento por este tema. A mediados de junio, dijo en la Comisión de Salud del Senado que la decisión de bajar la inhabilitación había respondido estrictamente a criterios jurídicos y a antecedentes de casos similares.
"No hubo en este caso ningún tipo de apartamiento de las normas y mucho menos una intención de favorecer en algún sentido a la doctora Inés Miralles", había dicho la ministra de Salud Pública e insistido en que no conocía a Miralles ni tenía "vínculo alguno" con ella.
