La semana pasada, accionistas de Montecon presentaron al Poder Ejecutivo un proyecto para desarrollar una terminal multipropósito en el puerto de Montevideo. La propuesta llegó a las autoridades al mismo tiempo que avanza un arbitraje internacional iniciado contra el Estado uruguayo.
La iniciativa privada fue presentada por la empresa Inversiones Portuarias Uruguayas ante Presidencia de la República y el 6 de agosto llegó a la Administración Nacional de Puertos (ANP). Ingresó por la unidad reguladora de trámites, pasó por la secretaría general y ya se encuentra a disposición de la presidencia del organismo, según detalla el expediente al que accedió El Observador.
Inversiones Portuarias Uruguayas es una sociedad anónima controlada por Neltume Ports, consorcio conformado por la chilena Ultramar con el 60% y por la canadiense ATCO con el 40% restante, según consta en sus estados financieros.
Como operador portuario, el grupo brinda servicios de carga, descarga y almacenaje de contenedores a través de Montecon en las áreas públicas del puerto de Montevideo. A su vez, Neltume Ports, también chilena, es la accionista principal de Montecon.
Los estados financieros explican que la actividad principal consiste en realizar inversiones en otras empresas dedicadas principalmente a prestar servicios portuarios en Uruguay y Brasil.
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Montecon en el puerto de Montevideo
Diego Battiste
Fuentes portuarias informaron a El Observador que el proyecto es para la construcción de una terminal multipropósito en los muelles públicos 8, 9, 10 y el C.
Las terminales de este tipo se diseñan para manejar diferentes tipos de carga, ya sea mercadería a granel o en contenedores.
El proyecto fue presentado días después que se registrara un avance del arbitraje internacional presentado por Neltume Ports en el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial contra el Estado uruguayo por la extensión de la concesión que el gobierno brindó a Terminal Cuenca del Plata (TCP, propiedad mayoritaria de la multinacional belga Katoen Natie, con participación estatal). Ese acuerdo otorgó a TCP prioridad de atraque para barcos portacontenedores.
El 30 de julio quedó conformado el tribunal encargado de dirimir la disputa que será presidido por Alfredo Baullard, junto a los árbitros Valeria Galíndez (nombrada por la parte demandante) y Loretta Malintoppi (designada por el gobierno uruguayo).
Neltume Ports fundó el arbitraje en el entendido que el gobierno, con la prórroga de la concesión a Katoen Natie, violó el Acuerdo de Promoción de Inversiones suscrito con Chile.
Al inicio de la acción internacional, la compañía había indicado a través de un comunicado que la decisión uruguaya impedía a Montecon “transferir y almacenar contenedores en los muelles públicos del puerto de Montevideo, al tiempo que desconocen el régimen legal de libre competencia aplicable a estas actividades”. El arbitraje planteado es de US$ 600 millones.
Además, los accionistas canadienses de Neltume Ports (ATCO) también recurrieron al Ciadi, en este caso por el tratado de inversiones con su país, por US$ 240 millones.
