Este martes Joaquín Guadalupe, dirigente de Nacional que ocupa la banca de Flavio Perchman durante su licencia, presentará su primer proyecto en el cargo, vinculado a la lista de impedidos para ingresar a espectáculos deportivos, también conocida como la "lista negra".
En su lugar quedó Guadalupe, abogado que este martes planteará un proyecto en la directiva para dar más garantías a aquellas personas que sean incluidas en la lista negra, según constató Referí tras acceder al documento que presentará el dirigente suplente.
Guadalupe plantea que actualmente la ley en cuestión "presenta determinadas insuficiencias en materia de garantías individuales de las personas, debido proceso, legalidad, tipicidad y proporcionalidad de las medidas restrictivas", por lo que entiende necesaria una "revisión" para encontrar "un equilibrio razonable entre la imprescindible prevención de la violencia y la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos".
Joaquín Guadalupe, directivo de Nacional
Foto: cedida a El Observador
"La presente iniciativa procura adecuar el sistema actual al sistema de protección de garantías individuales y el debido proceso, incorporando reglas claras, procedimientos garantistas y sanciones previamente determinadas", se lee en el documento que presentará el dirigente tricolor, que como abogado defendió a los barras de Nacional acusados de lanzar una bengala a un policía en el clásico contra Peñarol de la final del Torneo Intermedio de 2025.
Guadalupe entiende que esta "reforma" es una "oportunidad para modernizar el sistema y dotarlo de mayor legitimidad", y propone que Nacional "impulse" los cambios a la normativa y dialogue con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la Secretaría Nacional del Deporte y el Ministerio del Interior para "evaluar las modificaciones legislativas y reglamentarias necesarias".
"Ningún hincha debería ser privado de concurrir a un espectáculo deportivo sin conocer previamente los hechos que se le atribuyen, sin contar con una oportunidad real de defenderse y sin que exista una norma clara que determine la consecuencia jurídica de su conducta", remarca el documento, que postula que la modificación de la ley actual "no constituye un obstáculo para la prevención de la violencia", sino que es una "condición indispensable para que esa prevención se desarrolle dentro de los principios del Estado de Derecho".
Hinchas de Nacional en la final del Torneo Intermedio 2025
Foto: Leonardo Carreño
Los cambios a la lista negra que propone el Joaquín Guadalupe
Notificación previa
En primer lugar, el proyecto indica que la legislación actual marca que los incluidos en la lista de impedidos pueden "solicitar información sobre los motivos de su incorporación y a requerir, por única vez, la revisión de la medida", pero no establece la "obligación" de notificar a estas personas de su inclusión antes de ser añadidos.
"Actualmente una persona es impedida de concurrir a espectáculos deportivos sin haber contado previamente con una oportunidad efectiva de conocer los hechos que se le atribuyen, acceder a los elementos de prueba y ejercer su defensa", se lee en el documento redactado por el directivo tricolor, que propone que la ley pase a advertir a las personas que las autoridades quieran incluir en la lista negra, y permita que estas tengan un derecho a apelar antes de ser sumadas.
De todas formas, Guadalupe propone que exista "un régimen excepcional para situaciones de riesgo grave, concreto e inminente" que permita "adoptar medidas preventivas provisionales" con "plazos breves" y "una instancia inmediata de contradicción y revisión".
Ajuste de motivos
En un segundo punto, el dirigente albo marca que la normativa debe ajustar la lista de motivos para añadir a una persona a la lista de impedidos.
Actualmente, la ley indica que se puede incluir a una persona en este grupo por "comportamientos violentos, manifestaciones agraviantes, incumplimientos de normas de seguridad, utilización de artículos no autorizados y otras conductas vinculadas con la actividad deportiva". Para Guadalupe, "algunas de estas previsiones presentan una amplitud conceptual considerable, lo que puede generar dificultades interpretativas y márgenes excesivos de discrecionalidad en su aplicación".
Para mejorar esta situación, el abogado quiere que la redacción de la ley incluya "una enumeración taxativa y detallada de las infracciones", para que "cada conducta pueda ser identificada objetivamente y que sus consecuencias sean previsibles para los ciudadanos". También se enfatiza que la redacción "deberá contemplar especialmente la protección de la libertad de expresión", para evitar que "manifestaciones de crítica, discrepancia o protesta legítima puedan equipararse automáticamente a comportamientos violentos".
Los tipos de infracciones y el pedido de revisión posterior
El tercer cambio radica en los tipos de infracciones. Actualmente la ley divide a las sanciones por infracciones "leves" (con una prohibición de ingresar a los espectáculos deportivos de seis meses a un año), "graves" (de uno a cinco años de sanción) y "gravísimas" (de cinco a 15 años de sanción), pero Guadalupe entiende que "la amplitud de los márgenes previstos y la ausencia de una correspondencia suficientemente precisa entre cada conducta y su sanción pueden generar tratamientos dispares frente a situaciones sustancialmente similares".
Para cambiar esto, el abogado busca "establecer un sistema de infracciones y sanciones específicamente determinadas, en el cual cada comportamiento tenga asignada una consecuencia jurídica definida o un margen sancionatorio acotado, atendiendo a su naturaleza y entidad".
En este sentido, también pretende que se estudie la posibilidad de "adoptar medidas alternativas a la prohibición de ingreso" en infracciones "de menor entidad". "A mayor gravedad y lesividad de la conducta, mayor podrá ser la intensidad de la medida; pero ninguna restricción debería exceder lo razonablemente necesario para proteger la seguridad del espectáculo deportivo", se lee en el documento.
El cuarto punto busca afinar el pedido de revisión posterior a la inclusión en la lista. Guadalupe quiere que exista "un recurso o mecanismo de reconsideración expresamente regulado, con plazos ciertos para su interposición y resolución", que permita presentarse ante un organismo distinto al que tomó la decisión y suspender la medida mientras se discuta su pertinencia, así como también solicitar una apelación "extraordinaria" y fuera de plazos si aparecen "hechos nuevos, pruebas relevantes o modificaciones sustanciales".
