A comienzo de año recurrieron al decreto ante el Poder Ejecutivo y al darse la denegación ficta, por falta de respuesta, se habilitó la vía para recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Ajustes en Fonasa: el detrás de una "corrección" postergada que evidenció errores de comunicación y expone al gobierno de Orsi al "costo" político.
Así tituló El Observador una noticia del 31 de diciembre de 2025. El cambio en el cálculo del Costo Promedio Equivalente (CPE) del Seguro Nacional de Salud (SNS), en base al cual se computa el aporte al Fonasa, había sido anunciado por el presidente Yamandú Orsi él último viernes del año, en una conversación informal con periodistas en la Torre Ejecutiva. Con la autorización del mandatario, se informó en los noticieros centrales de ese día, lo que generó alarma.
Tras el anuncio, el sábado 27 el Ministerio de Economía debió publicar un tuit institucional con aclaraciones y el lunes 29 el ministro de Economía, Gabriel Oddone, debió hacer una conferencia de prensa. Días después se emitió el decreto. La decisión implica que entre 60 mil y 70 mil personas –de un total de 155 mil que aun en este 2026 la percibieron– dejarán de cobrar la devolución de Fonasa o recibirán menos dinero.
Desde la oposición se acusó al gobierno de “confiscar” la devolución, a la que tienen derecho quienes perciben ingresos superiores a $138 mil mensuales, con variaciones según si tienen cónyuge e hijos.
Escribanos, abogados, contadores, odontólogos, defensores públicos y otros profesionales recurrieron en ese momento el decreto del Poder Ejecutivo dictado el 26 de diciembre de 2025.
La Asociación de Escribanos del Uruguay, presidida por la escribana Susana Barreto, fue de las primeras en cuestionar la legitimidad de la solución reglamentaria, a la que se sumó luego el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, que expresó preocupación por los criterios técnicos utilizados por el Poder Ejecutivo en el decreto.
Lo mismo expresaron el Colegio de Abogados del Uruguay y colegios de abogados del interior del país como los de Maldonado, Salto y Rivera, la Asociación Odontológica, defensores públicos, entre otros colectivos.
Vencido el plazo que tiene la Administración para contestar al recurso, operó lo que se denomina denegación ficta y que abre la vía de presentar la nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
Todos los colectivos de profesionales se unieron y serán representados por los abogados Miguel Pezzutti, profesor agregado de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Udelar y Diego Pescadere, expresidente del Colegio de Abogados del Uruguay. Ambos profesionales, expertos en Tributos de la Seguridad Social, patrocinarán igualmente a los otros colectivos.
Los juristas confirmaron la noticia a El Observador aunque por el momento no quisieron adelantar los argumentos del recurso que probablemente será presentado en los próximos días.
El gremio de contadores había expresado que el cambio en la metodología del CPE haría "más difícil que los aportantes alcancen el monto necesario para acceder a la devolución, afectando especialmente a quienes facturan servicios personales". Por ese motivo habían solicitado al Poder Ejecutivo el acceso a los informes técnicos que fundamentan la nueva metodología de cálculo, al tiempo que pidieron que se suspendiera la vigencia del nuevo régimen.
Dentro del gobierno la iniciativa partió del Ministerio de Economía y se explicó que se hizo para corregir dos “errores de diseño” en el Fonasa aunque involucró consultas también a los ministros Cristina Lustemberg (Salud), Juan Castillo (Trabajo) y Gonzalo Civila (Desarrollo Social).
El gobierno justificó que la decisión se tomó en ese momento porque es precisamente en diciembre –al igual que en julio– cuando se ajustan los parámetros del sistema de salud para el semestre. Se explicó que se decidió hacerlo en diciembre para que rija para todos los aportes a partir del 1° de enero de 2026.
El subsecretario de Economía Martín Vallcorba, dijo por esos días en una entrevista con En Perspectiva que los “servicios técnicos” de la cartera ya habían puesto “sobre la mesa” la propuesta en 2019, pero que aquella administración lo descartó por ser año electoral y “por todo este ruido que genera”. Según Vallcorba, los técnicos también lo plantearon bajo el ministerio de Azucena Arbeleche, pero tampoco hubo cambios. “Si las cosas que no se hacen bien no las corrigiéramos por el costo que nos pueda generar, realmente creo que como gobierno estaríamos haciendo mal las cosas”, defendió.
