La Justicia prorrogó las medidas cautelares impuestas al exsenador Charles Carrera, imputado por irregularidades en la gestión de la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017. En las últimas horas, el Juzgado de Crimen Organizado decidió extender las medidas de fijación de domicilio y cierre de fronteras hasta el 10 de junio de 2026.
Esta prórroga se dio tras el vencimiento del plazo establecido anteriormente, y fue confirmada poco después por el Tribunal de Apelaciones en lo penal de 2° Turno, que ratificó las decisiones del Juzgado de Crimen Organizado, las cuales habían sido impugnadas por la Fiscalía.
El caso se originó el 11 de junio de 2025, cuando Carrera fue imputado por los presuntos delitos de fraude, falsificación ideológica y uso indebido de información privilegiada. La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2do turno había solicitado varias medidas cautelares para el exsenador, incluyendo el cierre de fronteras, la prisión domiciliaria con tobillera electrónica y la prohibición de uso de redes sociales. Sin embargo, el Juzgado de Crimen Organizado solo accedió a la medida de fijación de domicilio y cierre de fronteras.
El 17 de octubre de ese año, el Tribunal de Apelaciones en lo penal de 2° Turno confirmó la formalización de la investigación y la imputación por los delitos de fraude y uso indebido de información privilegiada, pero revocó el cargo de falsificación ideológica por funcionario público.
A pesar de que la Fiscalía solicitó en noviembre de 2025 la sustitución de las medidas cautelares por prisión domiciliaria, el tribunal prorrogó las medidas existentes hasta el 5 de febrero de 2026, pero no concedió la prisión domiciliaria. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía, que volvió a solicitar una prórroga de las cautelares en los mismos términos previos, lo que fue finalmente aprobado hasta el 10 de junio de 2026.
En diciembre del año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA aceptó tramitar la denuncia del exsenador del Frente Amplio, Charles Carrera, por espionaje ilegal y persecución política. Carrera afirmó que fue víctima de vigilancia política, la falta de investigación de hechos graves y un patrón de hostigamiento judicial que afectó sus derechos, libertad de expresión y garantías del debido proceso.
El exlegislador consideró en ese momento que, aunque esta decisión no es una sentencia, tiene una gran relevancia. La CIDH considera que existen elementos suficientes para analizar el caso a nivel internacional, lo que obligaría al Estado uruguayo a dar explicaciones ante el sistema interamericano de derechos humanos.
