El gobierno de Yamandú Orsi sostuvo que uno de los “seis faros” que regirán las políticas públicas en el período es el de la seguridad ¿cuánto se destina a la principal preocupación de los uruguayos?
Carlos Negro
X - Ministerio del InteriorEl primer agosto de un nuevo gobierno es sinónimo del presupuesto que marcará el rumbo de los cinco años y por eso resulta lógico también que la primera semana de setiembre se dedique a desgranar la propuesta legislativa.
En varias presentaciones que se han hecho, en la exposición de motivos que acompaña los 714 artículos del proyecto de ley y en un documento que circuló entre dirigentes del FA, el gobierno de Yamandú Orsi, sostuvo que uno de los “seis faros” que regirán las políticas públicas en el período es el de la seguridad, junto a la primera infancia, la salud, la educación, el transporte y el “Uruguay productivo”.
En la newsletter EnClave de hoy me centraré en este tema, que sigue siendo el que más preocupa a los uruguayos, y para evaluar la priorización que se le da, realizaré una comparación con lo que se prometió en las 63 prioridades -14 eran sobre seguridad- anunciadas en marzo.
En la exposición de motivos del proyecto se destacan algunos datos preocupantes que muestran donde estamos parados en materia de inseguridad:
A grandes rasgos se puede concluir que la seguridad es uno de los ejes que se priorizan en el presupuesto y que el proyecto traza los lineaminetos para concretar algunas de las medidas anunciadas en la campaña pero no todas. De hecho ocurre que en la exposición de motivos se señalan medidas que no se ven reflejadas en el articulado, lo que demuestra que se hacen pasar como concreciones, anuncios que no lo son.
Tomando las 14 propuestas destinadas a seguridad dentro de las 63 prioridades que el gobierno anunció en marzo, ¿cuántas de esas medidas se ven reflejadas en el presupuesto?
Dos de ellas eran la Implementación del Plan más barrio y la instalación de comisarios móviles.
En la exposición de motivos del proyecto se señala que el programa Más Barrio combinará intervenciones urbanas, habitacionales, sociales y de seguridad en zonas estratégicas orientado a la pacificación y la mejora de la convivencia pero en el articulado no se menciona el programa ni el tipo de intervenciones que se prevén realizar.
También se afirma que se incluyen recursos para la implementación del Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035 y se menciona concretamente la adquisición de drones autónomos; tótems para reportar emergencias policiales y para realizar trámites y denuncias; comisarías móviles con sistema de videovigilancia; sistema de reconocimiento de matrículas (LPR) que se instalarán en peajes; y anillos digitales tipo “pórticos” en rutas y caminos en el área metropolitana y en la frontera, con cámaras de seguridad para detección de vehículos.
En el articulado ese anuncio se ve reflejado en el artículo 114, donde se asigna al Plan Nacional de Seguridad Pública una partida de $ 100 millones para el año 2027 y una de $ 150 millones para el 2028. No se especifica a qué se destinarán esas partidas.
También se destina una partida de $ 8,8 millones para 2026 y una de $9 millones para 2027, “para contratar becarios para el desempeño de tareas de apoyo administrativo y atención al público en comisarías”. Asimismo se permite reasignar créditos "del cese en las contrataciones de retirados policiales” a la contratación de becarios.
Otra prioridad del gobierno era transformar a las cárceles en un servicio descentralizado, sacándolas del Ministerio del Interior (lo que se pensaba incluir en la creación del Ministerio de Justicia), y luego se proponía para las cárceles una campaña nacional de alfabetización para 3.500 presos.
Ambas propuestas están mencionadas en la exposición de motivos en la categoría de “Intervenciones de diseño” (a futuro). En el caso del plan de alfabetización se lo asignan al Ministerio de Educación pero del articulado del MEC no surge que se asignan recursos ni se menciona que se impartirá educación a personas privadas de libertad.
Sí se destinan recursos a la creación de un programa la reinserción social de la población privada de libertad y la disminución de la reincidencia (artículo 130) para que se asignan una partida de $ 50 millones para 2026 y otra de $ 45 millones para 2027.
En el mensaje que se adjuntó se afirma que se incluyen “partidas adicionales para la construcción de nuevos módulos” y se menciona concretamente 1.430 plazas en la Unidad Penitenciaria Nº 3, Libertad y 1.015 en Punta Rieles a través de la modalidad de proyectos de participación público privada (PPP).
Sin embargo, esas plazas ya están en proceso de construcción -de hecho en el articulado no figuran partidas con ese destino-. El módulo de Punta Rieles, destinado a mujeres, se prevé que se inaugure en el primer trimestre de 2026 mientras que los módulos de Libertad se inaugurarán este año.
Otra de las prioridades que no se ven reflejadas en el articulado es la creación de 2.000 nuevos cargos policiales durante el periodo para reforzar la capacidad operativa, anunciado en Colonia y también en las prioridades de marzo.
La exposición señala que se prevé el llenado de 1.000 vacantes y la creación de nuevos cargos.
En el articulado se crean efectivamente 1.000 cargos pero son para el INR (cárceles) y no para el patrullaje de calle. En el artículo 127 se crean 500 cargos de agente para las cárceles (200 en 2027, 200 en 2028 y 100 en 2029). También se asignan partidas de un máximo de $10.000 para el personal que desempeñe efectivamente funciones de mayor responsabilidad, dedicación y especialización en las cárceles.
En materia de cámaras de videovigilancia se había prometido llevarlas a 20.000 en total. Sin embargo, se destinan recursos para pagar el arrendamiento pero no para adquirir nuevos dispositivos. El artículo 111 dispone de $ 100 millones para 2026, $ 200 millones para 2027, y $ 280 millones para 2028, con destino al arrendamiento. En el último año se compraron 5.300 cámaras y por ellas, y por las instaladas anteriormente se debe pagar el arrendamiento.
Con respecto a la prioridad de desarrollar la Policía Comunitaria y el PADO como sistemas de videovigilancia, el proyecto de ley crea la Dirección Nacional de Policía Comunitaria Orientada a Problemas, dependiente del director de la Policía Nacional (artículo 121) con el objetivo de promover la prevención del delito a través de propuestas de trabajo focalizadas y en diálogo con la comunidad.
También se cumple con la incorporación de dispositivos móviles para la protección de mujeres víctimas de violencia de género. Los artículos 112 y 113 disponen de una partida anual de $ 50 millones para el arrendamiento de dispositivos electrónicos de monitoreo de personas para la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, y $ 55 millones para comprar tobilleras destinadas a agresor y víctima de violencia doméstica. No maneja cifras de cuántas se comprarán aunque en las prioridades se mencionaban 2.000.
Otro eje prioritario era la creación y puesta en funcionamiento del Sistema Integral de la Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico (Silccon) junto al Centro Coordinador de Seguridad Fronteriza.
Cuando miramos el articulado en busca de estos cometidos figura la creación de Dirección General de Lucha Contra el Lavado de Activos, como unidad policial especializada (artículo 95), que dependerá de la Dirección de Investigaciones.
No figura la creación e Implementación de un Centro Coordinador Unificado de Seguridad en las Fronteras que como cuenta esta nota de Ramiro Pisabarro de hoy quedó por el camino. Lo único que se destina a fronteras está en el artículo 72 del proyecto y son partidas anuales de $ 1 millón para el Estado Mayor de la Defensa, de $ 2,5 millones al Ejército, y de $ 1,5 millones a la Armada, "con destino a los gastos que generan las actividades en la zona fronteriza".
El mensaje que acompaña el proyecto destaca que en la lucha contra el cibercrimen se dotó a la Fiscalía General de la Nación con recursos para la apertura de una Fiscalía de Cibercrimen (se habían pedido dos). También se destaca la creación en Montevideo de una nueva Fiscalía en violencia doméstica y género, así como dos Juzgados en el interior del país, un juzgado y fiscalía en Ciudad del Plata, donde se constata una brecha entre el crecimiento poblacional y las capacidades instaladas, y la creación de una escuela de fiscales para que quienes ingresen como fiscales tengan una mejor preparación, un objetivo que le quitaba el sueño a la actual fiscal de Corte, Mónica Ferrero.
Como anunció el gobierno será enviado aparte la creación y puesta en funcionamiento del Ministerio de Justicia, que motivará un debate parlamentario aparte, pero se incluyó uno de las propuestas que el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz impulsó como es la Secretaria de Litigio Estratégico, para unificar la abogacía del Estado, sobre todo en lo relativo a las demandas de alta complejidad tanto antre tribunales locales como en arbitrajes internacionales.