Mejor se mide, mejor se ayuda

Córdoba es psicóloga y su primer acercamiento a las políticas de discapacidad fue luego de que había egresado de la facultad, cuando se incorporó al campo profesional. Al momento de pensar en discapacidad, Córdoba se vale del marco teórico que la Organización Mundial de la Salud (OMS) propone para definirla. Según este parámetro, aparece “cuando una persona tiene una condición de salud que puede ser un diagnóstico o una condición de salud general, algo que le genere una limitación de las funciones como por ejemplo ver, oír o caminar”, explicó Córdoba.

Sin embargo, la investigadora explica que si bien tener un diagnóstico y convivir con una condición de salud es un factor determinante, lo que configura la discapacidad tiene que ver con las barreras que surgen en el entorno y la imposibilidad de encontrar una ayuda que habilite a la persona a compensar esa limitación: “Uno puede tener un diagnóstico, la diferencia o la existencia de la discapacidad se da por los recursos que pueda tener en la vuelta”.

Además, Córdoba insiste en vincular el estudio de la discapacidad con el de la dependencia desde una mirada “interseccional”, ya que ambos conceptos confluyen cuando “aquellas personas requieren de ayuda de una tercera persona”. Según la psicóloga, el proceso de estimar la dependencia —saber cuántos son y qué necesitan— es complejo porque la información es relevada en función de lo que cuenta el involucrado o el referente en el cuidado, cuando se tiene una dependencia o una discapacidad muy severa.

Córdoba advierte sobre esta estimación de la dependencia a través de la autodeclaración: “cómo se construye la necesidad de pedir ayuda o el poder decirlo tiene que ver con las dimensiones psicológicas de las personas”. Es decir, si “la persona en función de lo que conoce y lo que le pasa, realmente puede explicar lo que necesita”.

Afinar el instrumento

Colacce, doctora en Economía, expresa que el interés conjunto que motivó al grupo a investigar tuvo que ver con la apreciación de que en Uruguay las políticas enfocadas en esta población no se diseñan con la misma urgencia o presupuesto que las de primera infancia. Está la idea de que “los que cuidan a las personas mayores no son productivos y la carga de cuidados de las personas mayores o de los hijos e hijas” está asociada a “cuidados de supervisión o eventos esporádicos que no generan una restricción tan importante en lo laboral”, sostiene.

En esta línea, Colacce asevera que hay otro diferencial con el abordaje de la dependencia en la infancia, ya que “no todas las personas mayores o con discapacidad son dependientes”. En este sentido, considera que “hay que evaluar el baremo de valoración de la dependencia”, instrumento que permite determinar si las personas tienen un grado moderado, severo o a grandes niveles, dado que “la demarcación de la población objetivo del sistema o las políticas de cuidados es un mundo distinto”.Colacce agrega que “hay algunas personas que no pueden estar solas, otras que no tienen ningún tipo de dependencia, así como aquellas que van a necesitar ayudas muy puntuales”.

La heterogeneidad en esta población llevó a las investigadoras a comparar la necesidad de ayuda específica autodeclarada por las personas con el nivel de dependencia que determina el baremo. Y a analizar si las ayudas que se brindan en el programa de asistentes personales, por ejemplo, son adecuadas en todos los casos. Colacce dice al respecto que “hay personas que tienen dependencia severa y que pueden necesitar ayudas más concretas”, como “una organización del hogar, con adaptaciones que les permitan ser mucho más autónomos”.

En relación a los instrumentos de medición, se encuentra en tratamiento de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores un proyecto de ley remitido al Parlamento para la creación de un “baremo único nacional”, que fijará el Poder Ejecutivo a través del Consejo Asesor de Expertos en Instrumentos de Medición de Discapacidad. Según la directora de Discapacidad, Karen Sass, con su aprobación el proyecto permitirá que este instrumento, “que se viene trabajando hace más de tres años por un grupo interinstitucional”, se unifique en un sólo trámite, para valorar de manera eficiente la discapacidad de los uruguayos además de influir en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad.

*Titulada “Medición de la dependencia en Uruguay. Contexto y estimación de la prevalencia”.