El Directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió la disolución y liquidación de la corredora de bolsa Pérez Marexiano. La institución financiera ya había intervenido la empresa debido a que un informe de la Superintendencia de Servicios Financieros señaló una serie de irregularidades operativas.
Según señalan las denuncias que la Fiscalía viene indagando, hay indicios de que por lo menos los titulares de Pérez Marexiano estuvieron omisos en controlar lo hecho por Ignacio González Palombo, quien se hacía pasar por corredor de la empresa y captó millones de dólares que supuestamente invertía en la bolsa de Estados Unidos, pero estafó a sus clientes y se quedó con su dinero.
El BCU había designado a la contadora Ana Chaves como interventora para asumir todas las competencias de los órganos sociales de la sociedad de bolsa; ahora será Chaves quien ocupe el cargo de "liquidador delegado" de la Compañía de Valores Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa S.A, según informó el área de comunicación del banco.
La resolución del Directorio afirma que la contadora en cuestión "tendrá las más amplias facultades que le asigna la ley" para ejercer su rol como "liquidador delegado", establecidas en el artículo 14 de la Ley N° 17.613 de 27 de diciembre de 2002.
El pasado lunes, la Justicia resolvió imponerles a los titulares de la corredora, la prohibición de salir del país hasta el 20 de junio mientras continúa la investigación a cargo de la fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas.
La Fiscalía consideró algunos movimientos como sospechosos. Concretamente se refirió a informes del Banco Central y de la Secretaría Antilavado que dan cuenta de que se realizaron transferencias a una empresa de cajeros automáticos de Miami por US$ 200 mil.
La fiscal Fleitas también se refirió a que le llamaba la atención que uno de los indagados le hubiera vendido los autos de alta gama a sus hijas, que justo después de ser denunciados, los traspasó. Por otro lado, hizo referencia a que ambos indagados hipotecaron sus casas en barrios privados de Carrasco, por un total de US$ 700 mil, para pagar la deuda con los clientes, según alegaron.
Si bien al comenzar la audiencia se supo que Carlos Pérez tenía intención de viajar a Miami a fin de año y hasta el 20 de enero, luego el defensor Jorge Barrera accedió a la imposición de medidas cautelares de fijar domicilio, entregar el pasaporte y no salir del país por 180 días, es decir hasta el 20 de junio.
