La discusión sobre la creación de una comisión investigadora parlamentaria por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización tendrá un nuevo capítulo cerca del cierre del verano. Según el calendario legislativo, los diputados levantarán el receso el 23 de febrero para, finalmente, poner a votación la investigadora sobre la cuestionada compra anunciada durante el velorio del expresidente José Mujica.
Ya fueron dos los intentos de la oposición para juntar la mayoría necesaria en la cámara con el mismo resultado: postergaron la votación porque no lograban asegurar los 50 votos necesarios. Y el tercer intento tiene desafíos por sortear.
Es que Cabildo Abierto, el partido opositor que más reparos ha presentado para acompañar la iniciativa, volvió a poner una condición para dar sus votos. En este caso los diputados Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita le trasladaron a sus pares colorados que están dispuestos a votar la investigadora si Vamos Uruguay se compromete públicamente a que Nicolás Chiesa, integrante del sector, comparezca ante la comisión.
¿Por qué Cabildo Abierto quiere la comparecencia del exdirector de la Granja? Chiesa intervino en la compra-venta de la estancia porque conoce a la vendedora, una mujer peruana que es la dueña de la empresa Mi Granja de la que Chiesa era apoderado. Ese rol lo llevó a ser cuestionado por el Frente Amplio en 2020 e incluso fue denunciado ante Fiscalía luego de firmar como apoderado de la empresa en una concesión con la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM). La Justicia archivó el caso pero en aquel entonces el ingeniero agrónomo dejó su cargo en el sector privado.
Chiesa, a su vez, es actualmente director de Descentralización y Participación Ciudadana en la Intendencia de Canelones. La administración de Franciso Legnani decidió darle algunos cargos de confianza a la oposición en señal de apertura.
Sin embargo, el referente colorado en el departamento canario, Walter Cervini, descartó que el sector vaya a pedirle a Chiesa que comparezca en la comisión antes de que se vote su creación. El sector colorado es el impulsor de la investigadora.
Nicolás Chiesa Instituto Nacional de Colonización
Nicolás Chiesa (segundo desde la izquierda) junto a autoridades de Colonización el día que se escrituró la compra-venta
“Esto de poner nombres es inusual. Cuando la comisión esté conformada que citen a quien tengan que citar pero primero que se vote. No sabemos ni quiénes la van a integrar y ya les estamos diciendo a quién tienen que citar, es absurdo”, dijo Cervini a El Observador.
Para Perrone es importante que el sector asuma el compromiso público porque “nadie está obligado a ir” a una investigadora. “Es la persona que más información tiene sobre la venta”, agregó en diálogo con El Observador. Para el diputado cabildante si Vamos Uruguay “quiere transparencia” tiene que “poner a sus hombres para que ayuden a clarificar todo esto”.
“La investigadora tiene que ser completa. No solo una parte o la parte que me sirve a mí investigar. Yo no digo que Chiesa haya hecho nada pero tiene cosas para aportar, para clarificar”, agregó el diputado Perrone.
En el Partido Colorado, dijeron distintos legisladores, interpretan este planteo de Perrone como una “nueva excusa” para no votar la investigadora que va en línea, según entienden, con la postura que Cabildo Abierto ha mantenido en este tiempo.
Porque no es la primera vez que el partido liderado por Guido Manini Ríos pone condiciones para acompañar la iniciativa del Partido Colorado. Cuando surgió la iniciativa de crear una comisión investigadora, a principios de agosto, Cabildo Abierto puso dos condiciones para votar su creación: que comenzara a funcionar después del tratamiento del Presupuesto (en diciembre) y que el Partido Nacional y el Partido Colorado aseguraran todos sus votos.
Antes de la votación, y sin lograr ponerse de acuerdo con blancos y colorados, Cabildo Abierto envió una carta a la coordinación interpartidaria en la que solicitaba postergar hasta diciembre la votación de la investigadora. En el plenario, los votos del Frente Amplio y de Cabildo permitieron la postergación.
En diciembre los votos tampoco estuvieron. Sin embargo, en este caso no fue solo responsabilidad de los cabildantes. Identidad Soberana, el partido de Gustavo Salle, tampoco había fijado una posición clara –sí estaba dispuesto a votar en primera instancia– porque le generaba dudas la pertinencia de la investigación parlamentaria cuando el tema ya estaba en la Justicia. La denuncia, impulsada por el propio Salle, se presentó luego del primer intento frustrado.
Incluso, en diciembre, había legisladores blancos que entendían que era mejor dejar la votación para el arranque del año. En menos de un mes y medio, el tema se volverá a poner a consideración del plenario pero, hasta ahora, no están los votos para que se apruebe.
Los cuestionamientos
Las 4.000 hectáreas de la estancia María Dolores fueron adquiridas por un valor de US$ 32,5 millones y el Instituto Nacional de Colonización pretende desarrollar un proyecto lechero en el lugar.
Los argumentos para impulsar una investigadora están vinculados, sobre todo, al proceso para concretar la compra (falta de quórum en el directorio, ocultamiento de información, desorden de los expedientes y cambio de fechas en los informes jurídicos), según planteó en su momento el diputado colorado Juan Martín Jorge.
La compra fue observada por el Tribunal de Cuentas por cuatro motivos. Señalaron que incumplía el artículo 15 del TOCAF porque Colonización tenía no tenía disponibilidad presupuestal; que el gasto superaba la asignación presupuestal anual del organismo; que la compra directa, de acuerdo a la ley de Colonización, requiere de 4 de los 5 votos del Directorio (y hubo tres), y que hay una prenda sobre el sistema de riego e incluso no surge si está incluido.
Pese a la observación, que fue aprobada por mayoría de 4 a 3 con el respaldo de los ministros designados por blancos y colorados, la compra fue ratificada por Presidencia.
El precio, otro de los puntos cuestionados en su momento por la oposición, no es un tema para Cabildo Abierto. “No hay sobreprecio y tengo argumentos para demostrarlo”, agregó Perrone.
