Son llamadas "mulas financieras" por la Fiscalía. Se trató de dos trabajadores exafiliados al Sunca y de dos conocidos del presidente del Fondo Social de la Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), Bruno Bertolio, ya condenado, a los que él les pedía que le dieron su cuenta para transferirles dinero que luego debían entregarle en efectivo o en transferencia, y que tenían como finalidad apropiarse del dinero del fondo que en total llegó al US$ 1 millón.
La teoría que la Fiscalía investiga es que ese dinero iba destinado a la financiación de campañas políticas del Partido Comunista o del Sunca según dijo la fiscal Gabriela Gómez, adjunta de la fiscalía de Delitos Económicos de 3er Turno, quien actuó junto a su colega Silvia Monzón, en la audiencia que presenció El Observador.
Tras llegar a un acuerdo abreviado con la fiscalía, el juez de Crimen Organizado Fernando Islas condenó a los cuatro por reiterados delitos de apropiación indebida en calidad de coautores y asistencia al lavado de activos como autores en el marco del caso que investiga la Justicia por el desvío de dinero del Fondo Social de la Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), según la audiencia que presenció El Observador.
Los condenados son dos exsindicalistas Nicolás Mañana y Carlos Larrosa, y Viviana Aguilar y Diego Almeida, un matrimonio de Tacuarembó amigo de Bertolio.
Los cuatro recibieron dinero en el marco de maniobras de apropiación indebida pero no participaron de las decisiones del grupo organizado delictivo sino que "ejecutaron sus acciones bajo directivas de Bertolio", dijo la fiscal Gómez en la audiencia.
"Han colaborado o prestado actividad al facilitar sus cuentas bancarias, recibir dinero y derivarlo con conocimiento directo de su fin ilegítimo", amplió la fiscal.
El total del dinero que recibieron por transferencia del Fosvoc fue de $14.825.000.
En el caso de Almeida recibió $5.986498 en tres cuentas bancarias, Aguilar recibió 18 transferencias por un total de $3.144.196, mientras que Larrosa fue destinatario de mover $4.131.926 que recibió en 24 transferencias y Mañana $ 4.430.326 en 18 transferencias.
Aguilar fue condenada a 16 meses de prisión, al igual que Mañana. Almeida y Larrosa, en tanto, fueron condenados a 20 y 18 meses de prisión, respectivamente.
En todos los casos cumplirán la condena en el régimen de libertad a prueba, con la obligación de fijar domicilio, presentarse en la seccional policial de su zona de vivienda una vez por semana y realizar servicios comunitarios de cuatro horas semanales durante 10 meses. Los dos exsindicalistas estuvieron representados por la defensora pública Sofía Pereyra y los otros dos por la también defensora pública María Pía Pardo.
La fiscalia liderada por el fiscal Gilberto Rodríguez, ya obtuvo la condena de los exsindicalistas Santiago Bernaola, Bruno Bertolio, Víctor Rivero, y también de Stella Rey. Todos ellos condenados por delitos de asociación para delinquir, junto con asistencia al lavado y estafa.
El proceso investigativo inició meses atrás por el desvío de fondos del Fosvoc durante los años 2023 y 2024.
Este hecho fue denunciado tras una auditoría al fondo que detectó transferencias irregulares de dinero y préstamos otorgados sin justificación.
Además de los ya mencionados, hay otros implicados, que también recibieron dinero en sus cuentas, entre ellos Robert Martínez, Juan Ortiz, John Fernández, Alejandro Lyon, María Cuello, Andy Raimond, Miguel Duarte o Pilar Ferreira Cuello.
No se devolvió el dinero robado
Si bien la Fiscalía no tiene pruebas sobre que los cuatro condenados hayan recibido parte del dinero que transfirieron, el abogado que representa al Fosvoc, Oscar López Goldaracena, no cree viable esa posibilidad.
En la audiencia cuando el juez Islas lo consultó sobre el pedido de imputación primero, y luego sobre el acuerdo para llegar a una condena, dijo estar de acuerdo con las penas solicitadas pero objetó que no se haya hecho nada en procura de que se devuelva el dinero que se le robó a los trabajadores.
Al opinar sobre el acuerdo abreviado dijo que "no estaba de acuerdo" porque al evitarse el juicio van a quedar "algunas cosas sin saberse". Valoró que cada uno se llevó US$ 100.000 en promedio y ese dinero debería recuperarse.
"Me parece totalmente innecesario, los comentarios están de más", le reprocho la defensora Pereyra luego de que la fiscal había relatado el acuerdo al que llegaron las partes.
Si bien el caso tiene otros indagados, con respecto a estas personas el proceso se cierra acá.
El caso se retomará luego de la feria judicial de enero.
