Las reacciones de parte de la oposición no se hicieron esperar por el artículo del Presupuesto que propone que la Dirección General de Impositiva (DGI) pueda levantar el secreto bancario sin la necesidad de una intervención judicial, y acusaron que esta medida implicaría un "cheque en blanco a la impositiva".
El artículo 635 del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo establece que la DGI, en el marco de sus investigaciones y fiscalizaciones, pueda levantar el secreto bancario sin la necesidad de que exista una orden judicial, tal y como informó El Observador este miércoles. Actualmente se requiere una disposición de la Justicia que autorice la medida.
El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala calificó el hecho de "cheque en blanco" para esta dirección del Estado. Para el nacionalista "es una pésima solución y violatoria de las garantías vigentes".
"Creo que podríamos estar frente a una derogación tácita del secreto bancario", dijo Abdala en diálogo con El Observador, quien además calificó a la redacción del artículo como "confusa".
El artículo en cuestión establece que, en cumplimiento de solicitudes expresas y fundadas por parte de la autoridad competente de un Estado extranjero, la DGI "podrá requerir a las entidades financieras obligadas a informar (...) respecto de cuentas financieras, productos, servicios y cualquier operación, relativas a personas físicas, jurídicas u otras entidades"
Aclara la norma que “incumplir con esa obligación" le genera a la institución financiera sanciones económicas que pueden llegar a “mil veces el valor máximo de la multa" establecida en el Código Tributario, además de que el Banco Central del Uruguay puede aplicar las sanciones previstas en el Decreto-Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982.
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El también senador nacionalista Sebastián da Silva fue otro de los que cuestionaron este apartado. "Esto es gravísimo. Se terminó el secreto tributario", escribió Da Silva este miércoles en sus redes sociales.
El oficialismo tiene mayoría en la Cámara de Senadores, pero no en la Cámara de Representantes. En este último recinto tampoco la coalición opositora tiene mayorías. Cada cámara parlamentaria tiene 45 días para discutir y aprobar el proyecto, que incluye este y otros artículos.
