El fiscal de Lavado Enrique Rodríguez logró la condena por lavado de activos de una mujer que era pareja de un narco asesinado en 2024, luego de probar que había convertido el dinero robado por su marido en “operaciones económicas y patrimoniales (...) pese a carecer de ingresos".
La mujer, defendida por el abogado Ignacio Durán fue condenada en la tarde del jueves por el juez de Crimen Organizado, Fernando Islas. Se llegó a un acuerdo y se cerró el caso en un acuerdo abreviado una pena de 16 meses de prisión que cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba.
La pareja de la condenada era Diego Cardozo Merladet, quién había sido condenado en titular noviembre de 2018, como autor penalmente responsable de un delito de rapiña especialmente agravada por el uso de arma de fuego, un delito de asociación para delinquir especialmente agravado, un delito de atentado agravado y un delito de porte de arma por reincidencia, un delito de arma modificada, tras robar un cajero automático BROU en José Batlle y Ordoñez y Bell.
Al recuperar la libertad en 2022 la fiscalía de estupefacientes lo comenzó a indagar como sospechoso de integrar una banda delictiva dedicada a la comercialización de estupefacientes, el tráfico de armas de fuego y municiones, entre otros.
La investigación concluyó que Cardozo integró esa banda criminal, “ocupando un rol protagónico, poseyendo un mando medio, pudiendo impartir órdenes”.
Fue asesinado el 20 de agosto de 2024 fue asesinado y hay una persona condenada porese homicidio en el juzgado de Ciudad de la Costa.
De acuerdo con la acusación fiscal, entre 2023-2024, tanto la mujer como Cardozo compraron y vendieron (en conjunto y por separado) un Audi SUV (US$ 40.000), Volkswagen Vento (US$ 46.000), Volkswagen Taos SUV (US$ 42.290), Fiat Strada (US$ 24.192) y Chevrolet Cruze (254.904 UI).
En 2023 ella compró un inmueble en Ciudad de la Costa por US$ 110.000, mediante una letra de cambio del Banco Santander por US$ 40.000 y US$ 70.000 en efectivo. Al realizar la compraventa, “declaró que sus ingresos provenían de ahorros personales basados en venta de ropa informal, lo que no condice con las importantes sumas utilizadas para la adquisición de los bienes referidos”.
En 2024 ambos adquirieron un inmueble en Guazuvirá por la suma de US$ 32.000, los adquirentes manifestaron que sus ingresos provenían de ahorros personales.
La Justicia decomisó dos inmuebles -un terreno y una casa- por fondos que superan los US$ 210.000 que irán para la Junta de Drogas.
La fiscalía concluyó que “teniendo conocimiento de la procedencia ilícita del dinero que utilizaba el Sr. Cardozo, igualmente participó con el mismo en la adquisición de diversos bienes muebles e inmuebles, ocultando el verdadero origen y real naturaleza de dicho dinero”.
Además, la Justicia determinó que la condenada debe residir en un lugar "donde sea posible la supervisión” de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas del Ministerio del Interior, deberá presentarse semanalmente en la seccional policial de su barrio y realizar tareas comunitarias de dos horas semanales durante cinco meses.
