Ante las dificultades para conseguir un lugar donde alojar a personas en situación de calle en Paysandú, la directora departamental del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), María Inés Firpo, puso a disposición una vivienda de su propiedad. La decisión desató una polémica en julio, cuando la oposición denunció improvisación y el ministro Gonzalo Civila defendió la iniciativa.
Cuatro meses después, la gestión de los refugios en Paysandú vuelve a estar bajo cuestionamiento, esta vez por los cambios previstos en la administración de los centros, el destino del ex Sanatorio Pasteur y la falta de información sobre su funcionamiento.
El diputado nacionalista Fermín Farinha presentó un pedido de informes al Mides y reclamó explicaciones sobre el futuro del refugio Santa Elena y del nuevo dispositivo proyectado en el ex Pasteur, en un departamento donde, según el legislador, se han registrado picos de más de 100 personas en situación de calle.
"Se suceden los anuncios, las marchas y contramarchas, los cambios de gestión y las inversiones de recursos públicos, pero siguen faltando certezas. Es un proceso que se ha desarrollado de espaldas a la gente, falta información y transparencia", cuestionó Farinha.
De la casa de la directora a los cambios de gestión
La controversia comenzó en julio, cuando Farinha denunció que la directora departamental había puesto a disposición una vivienda propia para ampliar la atención a personas en situación de calle. El legislador cuestionó las condiciones del inmueble, sus habilitaciones y los recursos destinados a su funcionamiento.
Civila salió entonces en defensa de Firpo y aseguró que la vivienda había sido cedida gratuitamente y que la propia jerarca pagaba los servicios. "A nosotros nos enorgullece tener un equipo que cuando las circunstancias lo exigen, está dispuesto a poner lo que sea para atender a la gente", afirmó el ministro.
Ahora, la discusión se trasladó al futuro de los dispositivos de atención. Según la información difundida por Farinha, el próximo 1° de diciembre está previsto que la cooperativa Baiporá sustituya al Claeh en la gestión del refugio Santa Elena y asuma también la administración del ex Sanatorio Pasteur.
Sin embargo, el diputado señaló que Firpo había afirmado que el ex Pasteur no funcionaría como refugio, por lo que reclamó conocer qué destino tendrá el inmueble y cómo se reorganizará la atención. "Si el ex Pasteur no será un refugio, ¿se mantendrá Santa Elena? ¿Qué función concreta tendrá cada dispositivo? Antes de sumar gastos, expliquemos qué problema se busca resolver", planteó.
El 26 de octubre, Farinha presentó un pedido de informes en el Parlamento para conocer los contratos, inversiones, habilitaciones, capacidad de alojamiento, condiciones de seguridad y mecanismos de control del nuevo dispositivo.
El reclamo para incluir a Paysandú en un nuevo programa
En paralelo, el diputado propuso incorporar a Paysandú al programa piloto Habitar, Convivir y Producir, presentado por Civila el 29 de octubre como parte de la estrategia nacional para abordar la situación de calle.
La iniciativa prevé experiencias comunitarias de convivencia, trabajo y producción rural para promover la autonomía de las personas atendidas.
Las primeras experiencias fueron anunciadas para Maldonado, Colonia y Río Negro, pero no para Paysandú. "Si el propio Ministerio propone un camino de trabajo y autonomía, ¿por qué no impulsarlo también aquí?", cuestionó Farinha.
El legislador sostuvo que la respuesta del Estado no puede limitarse a administrar cupos de alojamiento y reclamó alternativas de capacitación e inserción laboral. "No podemos resignarnos a administrar la emergencia ni a crear dispositivos que terminen concentrando personas sin alternativas. Necesitamos espacios dignos, capacitación, trabajo y oportunidades reales de salida", afirmó.
Mientras tanto, el Mides deberá responder las interrogantes sobre el futuro de Santa Elena, la función del ex Sanatorio Pasteur y los cambios de gestión anunciados para diciembre, en un departamento donde la atención a las personas en situación de calle ya había generado una controversia por la utilización de una vivienda particular de su máxima autoridad local.
