A pedido de la defensa del exsenador Charles Carrera, la fiscal de Delitos Económicos Silvia Porteiro comenzó a tomar declaraciones esta semana a los testigos propuestos por el abogado Juan Manuel González Rossi, quién intenta demostrar que el exdirector de Secretaría del Ministerio del Interior "no hubo un móvil espurio" al brindarle atención médica en el Hospital Policial a Víctor Hernández, luego de que perdiera la movilidad por una bala perdida que supuestamente salió de la casa de un comisario en La Paloma, donde se realizaba una fiesta.
La fiscal Porteiro afirmó en su escrito de pedido de desafuero al Parlamento que Carrera “se extralimitó ostensiblemente en sus deberes” ya que a través de actos arbitrarios perjudicó a la administración, con el fin de favorecimiento económico a particulares”. Estimó que las prestaciones otorgadas a Hernández totalizaron U$S 260.350 y que la situación en la que se encontraba el paciente en el Hospital Policial era “anómala, indebida e irregular” porque “no era funcionario policial, ni familiar de policía, ni ingresa en las categorías lógicas de autorizaciones especiales”.
Sin embargo, el abogado de Carrera argumentó ante la Fiscalía que esa atención médica estuvo comprendida por las autorizaciones especiales que podía otorgar el director de Sanidad Policial. Para explicar esas situaciones propuso como uno de los testigos a un exfuncionario de Sanidad Policial, dijeron fuentes del caso a El Observador.
En entrevista con En Perspectiva hace un mes, cuando se conoció el pedido de desafuero de la fiscal Porteiro, González Rossi afirmó que el director de Sanidad Policial "cuenta con discrecionalidad para dar autorizaciones especiales" a personas no comprendidas por la normativa y señaló que se dan unas 200 autorizaciones de ese tipo por año.
El caso de Hernández contó con la autorización de Sanidad Policial y en esa entrevista el defensor arugmentó también que Carrera como director de Secretaria del Ministerio del Interior no tenía potestad para darle órdens al jefe de sanidad porque no era su jerarca.
Asimismo, declararon este martes el ex subsecretario del Ministerio del Interior y exintegrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Faroppa y lo había hecho ya el abogado de Ielsur Martín Fernández. El motivo por el que fueron citados ambos era para acreditar que en 2012, cuando Hernández resultó baleado, desde Serpaj, Ielsur y la INDDHH tomaron conocimento de su caso y le pidieron al Ministerio del Interior que se le prestara asistencia.
Según supo El Observador por fuentes del caso, Faroppa relató también que siendo subsecretario del Interior se le ofreció atenderse en el hospital cuando tuvo un problema de salud, ofrecimiento que declinó porque se atendía con un médico especialista en su mutualista. De todos modos, indicó que existía una especia de entendimiento tácito sobre que los jerarcas del Ministerio del Interior estaban equiparados a los funcionarios policiales para atenderse en el Hospital Policial.
La semana próxima declararán más testigos
González Rossi propuso también el testimonio de una periodista que le hizo una entrevista al exdiputado del Partido Nacional José Carlos Cardoso, quien le declaró que él también le había pedido al entonces ministro Eduardo Bonomi "apoyo para la persona baleada” en La Paloma.
Los otros testigos propuestos por la defensa del exsenador Carrera son la expresidente de ASSE, Susana Muñiz y el penalista Gonzalo Fernández. En última instancia dará su declaración por segunda vez ante la jueza el propio imputado.
En el caso de Muñiz, la defensa se propone interrogarla sobre las prestaciones que podía dar ASSE en aquel momento a un usuario como era Hernández, para demostrar que sin la atención que se le brindó en el Policial no hubiera recibido atención.
En el caso de Fernández declarará como especialista en derecho penal.
Porteiro argumentó a favor de aplicar el delito de abuso innominado de funciones porque se dan los tres supuestos de esa figura: abuso del cargo, arbitrariedad y finalidad perjudicial y además no encuadra en ningún otro delito, argumentó citando al penalista Miguel Langón. La fiscal afirmó que el bien jurídico tutelado es “el normal funcionamiento de la administración” y que con este tipo de conductas “se compromete la buena imagen de la administración”.
El defensor de Carrera en cambio cree que ese delito no se aplica a la conducta del exsenador. En una entrevista con Tv Ciudad afirmó que no se trató de un acto "arbitrario". "Si reconocemos que fue una acción humanitaria, se cayó el delito", dijo.
