El ministro del Interior, Carlos Negro, sostuvo este lunes ante la bancada del Frente Amplio que hoy no está en agenda de su cartera concretar un plan de desarme civil, cuando en varias intervenciones públicas ha señalado a la circulación de armas en la sociedad como uno de los principales vectores de la violencia.
“No está dentro de la gestión del Ministerio del Interior promover el desarme de la población civil”, aseguró a El Observador el senador del MPP, Nicolás Viera, a la salida de la reunión con el ministro. “Se seguirá trabajando para el mejor registro y regulación de las armas, teniendo claro que el problema está en las armas ilegales en manos del crimen organizado y no en la población civil”.
La también emepepista Bettiana Díaz –designada como vocera tras el encuentro– ratificó que “hoy por hoy no hay ninguna campaña” de ese tipo, pero señaló que “es parte de lo que se va a discutir en el diálogo” convocado por el Ministerio del Interior para elaborar el Plan Nacional de Seguridad. Díaz agregó que allí buscarán “los puntos de contacto” con los colectivos convocados, pero que ahora “no está en agenda del ministerio”.
Desde el oficialismo indicaron a El Observador que son conscientes de las críticas que despertaron los anuncios previos al respecto y que no se va a hacer sobre lo que no haya acuerdo.
El ministro Negro y su equipo han hablado varias veces sobre el tema e incluso el jeraca había anunciado ante el Parlamento en abril un plan de desarme, aunque no especificó en qué consistía.
A fines de junio Negro dijo ante la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa que “para bajar los homicidios se deben aplicar medidas para reducir la cantidad de armas en circulación en el país”. “Nos enfrentamos a una proliferación de armas escandalosa: se habla de más de un millón de armas presentes en la población civil. ¿Cómo atacar la violencia cuando tenemos un millón de armas en manos de los uruguayos?”, declaró entonces.
Su asesor Emiliano Rojido se explayó en esa ocasión respecto a que "lo primero es mejorar los registros" a disposición del Estado con "un buen sistema de información" para saber cuáles están habilitadas, dónde están y de qué calibre son, "para no trabajar a ciegas en esa área". El sociólogo anunció ese día que estaban “trabajando en el lanzamiento de una campaña de entrega voluntaria de armas que apunta a reducir el stock de armas que hay en la sociedad”. “Muchas personas tienen el arma que era del abuelo, que no sabemos si funciona o no, que está allá en el ropero, en la parte de arriba, y que muchas veces, si entran a robar nuestras casas, la llevan", comentó.
Rojido promovió ese día que “deben sacar esas armas que mucha gente entregaría con gusto pero que no está dispuesta a utilizar” y opinó que “generar conciencia sobre que existe un riesgo de la presencia de esas armas en la sociedad” podría “en el largo plazo contribuir a posicionar el tema y a reducir la violencia armada”.
Cuestionamientos
En esa misma jornada, el exministro cabildante Raúl Lozano –quien dirigió el Servicio de Materiales y Armamento del Ejército cuando estuvo en actividad– acusó al gobierno de que “su primera medida” era “desarmar a la población honesta, medida similar a las adoptadas hace años en los regímenes de Venezuela, Cuba, Nicaragua”.
El tema despierta especiales resistencias en la Asociación Nacional de Cazadores (ANCU), cuyo presidente Martín Pastorino declaró a La Mañana que les preocupa “que se apunte al ciudadano honesto que pasa rigurosos controles para adquirir un arma y no donde está realmente el problema”.
El directivo apuntó en esa nota que el proceso para obtener el Título de Habilitación para la Tenencia de Armas (Thata) supone “controles muy rigurosos que garantizan que las armas estén en manos de personas responsables”.
La ANCU trasladó también al nuevo gobierno sus resquemores por un proyecto de ley presentado en la pasada legislatura por el exsenador Mario Bergara, hoy intendente de Montevideo. Uno de los puntos más cuestionados por este colectivo era que la iniciativa buscaba limitar de ocho a tres las armas que la normativa permite a un ciudadano poseer. “Esa es una gran interrogante. Hemos pedido reuniones con el Ministerio del Interior para aclarar estas dudas, pero aún no hemos recibido respuestas concretas”, dijo en ese reportaje de La Mañana en que defendió que la cantidad y tipo de armas depende de la modalidad de caza que cada uno practique.
