El termómetro de la camioneta marcaba unos 61° F, nada mal para una mañana de sábado en la primavera de Elizabeth, en Nueva Jersey. El uruguayo Diego Presa había aprendido a convertir los grados de Fahrenheit a Celsius en los más de cuatro años que llevaba viviendo en Estados Unidos. Manejaba tranquilo con esos 16° C, después de haber comprado unas herramientas para la construcción, cuando se quedó helado: primero fue un patrullero que le cortó el paso por delante, luego otro por detrás, a los costados… contó hasta seis vehículos de policías armados.
—¿Para qué los precisa? No he cometido ninguna infracción, vengo manejando despacio, pago todos los impuestos…
—¡Los documentos, señor!
La tensión empezó a aumentar y Diego, que ya estaba avisado de la ferocidad de las redadas contra inmigrantes latinos en Estados Unidos, supo de inmediato la que se le venía. Su caso iba a aumentar la estadística de deportados.
En 2025 fueron deportados al menos 35 uruguayos desde Estados Unidos a Uruguay, el doble que cualquiera de los dos años anteriores. Y junto a Argentina (de donde fueron deportados otros 37 compatriotas el último año) casi completan el total de 78 casos (el resto fueron deportados de otros cinco países) que registró la Oficina de Asistencia al Compatriota y a cuyas estadísticas accedió El Observador.
Pero hay una salvedad: de los deportados de Argentina, nueve de cada diez casos son por antecedentes penales. De los expulsados de Estados Unidos, siete de cada diez son por causales migratorias (algún papel fuera de regla, aunque no hayan cometido siquiera una infracción de tránsito).
Diego había llegado a Estados Unidos con su esposa y su hija con una visa de turista. Allí tenía una hermana —“que ahora tiene tanto miedo a que la deporten que se queda encerrada en la casa y solo hace compras en horas específicas”— y decidió quedarse para emprender. Trabajó para otros, luego fue ahorrando para las herramientas, para la camioneta hasta que montó su empresa propia con toda legalidad. En su imagen de Whatsapp todavía mantiene el logo de la compañía que lleva su inicial, la de su hija y el resto del nombre en inglés.
—Mi única falta, si es que eso puede llamarse una falta o delito, fue no haber logrado la residencia permanente.
Así que ni se resistió ante los uniformados. Entregó la licencia de conducir, un policía con cara de pocos amigos cotejó en el sistema y dijo:
—Es él, llévenselo.
La camioneta la dejaron abandonada con las llaves puestas en la misma calle, a solo tres cuadras de donde había comprado las herramientas. Le quitaron el celular y lo condujeron a una oficina migratoria con impronta de comisaría. Y recién unas horas después le dejaron hacer una única llamada.
Optó por comunicarse con una amiga que trabajaba en asuntos migratorios, le explicó su situación, le avisó que le habían dejado la camioneta abandonada y que por favor diera aviso a su familia. Tuvo que cortar. Lo peor estaba por llegar.
Fue a parar al Centro de detención de Delaney Hall, una cárcel que, según la ONG Global Detention Project, alberga un promedio diario de 37.722 migrantes y tiene denuncias por el trato que allí se recibe. El profesor de Biología y Química Roberto Petingi, uruguayo también, la conoce porque cada tanto la visita para dar sostén a los más necesitados, les lleva abrigos, juguetes para “los niños que separan de sus padres” e intenta que sea un poco más llevadera la estadía de quienes pasan meses allí.
Diego estuvo encarcelado por dos meses. Compartió una celda con otros diez latinos. A las nueve en punto de la noche apagaban las luces y no se podía salir siquiera al pasillo. Cuenta que al patio lo dejaban salir solo dos veces por semana, por no más de 20 minutos. Y los horarios de visita —“que eso sí respetan a rajatabla, no sea cosa que se les vaya toda la comunidad encima”— se limitaban a tres días.
—La única comida pasable era el atún envasado o lo poco que podías comprar si tus familiares te cargaban dinero en una tarjeta para uso interno.
Elizabeth es la ciudad de Estados Unidos con más uruguayos por kilómetro cuadrado. Puede que sea ese dato, o la simple casualidad, la que lo llevó a cruzarse detrás de rejas con su amigo Z (se pone solo su inicial porque El Observador, tras varios intentos no pudo hablar con él).
De lo poco que recuerda Diego, su amigo Z fue a hacer un trámite y a la salida lo esperaron los policías del migración (ICE por sus siglas en inglés). Estuvo dos meses en la cárcel hasta que aceptó la opción de la autodeportación.
Deportados y autodeportados
La actual administración de Donald Trump inició una cruzada contra los migrantes “indocumentados” a solo un mes de haber asumido la Presidencia. Y como “incentivo”, da la posibilidad de autodeportarse bajo el argumento de que así se le borran los antecedentes y puede regresar con visa al país en otro momento.
Diego no pensaba en esta opción, no había cometido delito alguno. Fue al primer juicio, pidió pagar la fianza por la irregularidad y se la rechazaron. Juntó más documentación, hasta la recomendación de una de las autoridades de los hoteles Hillton para los que les brindaba servicio constructivo, fue a una segunda instancia judicial y… perdió.
Entonces, para no perjudicar a su familia, accedió a la autodeportación antes de que el ICE lo subiera a un avión a la fuerza. Él se hizo cargo de los costos, con la esperanza de que “las autoridades estadounidenses cumplan con su anuncio y los antecedentes realmente se borren del sistema”.
En las cifras de la Oficina de Asistencia al Compatriota no hay distinción entre deportados y autodeportados siempre y cuando haya un aviso y se dé cuenta del problema migratorio. Pero existen otros autodeportados, esos que todavía no fueron atrapados y huyeron por miedo, que no entran en la estadística. Por lo cual la cifra de 35 casos es solo un escenario de mínima.
El Observador Estados Unidos, que viene siguiendo de cerca la política de Trump, ha publicado videos con intervenciones violentas del ICE e incluso la polémica porque los efectivos actúen sin orden judicial.
La uruguaya Rosana Araujo, activista por los derechos de los migrantes en Miami, reconoce que “la gente vive con miedo” y que hay grupos en redes sociales para “avisarse de allanamientos o redadas”.
La muerte este mes de Alex Pretti, en una ofensiva migratoria en Minneapolis pudo haber sido un punto de inflexión en que la sociedad estadounidense está empezando a quitarle el respaldo al presidente Trump. Ya derivó en cambios de liderazgos (mandos medios) y el tema empieza a estar arriba de las negociaciones en el Congreso.
Diego mira esas noticias desde lejos, con un mate, mientras rearma sus trabajos de construcción y se reacomoda con su familia en Uruguay. Y hasta bromea que el constructor sabe que, una vez caída una edificación, hay que volver a empezar. “¡No queda otra!”
