Alfaro dijo que el informe del Banco Central, que realiza el control a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), “debería ser un más preciso y decir en cuántos casos debió haber reporte (de los escribanos). Nosotros queremos que el Banco Central nos presente las cifras, conocer en qué casos debió haberse reportado. Esto hasta ahora no está expuesto. No basta decir hay poco, tiene que decir, debieron haber más porque acá se constataron omisiones en las inspecciones. Eso no lo tenemos”.
En ese sentido, la presidenta de la gremial expresó malestar con “los rótulos generalizados” que “ponen a todo el sector como omiso", cuando se esfuerzan por cumplir con la ley y son "el primer foco de control pese a que la profesión del escribano se basa en la confianza con el cliente" pero aún así "indagan en su vida económica y en su vida personal".
Según explicó López la ley los oblliga a pedir información complementaria cuando en una transacción se dan determinadas condiciones que incrementan el riesgo: si se hace en efectivo, si es una persona políticamente expuesta, si es no residente, si es titular de sociedades anónimas con acciones al portador, o realiza el pago con determinado tipo de monedas no regladas, entre otros.
Como otro aspecto a considerar Alfaro expresó el temor de los profesionales por ser sancionados ya que implica “una mancha” en su carrera. “Para un escribano, incluso una observación, un apercibimiento es muy doloroso en su legajo, afecta su credibilidad, o sea que es una mancha en la confianza que generan sus clientes”.
"No basta decir hay poco, (el Banco Central) tiene que decir, debieron haber más porque acá se constataron omisiones en las inspecciones. Eso no lo tenemos”. "No basta decir hay poco, (el Banco Central) tiene que decir, debieron haber más porque acá se constataron omisiones en las inspecciones. Eso no lo tenemos”.
Al respecto mencionó las cifras del año pasado que muestran que existe una relación de uno a 70 en cuánto a las inspecciones con otros sujetos obligados como pueden ser los promotores inmobiliarios. Los datos de la Senaclaft sobre las inspecciones realizadas en 2023, publicados en su página web, indican que mientras se inspeccionó a 74 escribanos, se realizaron controles sobre siete inmobiliarias y a un promotor inmobiliario. Como consecuencia de esas inspecciones se sancionó a 21 escribanos, en diez casos con apercibimiento, en otros diez con observaciones y en uno se impuso una multa de 45.001 IU ($271.865).
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Foto: Inés Guimaraens
"Entonces somos el foco central de inspección del sector no financiero cuando somos el que tiene menos estructura, porque si pensamos en sectores como el promotor inmobiliario, o incluso inmobiliario, no todas, pero muchos de ellos tienen una estructura y una capacidad mayor que la gran mayoría de los escribanos que trabajamos solos y sin grandes infraestructuras”, afirmó Alfaro.
La escribana López agregó que tampoco es viable comparar lo que sucede en Uruguay con otros países donde los notarios son sujetos obligados porque hay sistemas en los que el reporte es sistemático, es decir que los profesionales obligados "bombardean a la UIAF con todas las operaciones de determinado rango" y la UIAF debe determinar si hay o no actividad sospechosa.
La defensa de los cambios que trajo la LUC
Las escribanas defendieron los cambios que se implementaron en la Ley de Urgente Consideración que se aprobó en 2020 por iniciativa del gobierno de Luis Lacalle Pou en cuánto a los requisitos que imponía la Ley de Intermediación Financiera sobre los controles que debían hacer en las transacciones comerciales. López señaló que "cuando se critica es porque no se entiende cuál era la situación anterior de la LIF (ley de inclusión financiera) que era tan estricta, tan rigurosa que hasta llegaba a dejar afuera determinadas operaciones”. "Era un sistema complejo y perjudicial, era imposible", advirtió.
A modo de ejemplo Alfaro explicó que cuando alguien había pagado en cuotas un terreno y como era de un conocido no lo había regularizado, cuando iban a hacer la escritura "no había forma de hacerla porque no se admitía un efectivo mayor a US$ 4.000 y pico de dólares"y además la bancarización tenía que hacerse de determinada manera, con una letra de cambio cruzada y el que vendía no podía pagar con esa misma letra otra casa que estaba comprando para mudarse. "La complicación era de logística en algo básico al punto que había gente con camiones de mudanza esperando porque no se podía hacer", indicó.
"Nosotros creemos o queremos creer que cualquier afirmación de volver al sistema anterior a la LUC es por no conocer el alcance de lo que hacía la LIF" "Nosotros creemos o queremos creer que cualquier afirmación de volver al sistema anterior a la LUC es por no conocer el alcance de lo que hacía la LIF"
"Ahí está el error cuando se compra un eslogan y en realidad el contenido es otro. Volver estrictamente al régimen de la LIF, es volver a esto que es mucho más que trazabilidad del dinero y bancarización. Es agregar tiempo y por lo tanto dinero de todo, cosas que no eran efectivas ni para lavado de activos y que le impedían al escribano tomarse su tiempo para estudiar otros aspectos de la operación que son importantes como proteger la seguridad jurídica", indicó la presidenta de la gremial.
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Foto: Inés Guimaraens
"La LIF excedía ampliamente cualquier eficacia en materia de control, era un gran hermano y no un gran hermano vinculado a la prevención de lavado de activos, sino que identificaba con nombre y apellido cada cosa que hacíamos", agregó.
López por su parte puntualizó: "¿Qué es lo importante? Lo importante es que la operación tenga una explicación lógica. Si hay lógica, entonces quiere decir que, en teoría, no tengo ninguna señal de alerta. Ahora, si esa explicación lógica se cae, porque a mí hay cosas que no me están cerrando, es donde amerita el reporte de operación sospechosa".
"Nosotros creemos o queremos creer que cualquier afirmación de volver al sistema anterior a la LUC es por no conocer el alcance de lo que hacía la LIF", enfatizó.
Sobre la modificación al tope en efectivo que se puede admitir -ahora fijado en US$ 100 mil- López dijo que "quienes tengan que tomar decisiones de cualquier modificación la analizarán. No es el punto central", señaló.
La relación con la Senaclaft “era hostil", ahora es de "comprensión”
Por último, las escribanas se refirieron al vínculo con la Secretaria Nacional Antilavado, quién ejerce controles y realiza inspecciones sobre su tarea y con quién organizan capacitaciones para los agremiados a la asociación.
A juicio de las integrantes del directorio del gremio desde ese organsimo debería "haber un reconocimiento al servicio gratuito que prestan al Estado, con una mirada, no blanda ni tibia pero sí amigable, hasta que se constate un incumplimiento y si se omitió, se sancionará".
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Foto: Inés Guimaraens
"Con la administración anterior había una mirada hostil en comparación con la actual. El doctor (Jorge) Chediak tiene una mirada de jurista, que comprende que somos juristas examinando cuestiones que en puridad nos exceden", dijo Alfaro.
En opinión de la presidenta de los escribanos, "esa mirada era completamente estresante. Realmente generaba patologías psicológicas", afirmó en relación a lo que le generaba a los profesionales la llegada de una inspección de la Senaclaft a sus despachos, que muchas veces venían acompañados por representantes de otros oficinas estatales.
