La fiscal de de Delitos Económicos, Sandra Fleitas, denunció ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que en el caso que tiene como imputado al exsenador frenteamplista Charles Carrera hubo una “investigación paralela” por parte de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), y advirtió que dichas “irregularidades afectan la Democracia y el Estado de Derecho, informaron a El Observador fuentes judiciales.
Carrera fue imputado por fraude, utilización indebida de información privilegiada y falsificación ideológica en documento público por hechos ocurridos durante su gestión como director general de Secretaría del Ministerio del Interior (2010-2017) y recientemente el tribunal de apelaciones confirmó los dos primeros delitos y desestimó la falsificación ideológica. La fiscalía lo acusa de haber hecho pasar por funcionario policial a Víctor Hernández, quien fue víctima de una bala perdida, presuntamente disparada desde la casa de un funcionario policial en La Paloma, para internarlo en el Hospital Policial y entregarle tiques de alimentación por $20.000.
En el escrito presentado el 29 de octubre ante la junta anticorrupción, Fleitas recordó que el oficial del caso, el comisario mayor Luis Acosta Guillén le informó que “estaba siendo desprestigiado en su trayectoria profesional dentro del Ministerio del Interior donde se cuestionaba su accionar en investigaciones preliminares penales (…)”.
El oficial dijo que fue interrogado sobre asuntos vinculados por la causa y aludió sobre la “evidente animosidad por parte de funcionarios policiales (…) quienes brindaron información incompleta y falsa con el fin de perjudicarlo”.
Cuando Fleitas le pidió a la Oficina de Servicio Civil una copia del expediente administrativo del caso, se enteró que desde esa repartición se había interrogado a denunciantes y testigos de la causa lo que evidencia que desde allí “se llevó adelante una investigación administrativa (paralela)”, dijo.
“Hay que tener en cuenta la gravedad de que un Órgano integrante del Estado tome como insumos evidencias que no fueron solicitadas a la Fiscalía y que forman parte de una investigación penal en curso, lo que lleva a efectuar conclusiones de hechos que están siendo investigados por la Justicia Penal, que en buen romance se traduce en una investigación paralela y disfrazada a la desarrollada a nivel judicial, con el claro fin de constituir prueba para ser agregada a la causa penal”, dice el escrito de Fleitas. En el documento la fiscal termina afirmando que presenta esa denuncia ante la Jutep “por las eventuales medidas o resoluciones que fueran del caso adoptar ante tales irregularidades que afectan la Democracia y el Estado de Derecho”.
En una audiencia del caso de fines de setiembre presenciada por El Observador, la fiscal había argumentado además que testigos y funcionarios policiales de la investigación penal sobre Carrera se habían sentido amedrentados, luego de que se los llamara a declarar en una investigación administrativa que está realizando Servicio Civil, a pedido del Ministerio del Interior.
Además dijo que la defensa de Carrera adjuntó en esa investigación un pendrive con audios tomadas de la investigación penal, lo que implicaba -para su "asombro"- que se violó el principio de reserva del caso. En la la fiscal afirmó que el camino para agregar esa prueba debió haber sido que se pidiera a la fiscalía desde el Ministerio del Interior o Servicio Civil.
