Después de varias idas y vueltas en una negociación que incluyó modificaciones al proyecto original, el Poder Ejecutivo autorizó a la multinacional Google a construir su data center en el Parque de las Ciencias.
La decisión fue tomada por el ministro Robert Bouvier, que a principios de junio firmó la resolución que otorgó a la empresa la Autorización Ambiental Previa (AAP), condición sine qua non para comenzar las obras.
En la resolución, a la que accedió El Observador, Bouvier expresó que la autorización estaba sujeta al “estricto cumplimiento” de siete condiciones. Pese a que la notificación le llegó hace varias semanas, la empresa aún no comenzó con las obras.
Las negociaciones para recibir la inversión en Canelones se realizaron bajo un contrato de estricta confidencialidad y comenzaron en la administración de Tabaré Vázquez tras un viaje realizado por la entonces ministra de Industria, Carolina Cosse, a la costa oeste de Estados Unidos, donde se encuentra la sede central de Google.
Desde entonces, la empresa fue dando ciertos pasos aunque recién a fines de octubre del año pasado –en una reunión con autoridades del gobierno de Luis Lacalle Pou– confirmó la construcción.
En ese momento, las autoridades de la multinacional comunicaron al Poder Ejecutivo que habían decidido “reformular” el proyecto y construir un solo edificio en lugar de dos, algo que disminuirá a un tercio la capacidad de almacenamiento respecto al plan original.
A su vez, informaron que en lugar de utilizar agua potable –algo que había provocado polémica– el sistema de refrigeración consistiría en “chillers”, una técnica similar a la que utiliza el data center que Antel tiene en Pando.
La energía que demandará
La planta se instalará en cuatro etapas. La construcción demandará 26 meses y empleará entre 300 y 400 personas con un “pico” de aproximadamente 800 personas. Cuando esté operativa, trabajarán unas 50 personas.
El data center prevé funcionar ininterrumpidamente las 24 horas los 365 días del año. UTE lo abastecerá de energía en base a una subestación eléctrica que se ubicará en el interior del predio del emprendimiento.
Tras abandonar el agua para enfriar los servidores y pasar a utilizar energía eléctrica, los técnicos de Ambiente le exigieron a Google que detallara cuánto iba a consumir, algo que la empresa hizo para obtener la AAP.
El consumo máximo de energía requerido para la operación una vez que alcance su máxima capacidad será “menor a 560 GWh (gigavatios hora) por año”, señala un informe técnico del ministerio.
Pero teniendo en cuenta que la última etapa operativa se alcanzará en “varios años”, el acuerdo inicial realizado con UTE es para “proporcionar hasta 420 GWh/año”.
El documento agrega que el proyecto “está considerado” en la línea de base de emisiones de dióxido de carbono que el país reportó ante Naciones Unidas con horizonte a 2030.
A su vez, subraya que “no es esperable” que las emisiones asociadas al funcionamiento del centro sean “significativas”. En total emitirá el equivalente a 25 mil toneladas de dióxido de carbono por año.
Las siete condiciones
La resolución de Bouvier menciona siete condiciones que debe cumplir el proyecto y dice que quedará sin efecto si la empresa demora más de dos años en iniciarlo.
Entre las exigencias, señala que la empresa no puede utilizar durante la etapa de construcción el camino Gonzalo "Gonchi" Rodríguez y que debe actualizar el Plan de Gestión Ambiental de Construcción, el cual deberá tener –como mínimo– programas de gestión de residuos de obra, de manejo del tránsito, de gestión de efluentes y de relacionamiento comunitario.
También plantea que el proyecto deberá "construirse y operarse" de acuerdo a lo estipulado en la totalidad de los documentos presentados, salvo en aquellos aspectos que "contradigan las condiciones incluidas en la resolución", que Google tiene que comunicar a Dinacea "por escrito y con antelación" cuando inicia las obras.
A su vez, exige que presente en 45 días de iniciada la operación de cada módulo del data center, los resultados y análisis del monitoreo de NPS en los receptores sensibles y el proyecto ejecutivo y cronograma de implementación de las medidas de mitigación propuestas.
"Todos los registros generados por las actividades de monitoreo en la fase de operación del proyecto deberán mantenerse a disposición de la Dinacea en el lugar de ejecución del proyecto", menciona otra de las condiciones.
Por último, subraya que si se constatan "impactos ambientales no previstos originalmente", se deberán establecer medidas de mitigación y presentarlas ante Dinacea para su evaluación y aprobación.
"Toda variación que se proponga al proyecto original autorizado deberá ser comunicada a la Dinacea para su análisis y previa autorización", sentencia en el último punto.