Un juzgado federal de Argentina hizo lugar parcialmente al reclamo presentado por un grupo de legisladores argentinos respecto a la construcción de una planta de hidrógeno verde en Paysandú por parte de la empresa HIF Global.
El reclamo fue presentado por los diputados de Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador Adán Bahl. Los tres pertenecen al bloque Fuerza Patria, liderado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La resolución del juzgado argentino de Concepción del Uruguay, compartida por Michel en sus redes sociales, establece que se hizo lugar parcialmente al pedido de prueba anticipada y se ordenó dar intervención a la defensoría pública.
El diputado provincial aseguró en sus redes que la Justicia argentina "ordenó producir medidas" que habían solicitado. Entre ellas una "pericia ambiental", para saber el "estado actual del agua" del Río Uruguay, su "turbulencia" y otros factores.
También dispuso "que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) informe si se ha comunicado a dicho organismo el proyecto de planta de 'e-Combustibles' y si la empresa HIF Uruguay ha presentado ante dicha comisión el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo del proyecto".
Por último, según el legislador, la Justicia dispuso "requerir, vía exhorto judicial a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay y al Banco Central de Uruguay, toda la documentación de las empresas HIF Uruguay SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas".
"La normativa que surge de la Ley (argentina) 25.675 de política ambiental nacional otorga la facultad al juez interviniente de disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso", añadió Michel en sus redes. También allí denunció "inacción" del gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio y del intendente de Colón.
"Coincidimos con el gobernador en que este tema no da lugar para 'berreteadas' ni para 'pensar en la chiquita'. Esperamos que entienda que no alcanza con enojarse ni mostrarse ofuscado en los medios. Los vecinos de Colón necesitan que la planta se relocalice y este tema requiere profesionalismo y constancia de trabajo, no títulos en los medios o videítos en redes", sentenció el diputado.
Este viernes, El Observador señaló que el gobierno uruguayo y la empresa HIF Global ya estaban analizando la construcción de una nueva locación para la planta. El lugar propuesto evita construir ductos de 9 kilómetros para transportar los combustibles y contemplaría el reclamo sobre la afectación al turismo en Colón, provincia de Entre Ríos. El reclamo, sin embargo, fue presentado por los legisladores argentinos antes de que se anunciara que se estudiaba la relocalización.
La ministra de Industria, Fernanda Cardona, dijo que el tema surgió entre fines de febrero y marzo a instancias de la empresa en reuniones con los equipos de la Dirección Nacional de Energía como una posibilidad que estaba dispuesta a estudiar.
Desde entonces, la ministra lleva el tema con el presidente Yamandú Orsi, quien el miércoles trasladó la posible alternativa al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, durante una reunión en la Torre Ejecutiva sobre el panorama laboral en el departamento.
La viabilidad técnica de la ubicación alternativa –propuesta para unos padrones de Ancap sobre la actual planta de pórtland– está ahora a estudio de los equipos de la estatal, de su subsidiaria Alur y de UTE, que están sacando los números respecto a cuáles serían los ahorros.
HIF tiene hasta el 30 de diciembre para tomar la decisión final de inversión. Ante la consulta de El Observador, declinaron hacer comentarios sobre la propuesta.
En este momento, HIF tiene una negociación abierta para definir el precio al que UTE le cobrará la energía –un asunto clave–, quién asume los costos de las líneas de alta y media tensión que deben construirse y los cambios en la subestación actual. Los detalles de las tratativas dependen de hecho de cuál será la ubicación final.
A su vez, los técnicos de Ambiente estudian la solicitud ambiental que, tras otorgarse, permite el inicio de las obras, aunque este proceso retrocederá algunos casilleros si se cambia la ubicación. Hasta ahora la empresa ha manifestado al Poder Ejecutivo que una relocalización no le supondría un gran obstáculo y que están abiertos a analizar en qué sitio colocar el diseño.