En cambio, para el Observatorio, el porcentaje de homicidios vinculado a la acción de bandas narcos que se disputan territorios ha oscilado entre el 40% y 50% en los últimos años.
Rojido brindó múltiples entrevistas de prensa donde explicó sus conclusiones y el Ministerio del Interior, en una aparente muestra de apoyo, decretó que de ahora en más se usará su tipología y no la que venía usando el Observatorio.
El trabajo del equipo de Rojido, sin embargo, fue objeto de una dura respuesta de parte del director del Observatorio de Criminalidad, el sociólogo Javier Donnangelo, en un documento que presentó a fines de abril ante el Ministerio del Interior, pero este nunca divulgó.
En el informe, al cual El Observador tuvo acceso, Donnangelo –que dirige en Observatorio desde 2009- defendió el trabajo de su unidad, insistió en que la lucha entre bandas de narcotraficantes por controlar barrios y localidades explica un número muy alto de los homicidios y señaló que Rojido llegó a conclusiones “tan contraintuitivas y opuestas a percepciones muy generalizadas en la población y en los medios de prensa” por adolecer de “debilidades teóricas y metodológicas”.
“Tales insuficiencias del método –dice la respuesta de Donnangelo- ponen de manifiesto un escaso conocimiento del fenómeno de la violencia interpersonal en el país, tal vez consecuencia de los prolongados años de residencia en el exterior del Dr. Rojido y de la condición de extranjeros de sus coautores”.
En declaraciones a El Observador, el director del Observatorio dijo que “la metodología seguida por Rojido tiene serios problemas que hacen que llegue a una estimación que no resiste un análisis”.
“La subestimación de estos homicidios por parte de Rojido y sus coautores es de una magnitud verdaderamente inaudita. Pensar que solo el 2% de los homicidios se debe a conflictos entre grupos dedicados al tráfico minorista es una estimación del problema que lo coloca en niveles insignificantes. Ese estudio –advirtió- arriesga orientar la política pública en una dirección ajena a la realidad”
Donnangelo que está cursando un PhD en criminología en Cambridge afirmó también que no tiene una explicación de por qué el Ministerio del Interior decidió tomar la tipología de Rojido, pero se preguntó si no habrá un intento de “tapar el sol con el dedo” respecto a las evidentes dificultades que existen para bajar los homicidios vinculados a la acción de las bandas narcos. Remarcó que es significativo que se revise el modo de registrar el único delito que el gobierno no logró reducir, pero no se estudie como se clasifican las rapiñas o los robos, que también tienen su tipología. Señaló que no lo motiva un deseo de polemizar con las autoridades, reclamó que el tema sea zanjado en forma científica y no política y remarcó que los tiempos electorales no son los más oportunos para cambiar la metodología con que se mide el tipo de homicidios.
Pero, por sobre todo, a Donnangelo le preocupa qué pasará con las políticas de seguridad si se toman por buenas las conclusiones de Rojido. “Si el accionar narco es un factor marginal, alguien podría sostener que la violencia que estamos viviendo es un fenómeno difuso, que está en toda la sociedad, y que por tanto no hay nadie a quien responsabilizar”.
El caso de Rosario
El informe de Donnangelo consta de 29 páginas y está dirigido al subsecretario Pablo Abdala. Comienza por recordar que “el Observatorio está lejos de ser el único actor relevante en atribuir la mayor parte de los homicidios a circunstancias derivadas de la actividad de grupos criminales dedicados al tráfico minorista de drogas”.
En ese sentido, explica que la Unidad de Análisis de Homicidios de la Policía, “aplicando criterios propios y en forma absolutamente independiente del trabajo del Observatorio, también clasifica (incluso en una proporción más alta que este último) la mayoría de los homicidios como derivados de ‘conflictos criminales’”, con énfasis en los narcos. En enero y febrero de 2024, esta unidad de la Policía clasificó al 71% de los homicidios en esta categoría.
Donnangelo también cita un estudio de 2021 de un equipo liderado por el sociólogo Gabriel Tenenbaum “que clasificó el 49% de los homicidios de adolescentes entre 2015 y 2019 como resultado de conflictos entre grupos delictivos y ajustes de cuentas”.
En ambos casos, muy por encima de los muy bajos porcentajes que Rojido adjudica.
Entre otros reproches académicos, Donnangelo señala que Rojido estudió el caso uruguayo sin tomar en cuenta el contexto regional. “Así descartan que el tráfico de drogas pueda constituir una fuerza mayor o siquiera significativa en la producción del contingente anual de homicidios que se producen en Uruguay sin una sola referencia” a la situación que atraviesa la ciudad de Rosario, en Santa Fe.
Para Donnangelo corresponde tomar en cuenta lo que ocurre en Rosario, ya que la situación tiene múltiples similitudes con la realidad montevideana.
Con enfáticas mayúsculas, el sociólogo señala que “NADIE en Argentina pone en duda que los problemas de inseguridad” de Rosario se deben “a los enfrentamientos entre bandas dedicadas al tráfico al menudeo”, sostiene y cita varios trabajos científicos que apuntan en ese sentido. Recuerda que el aumento de los asesinatos en esa ciudad comenzó, al igual que en Montevideo, con la aparición de la pasta base o paco. “La gráfica de la evolución de los homicidios en Rosario es remarcablemente similar a la de Montevideo, con inflexiones ascendentes (“picos”) durante los mismos años. Efectivamente, tanto en Rosario como en Montevideo, el proceso de aumento de los homicidios comienza en 2007-2008 y se acentúa de manera más clara durante 2012”.
Donnangelo agrega que en ambas ciudades “predominan los homicidios cometidos con armas de fuego”, en constante aumento en la última década, lo mismo que aquellos cometidos con premeditación. Cita un documento del Ministerio del Interior de Santa Fe donde se establece que más del 70% de los homicidios cometidos en Rosario en 2022 estuvieron vinculados a organizaciones criminales que producen o venden bienes ilegales. “Nada de esto, sin embargo, parece digno de la atención de Rojido”, señala.
El error de analizar las muertes de un sólo año
Otro centro de la polémica está dado por el modo en que el Observatorio clasifica los homicidios que aún no están aclarados.
Para estos casos, el Observatorio establece una lista de nueve atributos. Si un asesinato cumple con cuatro de ellos, pasa a ser considerado uno más de la categoría de enfrentamiento entre bandas narcos.
Para Rojido, algunas de esas condiciones son comunes a la mayor parte de los homicidios y por lo tanto son un criterio “débil” para adjudicar un homicidio a las bandas narcos. Según él, ésta es una de las claves de la “sobredimisión” de esa categoría que luego, desde su punto de vista, es reforzada “por la difusión mediática” y “usada por sectores políticos interesados en instalar una narrativa de ‘guerra al crimen’”.
Donnangelo, en cambio, reafirma lo correcto de los criterios que se siguen y sostiene que Rojido “revela (un absoluto) desconocimiento de la literatura científica sobre los atributos que diferencian de otro tipo de homicidios a los que resultan del tráfico de drogas y/o la actividad de pandillas”.
Señala que “el sistema de clasificación de los homicidios que emplea el Observatorio no es, pues, el resultado de algunos meses de labor, sino el fruto de años de trabajo en equipo sólidamente anclado en el más vasto material empírico que se haya utilizado nunca en el país con estos fines”.
Agrega que Rojido, en cambio, solo estudió 364 casos con 374 víctimas de un único año, el 2019.
El hecho de que Rojido analizara un único año es uno de los errores cruciales de su estudio, según la respuesta de Donnangelo.
Sostiene que las luchas entre clanes familiares es una de las formas principales de los enfrentamientos por el control de los mercados locales de la droga. Y por eso los apellidos de las víctimas se repiten. Recuerda que en San Carlos, por ejemplo, entre 2008 y 2021 fueron asesinados seis hermanos de la misma familia.
Sostiene que al analizar un único año, fuera de contexto, esta trama de apellidos que se repiten, no se puede percibir.
“Memorizar y retener apellidos de víctimas de homicidios (y por lo tanto ser capaz de vincularlas entre sí) es una destreza imposible de adquirir en unos pocos meses de trabajo. Pero, sobre todo, vincular homicidios a través de apellidos de las víctimas es una tarea imposible de realizar eficazmente leyendo una muestra (incompleta, además) de los casos correspondientes a un solo año. La razón de ello es evidente: estos ciclos de violencia con frecuencia se extienden a través de varios años, en ocasiones siete u ocho, no siendo para nada infrecuente que los miembros de una misma familia resulten asesinados en años distintos. En otras palabras, si no se conocen los apellidos de las víctimas de homicidio de años previos (por haberse analizado un solo año de información), muchas de las víctimas de un año dado pueden aparecer como hechos aislados, es decir, como no conectadas con homicidios anteriores”.
El director del Observatorio, declaró que según la clasificación de Rojido, en Uruguay habría solo ocho asesinatos anuales por enfrentamientos entre bandas de narcos. Y se pregunta cómo es posible cuadrar esas cifras con el hecho de que en 2019, el año que estudió Rojido, en San Carlos mataron a tres hermanos de una misma banda. “San Carlos tiene 30.000 habitantes. Según Rojido, una localidad que representa el 1% de la población del país, representó en 2019 el 40% del total de homicidios de este tipo. Lo cual matemáticamente es implausible”.
En el informe que presentó al subsecretario Abdala, Donnangelo señala también que Rojido cometió “una ingenuidad metodológica” inaceptable al trabajar solo con los partes policiales (“generalmente escuetos y con importantes problemas de sintaxis y redacción”) como única fuente de información. Sostiene que numerosos académicos ya demostraron que no son la fuente idónea para determinar cuáles homicidios tienen origen en disputas entre narcos y que por ello siempre se los complemente con otros documentos.
El Observatorio –relató- analiza antecedentes, anotaciones anteriores y hace un análisis de redes sociales de víctimas y victimarios, lo que permite muchas veces comprender mejor las razones detrás de un crimen.
Donnangelo tampoco entiende el 13% de homicidios que Rojido establece en una categoría de “ejecuciones sumarias” ajenas al narcotráfico. “Parecería que hubiera otra gente haciendo ejecuciones sumarias. Rojido debería decir quiénes son esas personas”.
El tema le parece central porque “anula el único factor criminogénico que ha estado creciendo en los últimos 15 años. Los homicidios comenzaron a aumentar en el país primero tímidamente a partir de 2008 y luego de manera más clara en 2012. Eso configura un patrón inesperado porque en ese período la mayoría de los indicadores socioeconómicos venían experimentando una recuperación tras la recesión de 2002. Era un contexto en el que nadie esperaba un aumento de la violencia, más bien todo lo contrario. ¿Y cuál fue el único factor que podría estimular la violencia que registró un crecimiento? El volumen de incautaciones de drogas y la cantidad de personas procesadas por delitos vinculados a las drogas”.
Por último, Donnangelo señala que Rojido incurre en una grave contradicción y en una “grieta monumental en la coherencia” cuando, a la hora de analizar los casos sin aclarar, termina por admitir que probablemente tengan que ver con el narcotráfico.
