Los policías de la unidad de Personas Ausentes están camuflados dentro de un auto. Buscan, en realidad, a una mujer desaparecida en el Cerro. Mientras esperan, ven que un niño se acerca a un contenedor de basura y, con un cuchillo, intenta romper las bolsas de basura en busca de algo para comer. El jefe del operativo lo identifica enseguida: es la cara de Pedro*, que ya tenía más de 50 escapadas del INAU en un año. Los p olicías piden asistencia a otro patrullero para que trasladen al pequeño de vuelta al hogar donde vive. El niño, indiferente, les dice algo que a los policías les queda resonando: “ ¿Para qué me llevan si me voy a volver a escapar?”.
Las chicas salen con poca ropa pese a la inminente llegada del invierno. Caminan menos de un kilómetro para llegar a la plaza Flores, donde dicen que se vende el “mejor xis” de Rivera, la versión del baurú de ese departamento. Los árboles le dan sombra a la de por sí oscura noche. Pero no están allí para cenar, ni charlar al aire libre. Salieron sin autorización de sus educadores en busca del rolé, o la rolecita, como le llaman a “ir a dar una vuelta”. Una vuelta que a veces es escuchar música en un auto a cambio de unos puchos, otras es dejarse explotar por unos championes nuevos, por una semana en un colchón que les dé confort.
Otra joven de 14 años se escapa del INAU una, dos… más de 30 veces. Se va, sin que lo sepan, a la casa de su “novio” en Tres Cruces. Es un señor de casi 50 años que, antes de que la justicia disponga su prisión preventiva y la prohibición de salida del país, se fuga a Estados Unidos.
El sistema de protección del INAU atiende cada vez más gente. Y entre 2015 y 2025 aumentó 60% la cantidad de niños o adolescentes que salieron sin autorización alguna vez de los hogares en los que residen bajo el amparo estatal. Pero en el mismo período —habiendo pasado gobiernos de distintos colores— las “escapadas” no acordadas subieron mucho más: 381%. ¿Cómo es posible?
Para no marearse entre tantos números, la conclusión es sencilla: los que salen sin autorización lo hacen tres veces más que hace una década (como si fuera una puerta giratoria). Y los datos hablan de un problema del sistema.
Las autoridades del INAU fueron interpeladas este martes —por segunda vez en tres meses— casi por lo mismo que había sido sentado en el banquillo el directorio del gobierno anterior en 2024: ¿Por qué el Estado no protege como debiera a aquellos niños o adolescentes que están bajo su amparo?
Las preguntas varían levemente: a veces es el caso de una muerte de una adolescente en Rivera y la explotación sexual, otras veces un joven que se ahoga, u otro que intenta suicidarse. Y la lista sigue, pero, en el fondo, transparentan aquello que ya está diagnosticado y que excede a gobiernos de turno: “El sistema requiere un cambio de base, de estructura”.
Lo dice Guillermo Fossati, exdirector del INAU e integrante del Partido Nacional al igual que el diputado Pedro Jisdonian quien interpeló a las autoridades. Y su corazón partidario no le impide decir lo que piensa respecto a estas sucesivas interpelaciones:
— El sistema de protección necesita una solución real. Pero los políticos actúan sobre la dinámica y el oportunismo político. Proyectil va, proyectil viene. No es de extrañar que exista una interpelación que, aunque se tiña del rol del Legislativo de contralor del Ejecutivo, obedece a cierto revanchismo político sin una real preocupación por lo sistémico del problema.
No es una lógica nueva, los romanos le llamaban “pan y circo”. Solo que aquí se habla de esos niños y adolescentes que, como describió una vez la exdirectora de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, Mariela Solari, “a nadie les importa porque son los más vulnerables, los que arrastran una vida rota, los que el sistema judicial menos atención les da, los que el sistema de salud a veces se los quiere sacar de encima, los que no tienen a nadie que vaya a reclamar por ellos”.
Pero en este “circo” parlamentario, entre los datos presentados por las actuales autoridades del INAU hubo un énfasis en uno de los puntos que demuestra el problema sistémico: esas llamadas “salidas no acordadas”.
No son fugas, porque ninguno de esos menores está preso. Viven en un hogar cuyo adulto responsable es el Estado. Es su hogar (al menos por un tiempo). Y como todo hogar tiene que sentirse así, llegar a acuerdo con los adultos, obligaciones y derechos.
No en vano casi nueve de cada diez salidas no autorizadas son de adolescentes. Imagínese esa etapa de la vida en que se fuerza hasta dónde llega el límite. Hay cambios hormonales. Hay ganas de sentir que algo les es propio (aunque sea el poder de decisión), quieren salir a bailar, a estudiar con amigos, a enamorarse y desenamorarse.
Actualización de protocolos
Cuando la Institución Nacional de Derechos Humanos presentó su último Panorama de la Infancia en Uruguay, se dijo: “Las salidas no acordadas se presentaron en todos los departamentos y regiones, pero en algunos alcanzaban una dimensión estructural, que requeriría el despliegue de intervenciones mayores. Se verificaron varios centros donde las salidas no acordadas implicaron situaciones de riesgo a la integridad física y mental, con exposición a situaciones de riesgo de vida. Ante estas situaciones, se denotó la falta de una apropiada valoración de riesgos a la hora de hacer la denuncia policial por la ausencia de adolescentes”.
La primera muerte materna de 2024 fue la de una adolescente que quedó embarazada cuando estaba en el hogar 24 horas del INAU en Rivera. La nota de El Observador contaba: para “salir de forma no acordada”, una vez Dahiana tuvo que romper la puerta. Le venían ataques de ira, de enojo, que los funcionarios del INAU no podían controlar, incluso aunque le pusieran el cuerpo. La tensión quedaba en el ambiente, en todas las adolescentes del hogar.
Otro día, una niña quiso irse por el patio, donde está el lavadero, y al saltar se quebró una pierna.
No están presas. Pero hay veces que quieren irse.
¿Cómo actuar? ¿Palo y palo? ¿Dejar que se escapen y hacer la denuncia a la policía? ¿O qué?
Las autoridades de INAU señalaron este martes que, en el último año, el 95% de quienes salieron sin acuerdo retornaron al centro del que habían “escapado”. En promedio, se ausentaron durante cuatro días. Hay quienes más, hay quienes apenas unas horas.
Fue entonces que el vicepresidente del organismo contó la anécdota de una adolescente que debía hacer un trabajo con compañeros del centro educativo. Ese encuentro por estudio la haría llegar fuera de la hora pactada con los educadores. La adolescente lo sabía y no pidió la autorización previa porque eso implicaba un engorroso protocolo en que técnicos del INAU irían a la casa de la madre del compañero de estudio, hablarían con ella. Esta fue una salida de riesgo menor.
En cambio hay otras en que las chicas vienen con dejos de maquillaje, puchos en la cartera, dicen que salen una y otra vez en la madrugada. ¿Son comparables?
El INAU está elaborando un nuevo protocolo sobre las salidas no acordadas. Según supo El Observador en base a una versión preliminar del documento, una de las novedades es la ponderación del riesgo. Mediante indicadores puede verse cuál es la mejor vía para actuar. ¿Hay chances que se haya ido a la casa de la madre biológica? ¿Por qué no llamar ahí primero antes de ir directo a la Policía? ¿Atiende el teléfono o no lo atiende? Y así ir actuando en base a lo que los educadores saben de la trayectoria de sus educandos.
El protocolo tiene un aspecto más filosófico, busca primero el vínculo, la confianza y luego el castigo. Existen algunos hogares en que los educadores llaman directo a la policía para que los ayude en lugar de ver cómo solucionar lo máximo posible el problema base.
Y lo tercero, vinculado a esa “mala praxis”, es que los protocolos vigentes le implican al niño o el adolescente ir a la comisaría, al prestador de salud a ver si fue lesionado en esa salida no acordada. Pueden estar hasta tres o más horas esperando en una sala hospitalaria. Entonces, más que alentar el retorno al hogar, el sistema los expulsa. Les da a entender que no se trata de límites, sino de castigos. Que en sus vidas no fueron queridos y en los hogares del Estado tampoco.
Sin pensarlo, en unas diapositivas al pasar, en el “circo” parlamentario pasaron fugazmente unos datos que reflejan aquello en lo que coinciden técnicos y la propia Institución de Derechos Humanos: el problema es sistémico, está en “crisis” al decir de la presidenta de INAU y escapa a dedos inquisidores de uno u otro bando.
*Nota del redactor: las situaciones narradas son de casos verídicos, pero los nombres fueron modificados para preservar la intimidad.
