En sus declaraciones, jerarcas y funcionarios aportaron nueva evidencia acerca de lo que pasó entre el 18 y el 28 de noviembre de 2022, fechas entre las que se realizó la protocolización de los chats y el documento fue entregado a la Justicia, según surge del informe de 50 páginas de la investigación administrativa al que accedió El Observador.
Sasso diferencia en toda la investigación entre un documento primario que “existió” y cuyo paradero “actualmente se encuentra desconocido” de un documento posterior que fue el que se entregó a la Justicia. La abogada hace esta disquisición, que es relevante, para señalar que el primero llegó a ser ingresado al “expediente mixto” pero fue retirado de forma irregular y llevado a Presidencia donde desapareció, algo que el fiscal tendrá que indagar y definir si supone responsabilidades penales.
El “temor” de Ache y Bustillo “harto”
En su declaración, Ache reiteró que no quiso entregar los chats durante la primera investigación de la Cancillería porque no formaban parte del “objeto de la investigación” aunque luego los puso a disposición de Bustillo –el ministro– diciendo que si entendía que había que aportarlos para colaborar con la Justicia los iba a entregar inmediatamente.
“El 18 de noviembre los protocolizo con escribana porque tenía miedo que desaparezcan o que me robaran el celular, y no quería perderlas por miedo”, dijo.
A su juicio, por esos días el canciller le daba “órdenes contradictorias” ya que en privado le decía que los “perdiera” pero en el trámite formal se “lava las manos”. “Fueron repetidas veces, como él mismo reconoce en Fiscalía. Por eso lo grabo, porque se venía dando en forma indebida y repetida. Me dio la pauta que podía estar preparando una cama”.
La exvicecanciller –designada recientemente por Yamandú Orsi como embajadora en Portugal– agregó que había “presiones” de Bustillo para resolver el asunto de los chats. “Yo protocolizo las comunicaciones porque ya habían iniciado las presiones de Bustillo. Los audios que yo presento en Fiscalía son del 14 de noviembre, de esa misma semana. Él me estaba presionando para que no los aporte, mientras la investigación me los pedía formalmente”, señaló.
Luego mencionó que “Bustillo en su propia declaración en Fiscalía dice que no sabe cuando lo grabé, si por teléfono o en su despacho. Él asume que fue más de una vez que me presionó. Las presiones también fueron en su despacho, varias veces por teléfono…”.
El excanciller, en tanto, negó las presiones, cuestionó que Ache lo haya grabado y dijo que intentó sacarlo “de mentira a verdad”. “Resulta que la señora Ache grababa a sus superiores y salió lo que salió. Yo no le indiqué a Ache que no los entregue...a mi me importaba que todo se cumpliera. Ella no los quería entregar”, expresó.
Manifestó que los diálogos “iban y venían en el despacho” y definió a las conversaciones como “charlas de café mientras tratábamos temas relacionados a Cancillería”.
“Yo vivía viajando y ella era ministra interina, o sea nadie la presionó. Cuando ella quiso entregarlos, los entregó. El audio que sale a la luz, ella me llama e intenta sacar de mentira a verdad. Y le dije que perdiera el celular, pero se lo dije para ayudarla a ella, pero yo no tenía nada que ver con esos audios. Pero ya me tenía harto cuando me llamó y le dije cualquier disparate, esa es la realidad".
El paso a paso de la desaparición de los chats
La investigación administrativa reconstruye paso a paso los movimientos del documento con los chats desde que Ache los entregó a la secretaría de Bustillo. Eso ocurrió en la tarde del 24 de noviembre, el mismo día en que se vencía el plazo para entregarlos en la Justicia.
Mata señaló que faltando “10 minutos para el horario de cierre del juzgado”, Ache envió el sobre con los chats por lo que pidió “urgente” que lo llevaran para presentarlo.
Quien los llevó fue la abogada Amelia Bastos, que aseguró que fue “corriendo” pero no llegó a tiempo. Tras esto, llamó a Mata para contarle y este le pidió que dejara el sobre manila en el escritorio de su despacho. Otra abogada de Jurídica, Adriana Allende, agregó que para adelantar trabajo hicieron tres copias para presentar “al día siguiente” (el 25).
Las funcionarias definieron a Mata como la “mano derecha” del ministro. “Creo que formaba parte de su círculo de confianza. Era una figura importante (...) para nosotros era persona de confianza del ministro, y tenía poder”, dijo Allende, mientras que Maite Dalmao –otra abogada– dijo que “Bustillo confiaba en Mata” y que este “solo respondía al ministro, no a la vicecanciller”. Federico Lage –que trabajaba en la secretaría del canciller– lo describió como el “principal asesor letrado de aquel entonces”.
El viernes 25, Allende llegó a la oficina junto a la abogada Karina Antenor –la que había hecho la investigación administrativa– y observó que el sobre “ya no estaba en el escritorio de Mata”.
Se comunicó con él y este le contestó que “no podía hacer nada” sin su autorización. “Aún estando allí el sobre yo no debía presentarlo hasta su instrucción. A pesar de que el día anterior lo tenía en la mano para presentar pero fuera de hora y por eso no lo entregué”, dijo.
Luego le comentaron que el sobre “se estaba analizando a nivel de Presidencia”. “El 25 no pasó nada más que eso. Se hicieron las 5 de la tarde y el sobre físicamente no estaba, entonces me fui”.
Los chats en Presidencia
Mata describió ante Sasso -la instructora- que recibió una “orden verbal vía telefónica” de parte de Bustillo. “El propio ministro lo solicitó. Me dijo que lo llevara”, señaló. Luego dijo que le “indicaron que tenía que entregarlo al señor (Roberto) Lafluf”, y así lo hizo: “Entregué la cédula en Presidencia, subí al piso 11 y se lo entregué a Lafluf”.
Sin embargo, Bustillo dijo que no recordaba haberle dado esa instrucción a Mata y que el asesor se había equivocado. También planteó que el “único” que le podía haber pedido que llevara la copia de los WhatsApp era Lacalle Pou.
“Yo no lo recuerdo, no tengo ningún recuerdo de eso. Muchas veces van sobres y vuelven de Presidencia y no había ningún dramatismo en torno a esto. El único que me podía haber pedido que llevara copia de los WhatsApp, es el presidente de la República. Si no lo recuerdo, no me lo pidió. No me quiero poner a inventar. Yo no participé”, dijo.
La investigadora transcribió toda su respuesta y luego la cuestionó. Señaló que adoptó una respuesta ambivalente, caracterizada por no afirmar ni desmentir, sino expresar "no recordar", a pesar de las variadas preguntas y repreguntas realizadas.
Quien dio detalles de la reunión fue Ache. La exvicecanciller agregó que recibió un mensaje de Lafluf citándola a la Torre Ejecutiva junto con Maciel “en nombre del presidente” Lacalle Pou.
“Yo llego a la reunión y ya estaban reunidos Lafluf y Maciel... me piden que borre los mensajes de WhatsApp, fue Roberto Lafluf...fue una situación muy violenta, porque yo estaba en una situación que no corresponde, me llamaron de Presidencia y además dos hombres. Me indicaron que entre por el garaje, y además hablando en nombre del presidente, sentí la presión... Yo accedo a borrarlos por la presión, para salir de la situación pero fundamentalmente porque ya los tenía protocolizados, y además los había incorporado al expediente por lo tanto me pareció que podía hacerlo, porque ya estaba el protocolo y en Cancillería", dijo.
Tras esto, mencionó que después de eliminarlos le pidieron que “consiga otro escribano para hacer un protocolo nuevo sin esos mensajes, para aportar a la Justicia”. Dijo que entendió que le “estaban pidiendo que cometiera el delito de falsificación ideológica” y que les siguió “un poco la corriente” para poder irse.
Luego de irse -no especifica el día aunque ante la Fiscalía dijo que fue el sábado 26- llamó a Lafluf para decirle que “no estaba dispuesta” a lo que le pedían “porque era cometer un delito”.
“Él insiste para buscarle la vuelta para no presentar la documentación, y ahí me dice que tiene que hablarlo con el presidente, que no me puede responder él, y al rato me llama y me dice que presente todo como está, pero que tengo que volver a presentar el papel notarial, el protocolo, y le pregunté por qué. Y ahí me dice que no está más, y que lo destruyó ‘como quedaron’. No me dijo con ‘quien quedó’, yo quedé en shock, con muchísima presión. Y ahí terminó la conversación”.
El lunes 28, Ache hizo un nuevo protocolo y se lo entregó a Mata, que a su vez se lo dio a las abogadas y estas lo enviaron a la Justicia. A Allende, una de las abogadas, le llamó la atención que no estuvieran las copias que habían hecho, pero no se dio cuenta que era diferente.
Cuando la desaparición de los chats tomó estado público, las abogadas revisaron el falso expediente (el que queda de archivo) e identificaron “que el final de la hoja de certificación” decía expedido con fecha 28 de noviembre de 2022” y se dieron cuenta que lo que habían presentado el lunes 28 “no era” lo que habían “tenido en mano el jueves 24”.
Si bien los chats nunca volvieron de Presidencia y Ache aseguró que Lafluf le dijo que los destruyó, la abogada explicitó que “no surgió de la información y prueba recabada, la verificación del mencionado hecho”.
Las irregularidades y la diferencia sobre si era un expediente
Al igual que lo hizo Lacalle Pou en una conferencia de prensa en noviembre de 2023, Mata consideró que el documento con los chats no eran parte de un expediente. "No había ningún expediente, yo nunca vi un expediente, no lo recibí, solo recibí un sobre manila”, dijo Mata.
Sin embargo, la instructora consideró que sí lo era, a partir de una copia aportada por Ache y la constatación en el expediente EM 2022/06001/003498, algo que El Observador había verificado de forma independiente esos días de noviembre.
“Dicho documento sí formaba parte de un expediente administrativo, antes de que fuera sustraído y se presentara fuera de la Cancillería, para un fin que no era el natural: esto es, ser presentado ante el Juzgado Letrado en lo Contencioso Administrativo de 4° Turno, en cumplimento de la referida Sentencia N° 69/2022”.
La abogada cierra la investigación diciendo que el procedimiento administrativo que recibió la documentación fue “inusual” e implicó en los hechos “irregularidad en la tramitación, y presunta responsabilidad de Carlos Mata y Francisco Bustillo”.
“Refuerza la idea de irregularidad, que lo narrado sucedió sin que constara en el expediente ninguna advertencia sobre las circunstancias, ni que fuera prevenida la Dirección de Asuntos Jurídicos respecto a que el sobre se había recibido por segunda vez”, manifestó.
“Los registros muestran que el sobre no llegó al Juzgado, y finalmente el documento primario fue remplazado por el posterior, el que sí fue presentado”, un proceder “inusual e irregular” tanto por parte de Mata como de Bustillo, por lo que resultan “presuntamente responsables de que el documento primario conteniendo las comunicaciones, fuera desviado de su cauce natural y nunca regresara a la Cancillería”.
