El exministro de Defensa Javier García tildó de "lamentable" la "maniobra política" del gobierno de Yamandú Orsi al rescindir el contrato con el astillero español Cardama por la construcción de dos patrullas oceánicas que se había firmado en la administración de Luis Lacalle Pou por un monto mayor a los US$ 90 millones.
García se expresó en su X (antes Twitter), donde aseguró que Orsi se prestó a una "maniobra política de la peor especie". Su mensaje fue reposteado por el expresidente Luis Lacalle Pou en esa misma red social.
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El hoy senador del Partido Nacional, que impulsó la compra de las patrullas oceánicas cuando estuvo al frente de Defensa, aseguró que la decisión del gobierno deja a Uruguay "sin la posibilidad" de cuidar el mar, cuando hay barcos que se están construyendo "en forma avanzada".
"Con esta jugada expone al Uruguay a demandas y a romper con las seriedad de nuestro país en el cumplimento de un contrato", señaló.
Y consideró que si el presidente quería "discutir las garantías" que presentó Cardama lo podía hacer, pero que deja a Uruguay "sin barcos por política menor".
"Nunca quisieron las patrullas por razones políticas", sostuvo.
El gobierno de Orsi comunicó este miércoles que decidió rescindir el contrato con Cardama, a quien ya se habían transferido tres pagos por unos US$ 30 millones.
El argumento del gobierno es que hay presunciones de que Uruguay cayó en un "fraude" o una "estafa", porque el astillero presentó una garantía que se presume es falsa, ya que fue otorgada por una firma (Eurocommerce Limited) que está siendo liquidada por inactividad en el Reino Unido y que no tenía empleados al momento de otorgar el aval, entre otras irregularidades encontradas.
Además, en la conferencia las autoridades del Poder Ejecutivo señalaron que en el domicilio declarado de Eurocommerce Limited hoy funciona una inmobiliaria.
Ante esta situación, el gobierno presentará una denuncia penal y ordenó ampliar la investigación administrativa que estaba haciendo Defensa por este tema. Además, el presidente ordenó que se inicien otras dos investigaciones, una en Economía y otra en el BROU, para determinar si existió complicidad de funcionarios públicos.
Por su parte, el propietario de Cardama, Mario Cardama, señaló a El Observador que renovó el aval el pasado 26 de setiembre, pero que se "despistó" de enviarlo al Ministerio de Defensa.
