Para el proyecto de ley sobre el combate al blanqueo de capitales hay consenso y la mayoría de los artículos serán aprobados por amplia mayoría. Sin embargo, hay algunos que generan dudas en la oposición y desde el oficialismo intentarán conseguir los votos con algún partido en particular.
Por estas horas el tema que está en duda es si se aprueba o no la eliminación de la fiscalía especializada. Blancos, cabildantes e Identidad Soberana no acompañan al oficialismo en esa iniciativa pero los colorados todavía no fijaron posición. En el Senado el partido de Fructuoso Rivera votó con el Frente Amplio pero en diputados hay voces que reclaman cambiar esa postura.
En comisión, los colorados Conrado Rodríguez y Juan Martín Jorge no votaron ese artículo del proyecto. Sin embargo, el partido tiene que definir una posición para el plenario.
El gobierno aseguró en más de una oportunidad que la propuesta de eliminar la fiscalía especializada venía con la anuencia de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, –ampliamente respaldada por la oposición–. “Tiene un costo de $17 millones con un solo caso, estamos todos locos”, cuestionó en una comparecencia ante la comisión de Diputados.
En el Senado había sido un poco más ambigua ya que a través de una carta enviada por una funcionaria de Fiscalía aseguraba que la intención inicial era crear otra fiscalía de lavado pero al no tener recursos para hacerlo lo mejor era eliminarla porque tener una sola atentaba contra la aleatoriedad en la asignación de casos.
En un tema en el que la oposición está alineada, y tiene expectativa de poder imponer su sustitutivo, es el de las nuevas potestades que se le da a la Secretaría Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
La iniciativa del gobierno habilita a la Senaclaft a realizar inspecciones de bienes muebles o inmuebles “detentados u ocupados” por los sujetos obligados o aquellos que hayan tenido participación “directa o indirecta” en negocios que se estén investigando.
Además, permite que la Secretaría pueda “requerir y retirar documentación y/o respaldos informáticos” y solo establece la necesidad de una orden judicial para inspeccionar domicilios particulares. Y eso es lo que no convence a la oposición.
Blancos, colorados y cabildantes se pusieron de acuerdo en un sustitutivo, que ya se lo transmitieron al Frente Amplio, en el que plantean que para cualquiera de esas acciones sea necesaria la autorización judicial previa.
La oposición también está de acuerdo en mantener la debida diligencia simplificada tal como está ahora y no aceptar la modificación que plantea el gobierno en el proyecto y plantearán que la compraventa de activos virtuales (como las criptomonedas) también requieran de la debida diligencia de los sujetos obligados, algo que es sugerido por Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica)
Los votos colorados
En otro de los puntos polémicos, los colorados sí están dispuestos a darle los votos al oficialismo. Se trata de los cambios al límite de uso de efectivo, un artículo que también acompañaron en el Senado y que le valió críticas de Cabildo Abierto.
Es que el tope vigente lo dispuso la Ley de Urgente Consideración (LUC) del gobierno de Luis Lacalle Pou y fue refrendado por la población en el referéndum contra esa ley. Sin embargo, desde el Partido Colorado defienden que el monto es “relativo”.
La LUC elevó a US$ 160 mil el monto máximo de plata que se puede utilizar para operaciones en efectivo desde los US$ 6 mil que había establecido la ley de Inclusión Financiera en el gobierno de José Mujica. Sin embargo, ahora el gobierno quiere volver a bajarlo pero a US$ 32 mil.
El proyecto
El proyecto aprobado en diciembre en comisión de Diputados –que ya fue votado en el Senado– modifica más de 30 artículos de la ley Integral contra el Lavado de Activos de 2017. En muchos casos se trata simplemente de adecuar la redacción a los conceptos del nuevo Código del Proceso Penal –formalizado en vez de procesado o Fiscalía por juzgado– pero también introduce otros cambios.
Uno de ellos es agregar nuevos delitos como precedentes del lavado de activos, es decir como la actividad que generó los recursos que luego se buscan blanquear. Entre los delitos que se agregan están los ambientales (introducción de desechos tóxicos), el fraude en las entidades integrantes del sistema financiero nacional y los ciberdelitos cuyo monto real o estimado supere las 100 mil unidades indexadas (US$ 16 mil).
Otro de las modificaciones es la introducción de nuevos sujetos obligados no financieros, es decir de personas o empresas que están obligados por su actividad profesional a reportar operaciones sospechosas.
Los nuevos sujetos obligados son los fiduciarios no financieros salvo cuando sea una persona física o jurídica sujeta al control del Banco Central y los prestadores de servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos que trabajen para negocios que en forma “profesional y habitual” desarrollen actividades financieras en el exterior.
“También podrán aplicarse sanciones a los directivos y la alta gerencia de los sujetos obligados, las que consistirán en apercibimiento, observación, multa o inhabilitación para actuar ante la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos en forma temporaria o definitiva”, dice el texto aprobado.
Asimismo, el proyecto extiende de 5 a 10 años el plazo en el que los sujetos obligados tienen que conservar los registros y la documentación respaldante de todas las operaciones realizadas con sus clientes. La oposición pretende que sea solo para operaciones de alto riesgo el aumento.
Los cambios incluyen una extensión del tiempo –pasa de tres a cinco días– por la que los sujetos obligados –instruidos por la Unidad de Información y Análisis Financiero– pueden impedir la realización de operaciones sospechosas de “involucrar fondos cuyo origen proceda de los delitos” vinculado al lavado de activos.
¿Y la investigadora?
La investigadora por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización está en duda y tiene pocas chances de salir. Luego de ser postergada en dos oportunidades durante el 2025, porque no estaban asegurados los votos, el tema vuelve a estar en el orden del día.
Los dos diputados de Cabildo Abierto en principio no acompañarán la creación de la comisión salvo que el Partido Colorado se comprometa públicamente a que Nicolás Chiesa, dirigente de Vamos Uruguay, va a comparecer ante la investigadora.
Chiesa, que actualmente ocupa un cargo en representación de los colorados en la Intendencia de Canelones, fue el apoderado de la vendedora de la estancia y participó de la toda la operación de compraventa y por eso Cabildo entiende que tiene información para aportar.
“Es la persona que más información tiene sobre la venta”, dijo el diputado cabildante Álvaro Perrone en diálogo con El Observador a mediados de enero. Para el legislador si Vamos Uruguay, sector al que pertenece Chiesa, “quiere transparencia” tiene que “poner a sus hombres para que ayuden a clarificar todo esto”.
Sin embargo, tal como informó El Observador, los colorados no están dispuestos a tomar ese compromiso. “Esto de poner nombres es inusual. Cuando la comisión esté conformada que citen a quien tengan que citar pero primero que se vote. No sabemos ni quiénes la van a integrar y ya les estamos diciendo a quién tienen que citar, es absurdo”, dijo a El Observador Walter Cervini, referente de Vamos Uruguay en Canelones, a mediados de enero.
