El Ministerio de Economía y el Banco Central trabajan en una serie de propuestas para modificar el proyecto de ley para deudores que está a estudio de la comisión de Hacienda de Diputados. El texto fue presentado por la bancada del Frente Amplio y con la visita del subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, comenzó el tratamiento que se va a estirar hasta después de la Rendición de Cuentas.
Si bien reconoció que hay problemas focalizados en los sectores más vulnerables, descartó que haya un “problema general” de sobreendeudamiento y aseguró que a nivel país (teniendo en cuenta al sector empresarial) la cantidad de crédito es baja en relación al nivel de desarrollo que tiene el país.
“No identificamos un problema de sobreendeudamiento generalizado en la economía uruguaya ni a nivel de la producción ni a nivel de las familias. Lo que sí tenemos son problemas focalizados en determinados sectores, pero no estamos viendo un problema generalizado de sobreendeudamiento”, dijo Vallcorba en su comparecencia según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.
Incluso, el subsecretario dijo que uno de los “riesgos potenciales” de abordar este tema es que se puede intentar resolver el problema del endeudamiento formal de las familias pero con el costo de “limitar severamente el acceso al crédito” y por lo tanto “empujando a las familias al mundo del crédito informal”.
Vallcorba aseguró que es necesario “segmentar mejor los créditos para tener una mejor definición de los topes” y aseguró que están trabajando con el Banco Central para eso.
Incluso, el jerarca dijo que hay topes de tasa de interés “extraordinariamente elevados” para deudores de muy bajo riesgo pero que también ese mismo tope puede “ser corto” para otros grupos. Por eso, la idea del gobierno es definir tres grandes grupos como una primera aproximación: los que tienen retención de haberes (que el riesgo de no pago es muy bajo), los de bajo riesgo y los de medio o alto riesgo.
“La propuesta en la que nosotros estamos trabajando con el Banco Central pasa por definir un criterio sobre qué entendemos por un crédito de bajo riesgo. Básicamente estamos pensando en dos criterios para operativizar la definición. En primer lugar, que durante un período de tiempo relativamente extenso no se haya tenido mala calificación”, dijo.
Vallcorba puso un ejemplo para explicarse pero aseguró que puede haber otros criterios: “uno podría pensar que durante los últimos 24 meses nunca haya sido categoría 4 o 5; o sea, que haya un período de 2 años en el cual no tenga historial negativo de crédito y que, además, tenga un período reciente de cumplimiento sistemático de las obligaciones de crédito, como que en los últimos 6 meses haya sido siempre categoría 1 y 2”.
El otro criterio tiene que ver con el monto y el plazo. El número de dos de Economía planteó la necesidad de “complementar” el tope general a la usura con un tope que esté vinculado al monto del crédito y que vaya variando en función del plazo hasta que converja con el tope general.
“Entonces, de alguna manera logramos generar un criterio que dé flexibilidad para operaciones de muy corto plazo y algo similar para operaciones de bajo monto. Esto como diseño, como idea para tratar de segmentar y evitar que estemos empujando determinado tipo de operaciones al mercado informal”, dijo. En varios pasajes de su intervención Vallcorba hizo mención a los denominados préstamos gota a gota (de montos bajos, corto plazo y vinculados al narcotráfico) que, aseguró, aun no han penetrado tanto en Uruguay son una realidad en otros país.
Uno de los aspectos que sí comparte del proyecto, aunque cree que es necesario profundizar, tiene que ver con los intereses moratorios, que tienen como objetivo penalizar al deudor de forma tal que genere incentivos para que pague. Sin embargo, si esa penalización crece con el tiempo se transforma en una “bola de nieve imposible de pagar”.
Vallcorba planteó que 12 o 18 meses podría ser un plazo de penalización suficiente (hoy son 24 meses) y pidió profundizar más en otros cambios.
“Estamos de acuerdo con eliminar la excepción de la acción judicial, pero consideramos que, inclusive, podríamos evaluar la posibilidad de eliminar el tope y que esto no solo aplique para créditos de bajo monto porque, en definitiva, hace a la lógica de lo que son los intereses moratorios. Esa lógica de que es una penalización pero que no me tiene que generar un problema imposible de resolver aplica para créditos chicos, pero también para créditos grandes”, dijo.
En síntesis, el jerarca destacó que el proyecto “pone el tema arriba de la mesa” pero señaló que no cambia “la segmentación del crédito que está vigente hoy”, algo necesario para tener un “mejor resultado”.
“Esa es la línea en la que venimos trabajando, no porque tengamos una posición diferente en la esencia ni porque estemos cuestionando la propuesta, sino porque nos parece que es posible construir una alternativa que genere mejores resultados y que minimice efectos indeseados”, apuntó.
