A poco más de un año y medio de haber comenzado el actual período de gobierno, la producción legislativa de Uruguay muestra un Parlamento activo en la presentación de iniciativas, pero que pierde terreno ante el Poder Ejecutivo cuando llega el momento de aprobar las leyes. Así lo revela el primer informe del Observatorio Parlamentario del Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP), que sistematizó la actividad entre el 15 de febrero de 2025 y agosto de 2026.
Uno de los datos del informe se concentra en la dinámica de sanción de normas. De los 858 proyectos de ley presentados en este período, la gran mayoría -644 iniciativas- provino del Poder Legislativo, mientras que 214 nacieron en el seno del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, el volumen de propuestas no se traduce en leyes efectivas. Mientras que el 37% de los proyectos enviados por el Ejecutivo terminaron promulgándose, la efectividad de las iniciativas de origen parlamentario es del 2,5%. La tasa de proyectos aprobados con iniciativa del gobierno es unas 15 veces mayor.
De este modo, de las 95 iniciativas que se convirtieron en ley a lo largo de estos 18 meses, el 83% llevó la firma original del Poder Ejecutivo. Para el CEPP, esta asimetría refleja un Parlamento muy dinámico a la hora de proponer, pero relegado a la hora de concretar.
Perfiles y brechas educativas
Más allá de la sanción de normas, el informe detalla el perfil socio demográfico de quienes ocupan las bancas. En materia de género, la representación femenina alcanza el 31% en la Cámara de Diputados, cifra que desciende al 26% en el Senado.
Las diferencias etarias también marcan el pulso de ambas cámaras: la edad promedio se ubica en 51 años en Diputados, frente a los 58,5 años del Senado, donde más de la mitad de sus integrantes supera las seis décadas de vida.
En cuanto a la formación académica, el 57% de los diputados y el 55% de los senadores cuentan con estudios universitarios o de posgrado. No obstante, al cruzar este dato con la pertenencia política, emerge una fuerte disparidad entre oficialismo y oposición. En la Cámara alta, casi el 80% de los legisladores opositores tiene un título universitario o de posgrado, contra el 35% del oficialismo. Una brecha similar, aunque menos pronunciada, se registra en Diputados, con un 63% frente al 50%.
Oposición al mando de los pedidos de informe
El rol fiscalizador del Parlamento -ejercido a través de los pedidos de informe- es otro de los ejes analizados por el estudio. En los primeros 18 meses se cursaron 2.686 solicitudes, lo que promedia cinco pedidos por día.
La dinámica de este control recae casi de manera exclusiva en los legisladores opositores de donde proviene el 90% de los pedidos de informes. A nivel individual, el legislador Gustavo Salle (Identidad Soberana) acapara el 20% de todas las requisitorias presentadas en el Parlamento.
Frente a estas consultas, la respuesta de las oficinas estatales muestran realidades dispares. En promedio, los organismos públicos contestaron el 67% de los pedidos considerados. En la cima se ubican el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), ambos con una tasa de respuesta del 91%. En la vereda de enfrente, con el menor nivel de respuestas, aparece el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), que respondió el 32% de los requerimientos.
