El acuerdo que el Frente Amplio alcanzó con Cabildo Abierto para aprobar la Rendición de Cuentas estaba compuesto por una serie de temas que se resolvieron en la misma ley ya votada en la Cámara de Diputados pero también incluía otros asuntos que están por fuera de ese proyecto en particular y que implican nuevas negociaciones.
El acuerdo alcanzado entre los liderados por Guido Manini Ríos y el Poder Ejecutivo habla de que en 180 días deberá haber un acuerdo en una ley que “atienda el endeudamiento de las familias con el sistema financiero y los entes públicos"
El propio Manini Ríos hizo referencia a ese punto en una columna publicada en La Mañana. “Se asumió el compromiso de tratar la ley que limite la usura dentro de los próximos 180 días”, escribió a mediados de agosto.
Eso quiere decir que antes de marzo tendría que haber un acuerdo entre el Frente Amplio y Cabildo para, al menos, aprobar un texto en comisión de Hacienda de Diputados que regule la usura. Y ahí radica el primer desafío porque la agenda de la Cámara de Representantes tiene otros asuntos para abordar antes.
Este miércoles la comisión va a tratar el proyecto sobre el acceso del Casmu al Fondo de Garantías y luego comenzará a trabajar sobre el proyecto de ley de competitividad que acaba de aprobar el Senado.
La iniciativa sobre competitividad y costo de vida será la prioridad de la bancada oficialista durante los próximos meses ya que es uno de los principales proyectos del gobierno para este año. En el Frente Amplio, dijeron fuentes oficialistas, confían en que el tratamiento de ese texto lleve unos dos meses en comisión teniendo en cuenta el trabajo que ya se hizo en la Cámara de Senadores.
“Algunas delegaciones que ya comparecieron en el Senado capaz que no es necesario que repitan”, ejemplificó una fuente consultada al respecto. La idea es que mientras avanza este proyecto en la comisión, el oficialismo pueda empezar a intercambiar con Cabildo para tratar de llegar a un acuerdo que es más complejo de lo que parece a primera vista.
Si bien el objetivo global de las iniciativas de Cabildo Abierto –proyecto de ley y recolección de firmas para cambiar la Constitución– es similar al proyecto que está siendo tratando en la comisión de Hacienda presentado por el FA, hay algunas diferencias que son importantes.
“El proyecto que planteaba Cabildo, por el que juntó firmas, tiene el mismo objetivo, pero explora caminos diferentes a lo que es el proyecto del Frente Amplio”, explicó en diálogo con La Diaria el diputado del MPP, Joaquín Sequeira, y detalló que mientras la iniciativa cabildante era más un “limpia sueldo”, el proyecto del oficialismo apunta a una negociación entre acreedor y deudor con la Unidad de Defensa del Consumidor.
Pero la diferencia principal está en si el proyecto alcanza o no las deudas con los organismos públicos. Eso, que fue el reclamo cabildante desde el día uno en que el Frente Amplio presentó el proyecto, está explicitado en el acuerdo alcanzado para la Rendición de Cuentas.
Sequeira reconoció que todavía no tienen definido cómo abordar ese tema y otras fuentes consultadas reconocieron que es complejo. Incluso, en algunas conversaciones informales entre legisladores y representantes del Ministerio de Economía quedó claro que en el gobierno entienden que no es sencillo plantear que un organismo público cometió usura.
¿Cómo van a resolver esa diferencia? Ese es el principal objetivo de la bancada oficialista para los próximos dos meses. Primero esperan que Cabildo presente una propuesta concreta de qué es lo que pretende sumar al proyecto que ya está a estudio de la comisión de Hacienda y a partir de ahí comenzarán las negociaciones.
El diputado cabildante Álvaro Perrone ya tuvo un primer intercambio con la diputada del Frente Amplio, Julieta Sierra, –principal impulsora del proyecto del FA– y habrá una reunión en los próximos días. Consultado sobre cuáles son los planteos de su partido, Perrone se refirió estrictamente a incluir a los organismos públicos y se remitió a boleta redactada para la recolección de firmas en 2024.
Esa iniciativa planteaba una modificación del artículo 52 de la Constitución para que prohíba la usura y establezca que se deba aprobar una ley que “señale límite máximo al interés de las obligaciones” y que ello aplicará para todo tipo de obligaciones, incluidas las correspondientes “al pago de facilidades o infracciones exigibles por el Estado, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales, personas públicas de derecho privado y organismos paraestatales”.
Tanto cabildantes como frenteamplistas confían en llegar a un punto medio que permita votar un proyecto de consenso aunque saben que las negociaciones no serán sencillas.
