En 2021 el Ministerio de Defensa había anunciado un plan para evitar ingresos de personas con antecedentes y revisar datos de quiénes ya estaban adentro
La condena por abuso sexual a un marinero dejó en evidencia que el anunciado propósito del gobierno de depurar a las Fuerzas Armadas de soldados con antecedentes penales aún no ha logrado cumplirse en todos los casos.
El marinero Eduardo Ottado fue condenado el 10 de octubre a diez años y seis meses de prisión por “reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados a su vez por tratarse la víctima de una niña, que se haya perpetrado por su padre, por la continuidad de los hechos y el grave daño ocasionado en concurso formal, con dos delitos de fabricación de material pornográfico y un delito de abuso sexual sin contacto corporal”.
Ottado tenía un antecedente penal en 2016 por “atentado violento al pudor”, por el cual fue procesado con prisión y cumplió pena de reclusión efectiva, según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior.
En 2020 el gobierno había anunciado la implementación de cambios en el sistema de admisión a las Fuerzas Armadas para impedir el ingreso de personas con antecedentes penales, ya fuera procesamientos o con condenas. Los mecanismos de ingreso se modificaron y se centralizó la información en el Ministerio de Defensa, y no en cada fuerza.
Respecto a quienes ya estaban dentro, el entonces ministro Javier García ordenó que se revisaran sus datos y se anunció que aquellos que tuvieran antecedentes serían dado de baja una vez finalizados sus contratos anuales, según declaró a El País en setiembre de 2020 el coronel retirado Gustavo Figueredo, director general de recursos humanos del Ministerio de Defensa Nacional.
Las razones por las cuáles Ottado continuaba sirviendo en la Armada no están claras.
Fuentes del Ministerio de Defensa Nacional dijeron a El Observador que Ottado fue dado de baja de la Armada en 2016 por “mala conducta”, en coincidencia con su primer delito y procesamiento.
Pero tras ser liberado fue readmitido en la Armada en 2018. “La mala conducta no era un impedimento en aquel entonces”, se agregó.
Según los datos proporcionados por la fuente consultada, “en 2021 la Armada tomó conocimiento de su pedido de procesamiento por atentado violento al pudor, nunca de su condena y se le notificó de los antecedentes al Ministerio de Defensa Nacional”.
La ausencia de condena no era un fenómeno extraño en casos sustanciados por el viejo Código del Proceso, cuando muchas veces los procesados con prisión terminaban siendo liberados antes de que existiera una condena.
Por eso, según se había anunciado, serían dados de baja aquellos que tuvieran una condena o un procesamiento.
Las fuentes dijeron que ahora sí la Armada comenzó el proceso de darle de baja al marinero ahora condenado.
En mayo de 2020, el asesinato de tres infantes de marina, con antecedentes penales uno de ellos y otros como desertor ante la justicia militar, fue el detonante del anunciado plan para impedir que aquellos con antecedentes penales ingresaran a las fuerzas armadas.