El viernes 20 de setiembre venció el plazo aprobado por el juez de concurso Leonardo Méndez para que los interesados en adquirir la planta de cannabis medicinal Boreal presentaran una garantía de US$ 100 mil para poder participar de un remate cerrado. Esa instancia iba a tener una base de US$ 1,5 millones pero al no haber interesados quedó por el camino.
Ahora el síndico Carlos López redactará un informe al juez Méndez en el que planteará la posibilidad de hacer un nuevo remate pero en este caso por partes. Es decir, si hay un interesado en adquirir solo alguna maquinaria que pueda ejecutar esa compra.
Incluso, dijo López a El Observador, está abierto a recibir ofertas para hacer una venta directa. El objetivo es que el remate se realice antes del fin de octubre porque, dijo López, en caso de que haya algún interesado en poner en marcha la empresa nuevamente, hay que empezar a preparar la tierra en noviembre para poder aprovechar la próxima zafra. Al síndico le interesa particularmente esta opción porque entiende que la industria es importante para Salto.
Será el cuarto intento por vender la planta y su equipamiento ya que los tres anteriores fracasaron. Lo primero fue hacer una licitación para vender todo el establecimiento en bloque pero no hubo interesados, luego se hizo un remate con una base de US$ 3,4 millones (que durante el evento se redujo a US$ 1,5 millones) que no recibió ofertas por un monto aceptable y ahora este remate cerrado en el que nadie pagó la garantía para poder participar. La inversión para la construcción de la planta fue de alrededor de US$ 15 millones.
20240827 Remate de la planta de cannabis Boreal. IG (4).jpg
Foto: Inés Guimaraens
Boreal Uruguay –el nombre de fantasía de Ignapin S.A.– se presentaba como la planta de secado de cannabis medicinal más grande de Latinoamérica. Las instalaciones fueron presentadas en 2020, en plena pandemia del covid-19, con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou y otros representantes del Poder Ejecutivo. La inversión provenía mayoritariamente de empresarios canadienses que estaban representados en Uruguay por Gonzalo Aguiar.
La planta, de casi 5.000 metros cuadrados de superficie, cuenta con una capacidad de producción de hasta 20 toneladas diarias de cáñamo y la posibilidad de generar hasta 1.000 empleos directos e indirectos, señalaban desde la empresa hace tres años en la inauguración. Sin embargo, nunca llegó a emplear a más de 400 personas y a mitad de 2023 despidió a todos sus empleados por Whatsapp. Poco después, la empresa se declaró en concurso y los inversores canadienses presentaron una denuncia por estafa contra Aguiar. El empresario uruguayo murió en febrero de este año y la principal acusada es su expareja.
Sin avances
Mientras esperan que se concrete la venta de la empresa para saldar una parte de las deudas asumidas que rondan los US$ 4 millones (entre los que están los haberes impagos a los trabajadores y también deudas con los proveedores), los abogados que representan al principal inversor canadiense John Pollesel trabajan para que avancen las dos líneas de investigación abiertas en Uruguay.
Por un lado el fiscal especializado en Delitos Complejos Gilberto Rodríguez investiga la denuncia presentada por estafa. Aguiar, según los denunciantes, falsificó documentos, presentó a conocidos como supuestos jerarcas tanto del Banco República como de la Secretaría de Lavado de Activos (Senaclaft) y engañó a los inversores asegurando que la empresa estaba exportando por millones de dólares.
Uno de las líneas de trabajo que tienen abierta los abogados Bruno Gaiero y Rodolfo Perdomo es presentar una pericia de la voz de uno de las personas que trabajaba con Aguiar para demostrar que se hizo pasar por el presidente del BROU, Salvador Ferrer.
Fuentes de la investigación dijeron a El Observador que esa persona, abogado de profesión, era el principal cómplice del empresario, la "mano derecha" de sus negocios y, según ha quedado demostrado, le movía la plata. El resultado de la pericia ya está en poder de la defensa de Pollesel y en los próximos días será presentada ante el fiscal.
Al mismo tiempo, Gaiero y Perdomo esperan que avance la investigación por lavado de activos que lleva adelante la fiscalía especializada en esa materia y liderada por Enrique Rodríguez. Tras la muerte de Aguiar, la fiscalía que investigaba la estafa abrió una carpeta aparte, derivada a la fiscalía de lavado, para investigar el uso que Aguiar hizo del dinero que recibió del inversor canadiense.
La defensa de Pollesel entiende que el empresario utilizó ese dinero para comprar autos de alta gama y otros bienes que solía ostentar en redes sociales tanto él como su entonces pareja. El fiscal Enrique Rodríguez solicitó información en más de una oportunidad a la defensa pero hasta ahora no se han registrado avances en la causa.
