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13 de junio 2024 - 5:00hs

La construcción de una toma de agua y una planta potabilizadora sobre el Río de la Plata en la zona de Arazatí en San José es una de las iniciativas más importantes de la administración de Luis Lacalle Pou.

El proyecto, mencionado ya desde el programa de gobierno de 2019, viene avanzando a un paso bastante más lento que el proyectado por las autoridades, tal como planteó el presidente en el último Consejo de Ministros –el martes 4– cuando les pidió a los jerarcas que “metan pata” porque restan nueve meses de gestión.

En agosto del año pasado, OSE adjudicó la obra al consorcio Aguas de Montevideo (integrado por las empresas Ciemsa, Fast, Saceem y Berkes) por US$ 304 millones pero la construcción aún no empezó y existen diferencias acerca de la fecha proyectada de arranque.

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Mientras que las autoridades de la empresa pública –y el consorcio– son optimistas de poder arrancar en julio, los técnicos que lo están estudiando son más cautelosos y enfatizan en que necesita la autorización ambiental previa (AAP) para poder empezar a mover tierra.

Esta autorización fue solicitada en enero y desde entonces el Ministerio de Ambiente le ha realizado ocho solicitudes de “información complementaria” ya que la documentación presentada les resultó insuficiente.

En algunos de los casos, los pedidos suponen cambios importantes en el proyecto, de acuerdo con la documentación analizada por El Observador.

A su vez, OSE debió enviar nuevamente el contrato al Tribunal de Cuentas (TCR) ya que le realizó una serie de modificaciones, entre ellas el plazo para las expropiaciones en la zona donde se construirá la reserva de agua bruta (pólder).

Esto se produce en momentos en que los vecinos de la zona –productores en su mayoría– iniciaron una campaña de oposición en la que piden achicarlo o eliminarlo, y advierten por los efectos negativos de inundar tierras altamente productivas con uno de los mayores índices Coneat del país.

La intención del TCR era este miércoles discutir y aprobar, con los votos del oficialismo, las modificaciones al contrato, pero la sesión debió postergarse para el lunes porque había ministros enfermos.

Desde OSE esperan que la empresa reciba la AAP y esté la autorización del TCR para poder firmar el proyecto ejecutivo final y que comiencen las obras.

Cambios exigidos

El expediente de Arazatí –o Neptuno– viene siendo analizado por la División de Emprendimientos de Alta Complejidad (DEAC) de Ambiente aunque intervienen técnicos de otras áreas. También se han realizado reuniones con vecinos y autoridades de la Intendencia de San José.

Tras los encuentros, el ministerio envió al consorcio ocho solicitudes de información complementaria. En esos documentos, pide modificaciones al trazado de la línea aductora y el cruce por el río Santa Lucía, pero también cambios en el proceso de potabilización y en la reserva de agua bruta (pólder).

Para los técnicos, el trazado original implica intervenir sobre una zona de “alta relevancia ambiental”: el islote situado entre el río Santa Lucía y la pista de regatas, que aloja uno de los objetos de conservación del área protegida (el ambiente de humedal salobre y todo el ecosistema asociado que allí se desarrolla).

Y para minimizar el impacto piden modificar el trazado de la tubería aductora para el cruce, por ejemplo con un “tendido más próximo y paralelo a la alineación que tienen los puentes de la ruta 1 en esa zona”.

Otra de las solicitudes, cuestiona que no se evidencie “en forma clara” que el proceso de potabilización de agua planteado tenga capacidad para tratar “eficazmente agua bruta” con altas concentraciones de cianobacterias.

También pide justificar con “mayor claridad” cómo el tratamiento seleccionado será capaz de garantizar que la “concentración de microsistina LR en el agua potable a despachar al sistema metropolitano cumpla con el estándar propuesto en la norma UNIT 833:2008 de 1 µg/L”.

A su vez, se plantea clarificar cuál es el “período de retorno” esperado para la duración de un evento de salinidad de 70 días, aportando la “información que resulte necesaria”.

Los vecinos y el pólder

El proyecto original preveía un pólder con capacidad para almacenar 9 hectómetros cúbicos, pero finalmente se aprobó uno mayor, de 15 hectómetros cúbicos que tendrá reservas para 87 días. Los técnicos de Ambiente plantearon que la información para definir su tamaño era “confusa e imprecisa” por lo que pidieron mayores detalles.

En paralelo, OSE ha venido avanzando con todas las expropiaciones, aunque a un ritmo más lento del previsto.

Las imposiciones de servidumbres han generado, a su vez, una reacción de los vecinos y productores de la zona, que señalan que no discuten “la necesidad ni los objetivos generales del proyecto” pero se oponen a la reserva de agua bruta y la planta para tratar los lodos.

La semana pasada, en una conferencia de prensa, el productor Diego Bonino leyó un comunicado en el que habló de razones “ambientales, productivas y sociales”. Las inquietudes también habían sido planteadas por ediles oficialistas de San José.

“Las 240 hectáreas que serían inundadas por el pólder, más las que deriven de posibles zonas de exclusión, eliminarán suelos de la más alta calidad del país (índice Coneat 200 y más), que son asiento de explotaciones de máxima intensidad, como producción de papa, fruticultura, maíz y lechería, la mayoría con uso de riego en base al acuífero Raigón”, señaló Bonino.

Respecto al monorelleno de los lodos, el productor planteó que era “mucho más conveniente” cambiar la ubicación de la planta y ubicarla sobre la costa del Río de la Plata.

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